Aragón, Navarra y Madrid son las comunidades autónomas con mayor tasa de médicos en relación a su población, mientras Canarias y Castilla-La Mancha son las que menor número de facultativos tiene por habitantes, según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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De acuerdo con los datos de la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados de 2005, en el conjunto de España hay casi 458 médicos por cada 100.000 habitantes, tasa que es superada ampliamente en Aragón (593), Navarra (559), Madrid (549), Asturias (530), Castilla y León (505), Cantabria (514) y el País Vasco (500). En cambio, las comunidades autónomas con menor número de colegiados en medicina por cada 100.000 habitantes son Canarias (396), Castilla-La Mancha (359) y la ciudad autónoma de Ceuta (331).

La estadística del INE recoge datos sobre otras profesiones sanitarias como odontólogos y estomatólogos, farmacéuticos, podólogos, enfermeros y matronas en cada comunidad. La

ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA

Nadie en las alturas gubernamentales, ni en las autonómicas ni en las nacionales, mucho menos en las europeas, se creyó de verdad el sabio consejo de las leyes de Murphy: todo lo que puede empeorar, empeorará sin remedio. Las pateras se vio al principio como algo ajeno, eran unas lanchas que cruzaban el Estrecho desde Marruecos, atestadas de pobres desgraciados que iban en busca del paraíso. Luego, cuando comenzaron a llegar a Canarias, ante la ´impermeabilización´ del paso de Gibraltar, la cosa cambió. El fenómeno migratorio, del que ya con perspicacia Javier Solana había advertido que era imparable, que si el Norte no invertía en el Sur, el Sur se desplazaría en masa al Norte, se afrontó de acuerdo con la dimensión que alcanzaba en cada momento.

En otras palabras: no se supo ver su desarrollo. Cada advertencia acerca de su creciente e incontrolada extensión se tomaba desde los ´responsables´ como una muestra de alarmismo y caldo de cultivo de actitudes xenófobas y racistas. Manuel Alcalde, Diputado del Común y persona moderada y j

ANA DOMÍNGUEZ

Los canarios, en general, nos llevamos mal con el nombre de la isla de Gran Canaria. No hay manera de que lo digamos y lo leamos, como es lo normal con los de las restantes islas del Archipiélago. No somos capaces de decir que somos de Gran Canaria. No leemos en nuestras carreteras el nombre de nuestra capital: Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas es lo que se oye y se lee por todas partes. Incluso las agencias de viaje reconocen que a nivel internacional se conoce a dicha isla por el nombre de Las Palmas, ya que en su día se dio este topónimo y está codificado informáticamente así. Cuando raramente aparece escrito, se limita a G.C. o G.Canaria. Lo mismo sucede en la calle y los medios de comunicación.

Nuestras autoridades deberían hacer un esfuerzo para divulgar nuestra toponimia correcta, pues ya ha llegado la hora de corregir lo equivocado. Por ejemplo, que el cabildo de la isla y los municipios cuando renueven las señalizaciones de las carreteras se lea en ellas Las Palmas de Gran Canaria y no Las Palmas.

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a modificar el Reglamento de Pleno, aprobado el 25 de julio de 2004, obligándole entre otras cosas a hacer públicas las sesiones de las comisiones de pleno, así como a ajustar la duración de los plenos al orden del día.

En la actualidad, las comisiones de pleno se celebran a puerta cerrada, lo que contradice el principio de transparencia y de información a la ciudadanía de los asuntos que se debaten en ellas. "La sentencia –comenta la concejal de CGC Nardy Barrios- establece que tanto los medios de comunicación como los particulares puedan acceder a estas sesiones y puedan conocer qué decisiones se toman y de qué forma. De la filosofía de la sentencia se deduce la necesidad de la transparencia en la gestión municipal y el acceso de la información a los ciudadanos. Con este Reglamento se pretendía que la ciudadanía no conociera lo que la oposición denuncia, lo que se debate, lo que se aprueba o lo que se rechaza".

Nad

La actitud cicatera del Gobierno de Canarias para con Gran Canaria se pone en evidencia una vez más. La concejala de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Isabel García Bolta, afirmó hoy que en el Ayuntamiento están "hartos" de esperar por la respuesta del Gobierno canario hasta el último momento para celebrar el Womad Canarias y de estar "con la soga al cuello".

García criticó que a un mes de la celebración del Festival no haya aún una respuesta firme del Gobierno, que un año más propone subvencionar la mitad del encuentro para que el consistorio y el Cabildo de Gran Canaria aporten la otra mitad. "Estamos muy molestos", agregó García Bolta, quien apuntó que el Gobierno también intentó un planteamiento similar el pasado año y confió en que esta vez tampoco prospere, pues es un criterio "provinciano" que discrimina una vez más a Gran Canaria con respecto a otras islas, donde no se aplica el mismo rasero, aseguró.

Asimismo, dijo que está cansada de soportar "año tras año" la misma incertidumbre, aunque garantizó que el ayuntamiento "no renunciará" al festival po

ANTONIO FDEZ. / ESTHER MEDINA

La inestabilidad política que asuela al Ayuntamiento de Telde desde hace meses vuelve a tener su particular reflejo en la gestión municipal. El pleno que se celebra hoy en las Casas Consistoriales apenas lleva en su pobre orden del día tres expedientes -dos de ellos de escasa relevancia- habida cuenta de las dificultades con las que se está encontrando el PP para garantizarse el voto de 13 ediles, lo que supone la mayoría absoluta en la Corporación. Esta situación ha provocado que cuestiones como la aprobación de la revisión del PGOU o la aprobación de las cuentas de 2005 no se sometan a votación para evitar un previsible fracaso ante otros grupos.

A la indefinición en la que se mueven las dos concejalas que fueron imputadas en la primera fase de la operación Faycán -María Antonia Torres y Candelaria Sánchez- y a la postura frontal en la que se sitúan los grupos de la oposición -NC, PSOE, CC y el CCN- se añade desde ayer la nueva determinación adoptada por los tres ediles de Ciuca, que han decidido suspender temporalmente su apoyo i