La ley del embudo de ATI-PP

NARDY BARRIOS CURBELO
Presidenta de la Comisión Promotora de la Ley de Capitalidad

Con el lema "Las Palmas de Gran Canaria merece más", hemos defendido en el Parlamento de Canarias que una inversión justa es la solución para acabar con el pleito insular. Porque hasta el momento han sido las inversiones injustificadas, desequilibradas y ocultas las que producen los enfrentamientos entre Tenerife y Gran Canaria.

Hemos elaborado un texto de Ley de Capitalidad que en 20 días han apoyado más de 31.000 canarios. El Parlamento intentó paralizarlo, el Gobierno canario solicitó que se rechazara, pero a pesar de todos sus intentos de abortar nuestra iniciativa se debatió el pasado 30 de noviembre, y votaron en contra del mismo el PP y CC, que aunque reconocieron que era un buen texto, alegaron que "preferían" el pactado por Zerolo-Luzardo, en el que se fija una misma cantidad económica para las dos ciudades sin que se tenga en cuenta qué población tiene cada ciudad.

Ellos saben que esa decisión votada por ATI-PP es injusta. Cuando intervinieron en el Parlamento, los defensores de la "igualdad" tenían cara de "pecado mortal" porque sabían que sus argumentos eran impresentables. Como impresentable es que esta Ley no se haya elaborado cuando debía haberse hecho, en 1996, y que este Gobierno propiciara que Las Palmas de Gran Canaria haya perdido en estos años 600 millones de euros (100 mil millones de las antiguas pesetas). Es el criterio poblacional el que debe utilizarse para fijar la cantidad compensatoria. Esto, tan justo, es lo que hemos defendido en el Parlamento, pero también que esos millones se inviertan en un Plan de Barrios, accesibilidad, cultura, medio ambiente, transporte, seguridad, entre otros.

Los insularistas son los que defienden decisiones injustas que perjudican a una población frente a otra. Yo digo que las inversiones hay que fijarlas en función del número de habitantes. Si Las Palmas de Gran Canaria tiene casi el doble de habitantes de derecho y de hecho que Santa Cruz de Tenerife pero recibe cantidad igual gracias a esta Ley de Capitalidad, ¿quién sale ganando?. ¿Por qué se es tachado de insularista cuando se defiende al que ha salido perjudicado, abandonado, ultrajado, ninguneado y desmantelado?.

En realidad quieren aplicar, no la Ley de Capitalidad, sino la Ley del embudo. Si defiendo una forma democrática de invertir el presupuesto, con el criterio de inversión según los habitantes de una ciudad, soy una insularista. Si ellos proponen que los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife reciban el doble que los de Las Palmas de Gran Canaria, eso es lo que se aprueba, es lo correcto y lo regionalista. Pues no. Es injusto, eso sí es insularista y viene a añadirse a otros abusos cometidos por este Gobierno contra los habitantes de Gran Canaria. El propio Consejero de Economía y Hacienda, el Sr. Mauricio, denunciaba que en Gran Canaria la inversión en los presupuestos era inferior a la que se hacía en Tenerife (aunque la paradoja es que fue él quién elaboró los presupuestos). Cuando ATI lo mando a callar, nunca más ha hablado de esos desequilibrios.

Tras mi defensa de una inversión justa, los miembros de ese pacto ATI-PP, que se mece bajo las sombras, no han dudado en atacarme al igual que algún articulista que ha criticado mi intervención en el Parlamento, sin haber siquiera estado allí. Sin escuchar mis argumentos.

Están nerviosos. Las Palmas de Gran Canaria se ha puesto en marcha y ahora toca luchar por lo que en justicia nos corresponde. La culpa de lo que nos suceda no estará en las estrellas ni en un destino adverso, sino en nosotros mismos si lo seguimos consintiendo.