La patronal grancanaria y el Cabildo Insular no se fían del Gobierno regional y exige la autonomía del Puerto

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha hecho suya la preocupación existente en el seno de las empresas del Puerto de La Luz por el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de Canarias, que deja la puerta abierta a una posible unificación regional de la gestión portuaria bajo la dirección del nuevo organismo Puertos Canarios.
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El comité ejecutivo y la junta directiva de la patronal de Las Palmas acordaron elaborar un pronunciamiento público de apoyo al Puerto de La Luz y la exigencia de que conserve su autonomía en el caso de que el Estado transfiera su gestión a la Comunidad Autónoma. La patronal sigue en este caso la estela del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, que el pasado fin de semana rechazó también cualquier posibilidad de que el recinto portuario de Las Palmas sea adscrito a un ente autonómico bajo una dirección única para todos los puertos.

A pesar de las afirmaciones del consejero de Infraestructuras, Antonio Castro, que negaba esta posibilidad y garantizaba la autonomía de los dos grandes puertos del Archipiélago, los empresarios n o se fían. Por ello, la Federación de Empresas Portuarias recibió el apoyo del resto de las organizaciones empresariales de la CCE.
Los empresarios portuarios presentaron un informe en la reunión de ayer de la patronal en el que se explica que "difícilmente podrán ser atendidas las necesidades particulares de cada territorio insular desde la centralización y la falta de participación de los agentes económicos que intervienen en el sector portuario". Por ello, los operadores creen que "cualquier variación en el marco regulador que pueda afectar al sistema de funcionamiento y gestión de los puertos de Canarias debe contar con la participación de los operadores económicos".

El Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de Canarias (Decreto 52/2005 de 12 de abril), se publicó en el Boletín Oficial de Canarias del pasado 3 de mayo. Los empresarios del Puerto critican que hayan sido excluidos por el Gobierno del debate previo a la aprobación del Decreto. Además, los operadores también evidencian su malestar por la escasa representación empresarial en los órganos de gobierno de la nueva entidad Puertos Canarios, con únicamente dos vocales en el consejo de administración a propuesta de la Consejería de Infraestructuras.

También el Cabildo expresa su preocupación

Asimismo, el Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó el pasado jueves, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, la moción presentada por el grupo socialista que pretende instar al Gobierno autónomo a que modifique la Ley de Puertos y evitar así que se produzca la adscripción de los puertos de interés general del Estado a la Comunidad Autónoma. Según el líder de los socialistas canarios, José Miguel Pérez, esta ley podría afectar a la modernización del puerto de La Luz, al centralizar su gestión en una entidad única.

Pérez, durante su intervención en el Pleno, definió la Ley 14/2003 de Puertos de Canarias como “un modelo de gestión autárquico y trasnochado” que, en su opinión, “hará peligrar la modernidad de los puertos” canarios. Es por esto que pidió el apoyo de las fuerzas políticas del Cabildo para instar al Parlamento de Canarias a que sea modificada la correspondiente Reglamentación de desarrollo y ejecución de la Ley.

Por parte de los nacionalistas de Coalición Canaria (CC), su portavoz Carmelo Ramírez consideró “muy importante” esta moción, por lo que prestó su apoyo y el voto a favor de su aprobación, matizando simplemente que a quien se debe instar es al Gobierno de Canarias, el órgano competente, y no al Parlamento de Canarias, como se recoge en la moción presentada por los socialistas.

El vicepresidente del Cabildo, Miguel Jorge Blanco, en nombre del grupo de gobierno prestó asimismo su apoyo a la moción, al considerar que la Corporación insular no puede “dejar pasar de rositas” una iniciativa legislativa que considera perjudicaría a los puertos canarios y en concreto al Puerto de La Luz.

Según recoge la moción presentada por el Partido Socialista (PSOE), el motivo de esta apelación al Ejecutivo canario está en que, “ante la eventualidad de que pudiera desarrollarse mediante la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias un proceso de transferencias o delegación competencial de los puertos de interés general del Estado, la situación en que supuestamente quedarían estos puertos presenta graves inconvenientes para el mantenimiento y desarrollo de su potencial”.

Así, considera que los modernos sistemas portuarios necesitan fórmulas de gestión que garanticen su eficiencia operativa y su competitividad, algo que, afirman, no se desprende de la actual normativa autonómica, que “está diseñada para otro tipo de puertos e infraestructuras portuarias y podría perjudicar el funcionamiento del principal puerto de Canarias”, el puerto de La Luz.