El retraso de las ayudas por parte del Gobierno de Canarias pone a Guaguas Municipales al borde de la quiebra

El segundo año de retraso por parte del Gobierno de Canarias, en la concesión de las ayudas regionales a Guaguas Municipales obligará a pedir, como en 2004, un nuevo crédito de dos millones de euros para evitar que la compañía entre en situación de quiebra técnica.
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El presidente del consejo de administración de la empresa pública y concejal del Ayuntamiento capitalino, Paulino Montesdeoca, manifestó ayer sus sospechas de que la lenta tramitación de las subvenciones esté relacionada con un cambio de la política regional, en el sentido de reducir los fondos para las islas mayores, Gran Canaria y Tenerife, en beneficio de las menores.

Montesdeoca basa sus sospechas en la rapidez con que la consejera de Transportes del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha llegado a un entendimiento con el Cabildo de El Hierro para distribuir el importe del contrato programa que el Ejecutivo regional firmó hace ya varios meses con el Ministerio de Economía y Hacienda. La cantidad total que el Estado ha destinado a la Comunidad Autónoma es de 90 millones de euros, pero ahora ha de ser la Consejería la que llegue a acuerdos con las islas y éstas, a su vez, negocian a través de su respectiva Autoridad Única del Transporte, con las empresas.

Según las previsiones municipales, atendiendo a compromisos verbales de la consejera Dávila, los fondos para la isla de Gran Canaria, que tendrán que repartirse entre Guaguas Municipales y Global, se asignarán en septiembre. Sin embargo, eso no consuela al primer responsable de la compañía municipal. "El problema que tenemos cada vez que pedimos una póliza es que, aunque es para anticipar el importe del contrato programa, produce gastos financieros que afectan a la empresa porque incrementa su nivel de endeudamiento", explica Paulino Montesdeoca.

La nueva póliza supone para Guaguas acumular una deuda ya de cuatro millones de euros desde 2004. En diciembre pasado, Montesdeoca responsabilizó al Gobierno estatal del retraso de las ayudas, pero ahora sólo culpa al Ejecutivo regional.