Basta ya de este Estatuto

ANTONIO CASTELLANO AUYANET

Con toda lógica, nuestro país desea que se actualicen ciertos aspectos de la Constitución Española, aprobada en 1978 y, por tanto, mayor de edad. Deseemos que la prudencia dirija ese remozamiento y adaptación a nuevas realidades, desarrolle determinados preceptos y garantice fidelidad estricta a los principios del "Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político", según el artículo primero de nuestra Norma Suprema. Igualmente, los Estatutos de Autonomía, se adaptarán a las modificaciones constitucionales e introducirán preceptos para la consecución de los objetivos de cada región. Para modificar el Estatuto de Canarias, se ha encargado a un comité de expertos que presenten ideas y propuestas que se debatirán en nuestro Parlamento. Por las limitaciones que se les marcaron de no tocar la ley electoral y otras cuestiones, no cabe esperar más que algún afeite o maquillaje o algún brindis al sol.

Siendo nuestro Archipiélago un conjunto de peculiaridades en clima, paisaje, habitantes, carencias y dependencias, virtudes y defectos, creo que la mayor singularidad está contenida en el vigente Estatuto y afecta a una cuestión tan fundamental como básica para una democracia: nada menos que la expresión de la soberanía popular y personal así como su representación equitativa y equilibrada, ajustada al principio "un hombre, un voto", materializada con su participación en los procesos electorales. El derecho de todo ciudadano a elegir a sus representantes, "por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto" -democracia es elegir, controlar y quitar a los gobernantes- se incluye en el Título Primero de la Constitución, titulado "de los derechos y los deberes fundamentales". Por el contrario, nuestro Estatuto concreta ese precepto en una triste "disposición transitoria" y llamada a ser modificada. Relegada al cajón de sastre, compartido con normas de trámite para el relevo de los organismos de la preautono'mía o la reasignación de funcionarios, esa disposición adjetiva alberga buena parte de nuestra democracia en Canarias: singularfsima peculiaridad que podríamos llevar al Guinness, al museo de los horrores de Madame Tussaud o a pedir que se considere patrimonio de la humanidad y reserva de la biosfera. Bien guardada en el desván de los juguetes rotos, la Transitoria, que acumula 22 años de provisionalidad, es la norma más dairina para Gran Canaria que haya podido inventarse. Su mecanismo es tan diabólico que, aunque perjudica, también, a Tenerife, su operativa acaba cargando casi exclusivamente sobre nuestra Isla. Buscando la quimera del "equilibrio", esa norma lo hace imposible. Ese disparate beneficia al nudo de intereses que nos ha perjudicado desde hace siglos. Respondámonos la clásica y antigua pregunta: ¿quién lo hace? 2A quién perjudica? iA quién beneficia?

Esa transitoria apostilla al Estatuto establece que el Parlamento canario tendrá sesenta diputados y atribuye quince a cada una de las islas de Tenerife y Gran Canaria: primer equilibrio y primera paridad entre las dos islas capitalinas. El hecho de que la suma de las dos islas mayores sea la mitad del total de escaños es más un dogal que un equilibrio: segunda paridad. Ocho escaños van a La Palma, otros ocho a Lanzarote; siete a Fuerteventura, cuatro a La Gomera y tres a El Hierro. La equiparación por mitades de islas capitalinas y no capitalinas y de las dos provincias entre sí, es la tercera paridad. El juego de las tres paridades o equilibrios forzados, como demuestra la historia de los veintidós años de Estatuto, ha permitido que apenas haya gobernado Gran Canaria y que ATI, partido que nuclea los intereses de la isla de Tenerife, haya mandado y gobernado a su libre albedrío y que Gran Canaria resulte la pagana, en riqueza e impuestos y, sobre todo, en pérdida de peso y capacidad decisoria por el pillaje a que se la somete y la complicidad de quienes, desde nuestra Isla, son cómplices y terminales de los saqueadores que deslocalizan empresas, organismos y centros de decisión, desde Las Palmas a Tenerife. La conjunción diabólica de ese trío de paridades -coloquialmente llamadas "paridas"- analizada a fondo, hace muy difícil o casi imposible, salir de esa trampa.

Analicemos la población de derecho -según datos del Ministerio del Interior en las últimas autonómicas- y veamos el número de habitantes que "costó" cada diputado autonómico: Tenerife tiene un diputado por cada 51.871 habitantes; Gran Canaria, uno por 51.422; Lanzarote, uno por cada 13.742; La Palma, uno por cada 12.221; Fuerteventura, uno por cada 9.966; La Gomera, uno por cada 4.774 y El Hierro, uno por cada 3.334. Si dividimos el total de la población canaria entre los sesenta diputados, cada escaño correspondería a cada 30.729 habitantes, con lo que Gomera y Hierro no tendrían representación. Desde luego que había que resolver esa desigualdad arbitrando medidas que establecieran una razonable y hasta generosa equidad para las islas menores. Pero, para mejor anudar la trampa, se resuelve un desequilibrio con una barbaridad. Porque barbaridad astronómica es que el 16% de la población canaria -las islas no capitalinas- ocupe la mitad de los escaños, exactamente lo mismo que e184% restante que vive, trabaja y paga impuestos en las dos mayores. O, dicho en números: 295.000 personas, población de las islas no capitalinas, tienen la misma representación e igual peso parlamentario que el millón y medio que viven en Tenerife y Gran Canaria. Si esto no es un escándalo y un atropello, ¡que venga Dios y lo veal Esa exageración hipertrofiada, esa colosal desmesura, ¿a quién beneficia?, ¿a quién perjudica?. Vimos, hace años, cómo un voto de El Hierro, que "costó" unas tres mil personas, decidió el signo del Gobierno de un millón largo de canarios.

Pero ese Estatuto, basado en una malhadada Disposición Transitoria, debe cambiarse sin demora en ese punto.Los grancanarios -y la sensatez de todos los canarios de bien- debemos exigirlo inmediatamente. Apunto otras dos exigencias previas: la aplicación estricta, en la letra y, sobre todo, en el espíritu, de la Ley de Sedes, para comenzar el verdadero equilibrio y abandonar la farsa actual. Por último, que la sede permanente del Gobierno de Canarias se fije en Las Palmas de Gran Canaria, igual que el Parlamento tiene la suya inamovible en Santa Cruz de Tenerife. Por pura lógica. Por puro equilibrio. Por pura paridad. Sin todo lo propuesto, digamos a este Estatuto, ¡Basta Ya!