¿Dos autonomías para Canarias?

DANIEL GARZÓN LUNA

He leído las declaraciones de la señora Carmen Kraus a un periódico de papel local, publicadas el pasado domingo día 7, en las que se pronuncia abiertamente por dos autonomías para Canarias y, la verdad, si alguien me preguntase ahora mismo, así, a bote pronto: “¿está usted por dos autonomías para Canarias?” es muy posible que dijese que sí, porque coincido con la opinión de la señora Kraus con respecto a las dos autonomías para Canarias, dado el arrastre negativo de la última década de nuestra autonomía en el transcurso de la cual Tenerife se ha hecho con la hegemonía económica, administrativa y política de Canarias, no precisamente con buenas artes. Éste es mi estado de ánimo como ciudadano grancanario ahora y en este momento, que creo que comparten muchos, tal vez muchísimos, de mis conciudadanos grancanarios.

No obstante lo mencionado en el párrafo anterior, es preciso considerar que, en muchos casos, cuando a los ciudadanos grancanarios, e incluso a otros de otras islas, nos sale lo de “las dos autonomías” nos transportamos inconscientemente a los tiempos de las dos provincias en la que la capital de cada provincia, Gran Canaria y Tenerife, asumía el papel de isla capitana con mando sobre las llamadas islas menores. Este concepto de provincia y mando sobre las periféricas de cada provincia ya pasó a la historia en el marco autonómico de la España de las autonomías y, con mucha más fuerza que en la Península, en nuestro Archipiélago. Hoy ya está absolutamente fuera de lugar el pretender que Gran Canaria, por citar un ejemplo, lidere y decida sobre el modelo o ritmo de desarrollo que deban tener los lanzaroteños o los majoreros para sus respectivas islas, por la sencilla razón de que estas dos islas ya no son tan menores, son mayores de edad, y si alguien tiene dudas al respecto no tiene más que ojear la prensa de los últimos días y podrá constatar -en el Canarias 7 del sábado día 6, por ejemplo- que la Cámara de Comercio de Lanzarote ya ha marcado su alejamiento e independencia de la central de Gran Canaria y las CCE de Lanzarote y Fuerteventura están en la misma línea. No divago, los hechos están ahí. ¿Y por qué se presenta esta situación? Muy sencillo, por la simple razón de que quieren administrar su destino, para lo bueno y para lo malo y porque piensan, con razón, que nadie de Las Palmas de Gran Canaria puede tener la suficiente sensibilidad para entender y dar solución con más acierto a sus problemas que ellos que los están viviendo. No hay por qué buscar duendes porque no los hay.

Expuesto lo que ya ocurre, que es exactamente lo que casi seguro se repetiría en el supuesto caso de las dos autonomías por la simple razón que las islas menores ya no son tan menores como antes mencioné sino que son mayores de edad, también entrarían en la dinámica de un deseo legítimo de querer ser también autónomas, cosa que nos podría llevar al Reino de las siete autonomías atlánticas, o con el riesgo de instaurar la forja de nuevos pleitos insulares, no precisamente como existe en la actualidad entre las dos islas mayores, Gran Canaria y Tenerife, sino entre cada isla mayor y sus islas llamadas menores, minoría que dichas islas no aceptarían ni tienen por qué aceptar. Por tanto, no hay más remedio que admitir que el modelo de dos autonomías, por ser de por sí más que polémico y, además y sobre todo, totalmente imposible de soportar económicamente para una región como Canarias cuya única materia prima productiva con relieve es el sector servicios, tan vulnerable a los vaivenes del mercado como bien estamos viendo últimamente, debe ser contemplado a mucha distancia.

Entonces, si dos autonomías puede significar un seguro suicidio económico porque es imposible que la población de las Islas, alrededor de dos millones de habitantes, pueda sufragar los gastos de dos parlamentos, dos gobiernos con todo lo que ello implica en cargos políticos y dos bloques de funcionarios, hay que dar salida, no obstante, al clamor existente por una parte importante de la población de Gran Canaria, la más informada, inequívocamente partidaria de un nuevo status dentro de una Canarias unida con un solo Parlamento que siga promulgando leyes y que permita a cada isla, sin capitanía de una sobre otra, el administrar su presupuesto, asignado por nuestro Parlamento con la inexcusable consideración hacia las islas que, por tener menos habitantes, tienen menos ingresos y, por tanto, menos poder económico, siendo los cabildos los que deban asumir todas las competencias administrativas que les sean necesarias para que cada isla pueda orientar y planificar su desarrollo según sus dirigentes cabildicios estimen por conveniente. Si éstos administran mal su presupuesto, o no atienden debidamente las necesidades más perentorias del ciudadano, ya se encargarán éstos de pasarles factura en las urnas. Si se eligiese este camino, el convertir a los cabildos en los gobiernos reales de cada isla, podríamos haber llegado al punto en el que habría lugar a exclamar: “ahora sí ha llegado la hora de todas y de cada una de las islas”.
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