El Ayuntamiento de La Laguna reprueba a Adán Martín por la "dejadez" del Gobierno en controlar a Unelco

El pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó, con los votos a favor de los grupos Socialista y Popular (14) y la oposición de Coalición Canaria-ATI (12), una moción del PSOE en la que se solicita la reprobación del presidente del Gobierno de Canarias por la "dejadez del Ejecutivo sobre el control que debería efectuar a la empresa Unelco".
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La propuesta, aprobada en el pleno extraordinario del Consistorio sobre los efectos en el municipio de la tormenta Delta, también pide el cese inmediato del responsable del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes)-112 en el Archipiélago.

Ambos puntos parten de la iniciativa elevada por el PSOE, en la que solicitaban la dimisión de Martín, que quedó en los términos finales y fue respaldada por el PP -socio de gobierno de CC en el Consistorio-, que la apoyó tras conocer que la sesión extraordinaria del Parlamento regional para que el Gobierno informe sobre la tormenta y sus consecuencias no será esta semana, como pedía su grupo.

Para el resto de los puntos, los tres grupos políticos (CC, PP y PSOE) consensuaron una propuesta única, que refunde las mociones presentadas por los tres partidos y que fue aprobada por unanimidad. En ella, se pide al Gobierno regional que exija a Unelco la indemnización, a través de los recibos, a las familias y empresas afectadas por la suspensión continuada de la luz con el fin de compensar los daños ocasionados, sin perjuicio de otras indemnizaciones.

Asimismo, encarga a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe sobre las acciones legales a emprender contra la empresa eléctrica por la suspensión "de un suministro esencial para la economía y el comercio del municipio, y por la generación de molestias y problemas de inseguridad ciudadana”.

Además, solicita al Ejecutivo autónomo que acelere el expediente informativo abierto a la eléctrica, realice una auditoria sobre el estado del sistema de distribución energético en Canarias y reclama el cese “de forma inmediata” del director general de la compañía Unelco-Endesa en Canarias, José María Plans.

Igualmente, pide al Gobierno canario que depure las responsabilidades que pudiera haber “por su despreocupación y falta de rigor en la vigilancia y cuidado de los términos establecidos y requeridos” a Unelco, así como en materia de seguridad y emergencias, y que ponga los medios para que esta situación no vuelva a producirse.

La propuesta respalda la creación de una comisión de investigación en el Parlamento canario que analice los efectos de la tormenta tropical, y que el Gobierno estatal apruebe las órdenes ministeriales imprescindibles para la liberalización del sector eléctrico en las Islas.

También propone que el Consistorio suscriba un convenio con la Unión de Consumidores para poner una oficina de asesoramiento a los ciudadanos que decidan interponer reclamaciones judiciales contra Unelco, y que el Gobierno regional ponga en marcha una oficina de información y asesoramiento, separada de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

Torres "podridas"

El portavoz del grupo Socialista (PSOE), Javier Abreu, cargó contra la empresa Unelco y el Gobierno regional -como órganos concesionario y competente exclusivo del servicio, respectivamente- en su responsabilidad por la falta de conservación y mantenimiento de las torretas de alta tensión, que aseguró “no estaban oxidadas, estaban podridas” e insistió “no se cayeron -por la fuerza del viento-, sino que partieron por donde estaban podridas”.

“Unelco nos ha mentido, nos ha estafado porque estaba cobrando a los ciudadanos en la factura el mantenimiento en las instalaciones y no los estaba haciendo”, insistió Abreu. Asimismo, recordó que el Ejecutivo canario “no ha velado para que esa inversión se haya hecho”, pese a la existencia de un decreto aprobado en 1996 que pedía la sustitución de las torretas, a las que daba una duración de tres años. “Nueve años después nadie ha hecho nada”, sentenció.

Abreu, que también criticó la falta de respaldo del Cabildo tinerfeño a los municipios afectados, consideró “inaudito e inadmisible” que el presidente del Gobierno regional, Adán Martín, haya defendido a Unelco e intentado “echar balones fuera” en su responsabilidad, “en lugar de pedir perdón a los ciudadanos”. “Hay que asumir las responsabilidades, y en política esto se hace dimitiendo”, reclamó. Igualmente, pidió la dimisión del presidente de Unelco-Endesa en Canarias, del director del aeropuerto de Los Rodeos, “que si tuviera dignidad también se iría” y del responsable del 1-1-2, por los fallos detectados en la prestación del servicio.

"Conducta irresponsable"

En esta línea, también se pronunció el portavoz del grupo Popular (PP), Rafael Becerra, quien aseguró que el 1-1-2 “falló y mucho” y criticó la carencia de un plan de seguridad para evitar desordenes callejeros, así como la “imprecisión de un efectivo, cierto y real plan de emergencia” con el que hacer frente a la situación.

Becerra también cuestionó la actuación “irresponsable” del Ejecutivo sobre los cortes de suministro, ante los que inicialmente “se alía con Unelco en pedirnos paciencia y tranquilidad”. “Viendo con posterioridad las consecuencias que derivaban del no ejercicio de sus responsabilidades, escurre el bulto anunciado la apertura de un expediente sancionador a Unelco”, apuntó Becerra en referencia al Gobierno, al que acusó de amparar la gestión “deficiente y reprochable” de la compañía eléctrica.

Planificación energética

El pleno también contó con la intervención del presidente del Colectivo Ciudadano El Berode, Fidel Campo, quien criticó que en su momento el Gobierno del PP aprobara la privatización de Unelco-Endesa y estimó que no se deben dejar en manos de grandes multinacionales estos sectores estratégicos. Frente a ello, insistió en que el Archipiélago necesita políticas energéticas y un modelo de desarrollo limpio, y afirmó que Unelco apenas a invertido en sus infraestructuras “que están obsoletas y en pésimo estado”.

Igualmente, arremetió contra la actuación de los políticos tanto “de la diestra como de la siniestra” y aseguró que “están donde no deben de estar”, que es en la defensa de los intereses y derechos ciudadanos, en lugar de “en vanas demagogias con vistas a la participación política, con la mirada puesta en los comicios de 2007”.