El fracaso social de la corrupción

JOSÉ A. ALEMÁN

Es desagradable escribir sobre lo que ocurre. Produce desazón y tristeza porque los hechos trascienden la alarma social, con ser ésta notoria, para apuntar a un fracaso colectivo, de la sociedad; de todos nosotros. Aún sin asimilar la trama eólica, detuvieron ayer en Telde a la concejala María Antonia Torres y si tranquiliza que la Justicia actúe, al fin, no nos engañemos: para llegar a la intervención de jueces y policías ha tenido que fallar primero el entramado institucional y social y si me apuran hasta la actitud de la opinión pública. La Justicia es, siempre, el último recurso.

Al saber Soria de la detención de Torres y otros, entre ellos su marido, nada menos que interventor de fondos del ayuntamiento teldense, ordenó suspenderla de militancia, como hiciera con Celso Perdomo; aunque no con González Arroyo, quizá porque éste no ha sido detenido. Hizo bien, desde luego. Pero no se privó de manifestar su “absoluta sorpresa” ante el nuevo escándalo, cuando lo que de verdad sorprende es su misma sorpresa por lo que todo el mundo sabía o decía saber.

Respeto, por supuesto, la presunción de inocencia. A los jueces toca decidir. No voy por ahí. Quiero decir que, además de los controles legales, reglamentarios, institucionales y corporativos, los dirigentes políticos responsables han de prestar atención a los rumores, pues si suenan las piedras, el barranco trae agua de los altos. Es decir, hay que indagar el runrún y actuar si es necesario con prudencia y en evitación, precisamente, de estas intervenciones traumáticas de la Justicia. O sea: cortar de raíz, no despejar a córner atribuyéndolo todo a maniobras políticas de los rivales y dejar que crezca la hidra. El mismo error, por cierto, de la etapa de Felipe cuando el PSOE achacaba las denuncias de corrupción a eso, a maniobras políticas, hasta que se le fue la situación de las manos.

Soria es experto despejando. Según él, la trama eólica la mueve López Aguilar desde el ministerio y el PSOE la aprovecha para “empocilgar” la política canaria; sin reparar en que es preciso que alguien la cague primero para que forme pocilga. Un recurso perverso que influye en las opiniones de los menos avisados que llegan casi, o sin casi, a disculpar a los implicados para acusar a Zapatero de manejar los tribunales. Espléndido.

Aunque no tenga que ver con la corrupción, ilustra esa manera desenfocada de razonar el cabreo, ayer, de un lector porque critiqué que la alcaldesa Luzardo pasara de una sentencia firme del Supremo contra las terrazas carnavaleras. Como saben, las sacó a concurso a pesar del fallo y trató luego de burlar el auto del TSJC que ordenó el cierre en ejecución de la sentencia. Poco le importa, a lo que se ve, la ligereza ignorante con que actuó Luzardo, el daño a los ganadores del concurso, que ven frustradas sus expectativas, y el palo a las arcas municipales, que habrán de afrontar el resarcimiento de los perjuicios: considera que los tribunales obedecieron órdenes psocialistas y ahí queda eso.

Dicen que hay gente para todo y es verdad. Pero admitan que es la suficiente para permitirle a ciertos políticos la indecencia de no dimitir, seguir confundiendo y añadir al fracaso social la sensación impotente de no disponer de mecanismos para quitárnoslos de encima ya, no vayan a llegar las elecciones demasiado tarde.