'Cosa nostra', la de ellos

JOSÉ A. ALEMÁN

PP y Ciuca llevarán al fiscal irregularidades del anterior grupo de gobierno de Telde relacionadas con el parque comercial de La Mareta. Una reacción de la misma naturaleza que la habida frente a la trama eólica, cuando los populares jugaron la carta del caso Amorós en plan de y tú más. Me parece muy bien la denuncia de ilegalidades y que sean investigadas, pero una cosa es una cosa y otra cosa son dos cosas. Me explico.

Del caso Amorós, sabemos que es asunto viejo sobre el que había un informe del Tribunal de Cuentas. El PP lo conocía y calló mientras estuvo en el Gobierno y hasta casi un año después de su expulsión de él, para sacarlo a colación justo a raíz de la operación Eolo. Es decir, cuando pensó que le podía ser de utilidad para meter bulla.

En Telde, lo mismo. En repetidas ocasiones oímos, tanto a María Antonia Torres como a Guillermo Reyes, amenazar a la oposición con desempolvar papeles, ordenar investigaciones y formular las denuncias que ahora van a interponer, según dicen. Recurrían a la intimidación cada vez que la oposición contrariaba al grupo de gobierno. Sin más consecuencias. Hasta que la operación Faycán los puso contra las cuerdas, no decidió PP-Ciuca acudir al fiscal.

Ya se ha dicho que la estrategia popular es crear confusión, engañar a los menos avisados, transmitir la idea de que todo el mundo tiene algo que esconder (como si a los delitos los legitimara su abundancia) y reducir todo a maniobras o montajes políticos, el recurso más sobado; con olvido de que no fueron sus rivales los promotores de las dos operaciones sino que éstas fueron iniciativa de jueces y policías instadas por denuncias privadas de empresarios, algunos de ellos en la órbita del propio PP. Aspectos de los que habrá de hablarse en su momento.

Todo lo anterior se ha dicho y es sabido, pero hay un aspecto poco destacado que, a mi entender, refleja una perversión política que debiera preocuparnos más, si cabe. Porque si el PP no denunció antes las irregularidades que asegura conocer se debe a que, en su estrategia de partido, atribuye a la Justicia un papel de comparsa; la considera el lugar en que dirimir controversias y ejecutar las vendettas que estime necesarias; un instrumento, en definitiva. Si conocían las irregularidades, los delitos o las faltas, estaban obligados los populares, como cargos públicos, a denunciarlas desde el primer momento; no es de recibo guardar esa información y reservarla como triunfos de la baraja para utilizarlos cuando pintan bastos.

Esa idea perversa, de instrumentalización de la Justicia, entraña, además, desprecio de los intereses públicos porque las denuncias, ahora y no antes, son en defensa del partido y para salvar la cara a sus dirigentes. Y nada les digo de la falta de respeto a nuestras inteligencias al pretender engañarnos de forma tan burda.

Guste o no guste, el estilo mafioso de estos comportamientos lo confirma el intento de forzar negociaciones a partir de unas denuncias, extemporáneas respecto al conocimiento que se tenía de los hechos supuestamente delictivos, para intentar acuerdos políticos de puertas adentro; como cosa nostra. Así se empieza.