Votos e impuestos

ANTONIO CASTELLANO AUYANET

En un sistema democrático, los ciudadanos tenemos el privilegio de invocar la Ley para defender o exigir nuestros derechos. La democracia se rige por el imperio de la Ley que hace inadmisibles los hechos u omisiones que incumplan el sagrado principio de legalidad entendido como que "la libertad consiste en hacer lo que la ley permite".

No hay libertad sin sumisión a la ley ni puede haber ley que no respete la libertad. La Constitución consagra los principios básicos que han de trasladarse a toda norma o regulación inferior, por la ineludible obligación de coherencia y congruencia. El vértice de nuestra construcción legal se forma con las ideas básicas de libertad, igualdad y solidaridad, mientras que su base se asienta en el voto libre e igual, es decir, "una persona, un voto de igual peso" como síntesis y concreción de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. La sociedad así organizada requiere la aportación del esfuerzo y trabajo de todos sus miembros para sostener al Estado y los servicios que le corresponde prestar.

Los impuestos son la dimensión dineraria de dicha colaboración, en función de la renta individual. La democracia norteamericana, tomada como ejemplo, mantiene el principio de "no taxation whithout representation" -ningún impuesto sin representación- y vincula tal contribución al derecho de votar para elegir a los gobernantes y, a través de ello, ratificar las leyes que aprueben sus congresistas o senadores. El pragmatismo yanqui impone la correlación de que "si pago, elijo", es decir, tengo derecho a estar representado en las Cámaras. Obviamente, se trata del voto igualitario de todo ciudadano, tanto del multimillonario como del pobre de solemnidad: esa tajante equivalencia consagra la igualdad de derechos y deberes de toda persona.

Lo anterior trae razón del debate que mantenemos en Canarias sobre la distribución de escaños en nuestro Parlamento regional, con arreglo a una malhadada "disposición transitoria", que lleva transitando veinticuatro años y que divide la Cámara en dos mitades iguales y radicalmente desiguales. Tal paradoja -Unamuno decía "parajoda"- deriva de que treinta escaños de la Cámara regional representan al 84 % de los habitantes del Archipiélago- los de Tenerife y Gran Canaria- mientras se atribuyen los otros treinta al 14 % que vive en las islas no capitalinas.

Dicho atropello se urdió por ATI pues se ganaba la adhesión de casi todos para perjudicar a Gran Canaria: esa trampa falaz es la causa de que ATI lleve gobernando desde la eternidad. Mi análisis objetivo e irrebatible nada tiene que ver con pleitismo alguno. Se fundamenta en la negación de uno de los derechos básicos y fundamentales en cualquier democracia que pretenda ser Estado de Derecho: la igualdad de todos y cada uno ante la Ley concretada en el principio "una persona, un voto", igualdad que puede recortarse en mérito de la representación de las minorías, pero nunca aniquilarse como en la funesta Transitoria.

Pero llevar esa consideración al extremo de negar y ridiculizar la democracia, estableciendo el "principio de desigualdad peyorativa, arbitraria y discriminatoria", además de absurdo, resulta injurioso y degradante. No cabe en lógica alguna que dicha Transitoria estatutaria otorgue 30 escaños, o sea, treinta votos, a 295.000 canarios de las islas no capitalinas, y otros treinta al millón y medio largo de habitantes de Tenerife y Gran Canaria. Nunca hubo desigualdad más descarada al devaluar el voto de la abrumadora mayoría e igualarlo al de la respetable pero pequeña minoría. Sólo se capta lo repudiable de tal apartheid, desentrañando sus causas, puesto que no se debe a descuido o error.

Lo triste reside en que se propuso y aceptó permitiendo que ATI se garantizara el poder político y económico, ayudada, luego, por su coadjutora necesaria CC y su componente grancanaria. Todas las desigualdades, desequilibrios, deslocalizaciones y expolios sistemáticos que sufre nuestra isla parten de esa conjura imperdonable. Somos muchos los que pedimos cambiar la ley electoral vigente e insistimos en que modificar el Estatuto sin dicho cambio, será una estafa flagrante que no debemos admitir en ningún caso.

Desde hace años, defiendo de palabra y por escrito que el actual Estatuto con su pérfida "transitoria intransitoria", carece de legitimidad jurídica, política y moral. Su ilegitimidad jurídica nace de la limitación abusiva y extrema que impone a la representación proporcional de la mayoría de los canarios que viven en las dos islas más pobladas, cuyo voto sufre una restricción y devaluación inaceptables. Se vulneran los Principios Generales del Derecho y las bases constitucionales del Estado de Derecho. La Transitoria será legal, pero es jurídicamente ilegítima. Su ilegitimidad política procede de la escasa valoración y respeto que los partidos que negociaron y acordaron tal norma, prestaron al derecho ciudadano de "sufragio universal, libre, igual, directo y secreto" que garantiza la Constitución.

Despreciaron, asimismo, los efectos que impiden la unidad de la Región con las malditas y diabólicas "paridades" que hacen de Gran Canaria la gran perdedora, al tiempo que favorecen la hegemonía de los insularismos centrados en Tenerife. También carece de legitimidad moral porque la ética impone que los derechos fundamentales se reconozcan con equidad, sin desventajas y garantizando la igualdad en el ejercicio de los derechos subjetivos establecidos en la Constitución que no pueden minimizarse hasta la discriminación prohibida por el art. 14 de la Norma Suprema.

Los grancanarios tenemos que reaccionar y poner fin a la esclavitud que nos impone el escorado Estatuto de la Transitoria, que es un texto caciquil, pensado y hecho contra Gran Canaria. Autoridades, partidos, sindicatos, asociaciones y corporaciones empresariales, la Universidad y el conjunto de la sociedad hemos de movilizarnos para exigir nuestros derechos elementales. Defendamos que la sociedad democrática es un concierto entre cada individuo y la población entera con el Estado como garantía de nuestro derecho a la libertad, la justicia, la defensa, la seguridad, la educación, la protección social y los derechos humanos. A cambio, cumplimos nuestros deberes y, en particular, el pago de impuestos, tasas y exacciones base de nuestro derecho al voto libre e igualitario.

Hace unos días, en las manifestaciones de los hispanos inmigrantes sin papeles en USA, proliferaron las pancartas que daban la vuelta a la frase clásica citada al comienzo, diciendo "taxation whithout representation" y quejándose de pagar impuestos y no poder votar. Aquí, en Gran Canaria y en Canarias entera debiéramos exigir que, al pagar impuestos, nuestro voto tiene que pesar igual sin privilegios ni discriminación. Mientras no se consiga, no seremos ciudadanos de pleno derecho y arrastraremos la vergüenza de ser parias de segunda categoría.