La Dirección del Menor del Gobierno de Canarias funciona desde hace 14 años presidida por la descoordinación y el ´apagafuegos´

Desde su entrada en funcionamiento en el año 1991, la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias ha estado presidida por la descoordinación, la politización y el "apagafuegos" de la que todas las fuentes consultadas culpan no sólo a los políticos, que evidentemente tienen mucha responsabilidad, sino a una buena parte de funcionarios que, tal vez decepcionados frente al caos, han optado por subirse al carro de lo que en Menores es una expresión clave: "Eso no me toca a mí".
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Para elaborar esta parte última de la serie de reportaje que sobre la situación del Menor en Canarias ha publicado este periódico desde el domingo, se ha recabado la opinión de seis funcionarios de esa Administración
que en todos los casos comparten pareceres semejantes.

La tardanza de hasta dos años en concluir el expediente de un niño, el cotidiano extravío de documentación, los enfrentamientos entre jefes de servicio y técnicos o la permanencia de hasta diez años de un niño en un centro de menores, se traducen en la necesidad de modernizar, simplificar y modificar la forma de trabajar.

Los cuatro servicios madre de la Dirección del Menor son el de Información, Valoración y Diagnósticos; el de Ejecución y Coordinación de Programas, en los que a su vez se desarrollan los proyectos de Acogimiento Familiar y Adopción y Acogimiento Residencial; el Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales y el de Gestión Administrativa.

Fichados

"Cuando los políticos dicen que, bueno, en Canarias son sólo mil setecientos y pico los niños que están fichados en la red de protección social a la infancia habría que preguntarles, ¿les parecen pocos?, pues que salgan a la calle, que visiten esas familias, que vean crecer a esos muchachos, a ver cómo se les queda el cuerpo", dicen los trabajadores.

Describen la manifiesta falta de entendimiento entre servicios vitales para agilizar la adopción de un niño como un "constante choque de trenes", de manera que informes de idoneidad para "sacar un niño adelante" pueden tardar hasta seis meses o ser rechazados por otro departamento que debe dar luz verde argumentando nimiedades
que pudieron haberse evitado con mejor comunicación entre los funcionarios, teniendo en cuenta que los despachos están en el edificio. Según las fuentes consultadas el 20% de los de los informes de idoneidad de los padres adoptantes son rechazados.

Ayuntamientos

Los veteranos de la "casa del menor" dicen que la Administración "no puede trabajar con niños y afrontar sus
problemas con la filosofía de hace quince años. Eso es absurdo; tienen que cambiar todo lo que es organización interna, cambiando programas, rentabilizando los recursos humanos y exigiendo que los Ayuntamientos, como red primaria de niños con problemas, también se impliquen", opinan. En general los ayuntamientos o prevén situación de niños en riesgo en sus municipios. "Difícilmente veremos una política en ese sentido; la sensibilidad y el color de partido que gobierna juegan un papel decisivo en esa área, eso es indudable".

El número de niños que en Canarias están declarados en desamparo, 1.337, es censurado por los técnicos. "Ésa es una decisión que a pesar de su gravedad se toma con mucha facilidad, ¿por qué si esa es la última medida aplicable a un niño hay tantísimos en esa situación?, ¿por qué se llega a esa situación?, porque la decisión mas fácil son los centros. La desidia de políticos, jueces, técnicos, es culpable".