El Gobierno de Canarias en Tenerife quiere cerrar la Audiencia de Cuentas en Las Palmas de Gran Canaria
La política de recortes de gastos que lleva a cabo el Gobierno de Canarias en los Presupuestos de 2013 contempla, en una de las enmiendas que se debate y vota estos días en en el pleno de la Cámara regional, la supresión de las oficinas ubicadas en la isla distinta a la de la sede oficial que por ley tienen las instituciones dependientes del Parlamento de Canarias.
La medida persigue, formalmente, una "mayor racionalización del gasto público" en 2013 pero, al menos en uno de los casos, el de la Audiencia de Cuentas de Canarias, el ahorro previsto será nulo e incluso incrementará costes por el cierre previsto de su oficina en Las Palmas de Gran Canaria (situada en la calle Viera y Clavijo, 31 - 2ª planta).
Según ha podido saber este medio de fuentes internas, la justificación de la racionalización del gasto con el traslado del Área de Fiscalización a la sede oficial de Santa Cruz de Tenerife no se corresponde con ahorro alguno, y en todo caso provocará en las cuentas del año entrante un incremento de los gastos corrientes de la institución presidida desde junio pasado por Rafael Díaz.
La existencia de la oficina de Las Palmas de Gran Canaria, donde presta sus servicios desde hace 20 años el personal auditor del Área de Fiscalización de la Comunidad Autónoma, responde al hecho de que los servicios centrales de la Consejería de Economía y Hacienda autonómica están ubicados en esa capital, y de manera operativa, también la norma legislativa de la Audiencia resalta que las relaciones derivadas de la fiscalización de la Comunidad se han de canalizar a través de la Intervención General, con sede en LPGC.
El traslado del Área de Fiscalización, según han explicado a este periódico las fuentes consultadas, no sólo centralizaría en la sede oficial de Santa Cruz de Tenerife toda la estructura de la Audiencia, sino que conllevaría un gasto añadido calculado en torno a los 60.000 euros, ya que, según datos oficiales de la propia Audiencia, la ejecución del Programa de Actuaciones para 2013 exigiría más de 400 desplazamientos de los equipos auditores a los servicios centrales de la Consejería de Hacienda en Las Palmas de Gran Canaria.
Además, el traslado del personal ahora adscrito al Área de Fiscalización, una docena de funcionarios, obligaría a ampliar espacios y a alquilar oficinas en Santa Cruz de Tenerife, cuando en la capital grancanaria cuenta con dos oficinas cedidas, de manera gratuita, una de la Dirección General de Patrimonio y otra de la Consejería de Educación.
Las fuentes consultadas también temen que, si con cierre de la oficina de LPGC y la centralización en SCTF el personal actual del Área de Fiscalización no sigue en sus puestos, se produciría la pérdida del capital humano y la experiencia de más de dos décadas ejerciendo el control de las cuentas autónomicas, con el consiguiente deterioro de la calidad y el rigor del control externo de la actividad económica y financiera de la Comunidad Autónoma.
CanariasAhora.com, 19-12-2012
1 comentario
Rosario -
Que conste que nunca les he votado. Los partidos nacionalistas son todos de derechas y solamente mira sus intereses (Burguesía pura y dura)