El PP y Valido echaron en falta a Torres

Una semana tensa, unas detenciones anunciadas que no tienen lugar, una declaración que alimenta matices y un guirigay político en torno a la presencia o ausencia de María Antonia Torres. Se cumple un mes desde que comenzó la Operación Faycán y las aguas siguen sin volver a su cauce habitual.
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Mientras la instrucción se mantenga abierta y la ex concejala permanezca ingresada en Salto del Negro y sin posibilidad de salir de la cárcel, la situación hace que el alcalde y su grupo de gobierno sigan viviendo momentos nada agradables. Estos son los principales hechos de la semana.

LUNES. Trasciende el interés de la policía por investigar la permuta realizada en agosto de 2004 por el Ayuntamiento de Telde con la empresa Iniscan y la conocida finca de San Rafael de por medio. La ex responsable de Obras Públicas da un paso que muchos estaban esperando desde hace días: anuncia su propósito de pedir al juez Javier García permiso para abandonar las instalaciones carcelarias durante unas horas y acudir junto a sus compañeros. Además, otra sala de los juzgados de Telde, en este caso la número 5, admite a trámite la querella presentada por PP y Ciuca contra el proceso de adjudicación del derecho de superficie de las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta. No hay día en el que el entramado político-judicial pierda enteros.

MARTES. Francisco Gordillo, asesor de la edil María Antonia Torres y uno de los principales imputados en la trama, aparece en un furgón de la Guardia Civil a las puertas de los juzgados de Telde. Llega directamente desde Salto del Negro para declarar ante su señoría y Luis del Río, fiscal anticorrupción. La ´mano derecha´ de Torres apenas intercambió diálogos con este y el juez menos de una hora. Curiosamente, modifica en parte su testimonio. Ahora dice que lo que recibía de los empresarios eran "donativos" para el PP en Telde, y no comisiones. Mientras, en el exterior Francisco Valido se mantiene a la expectativa sobre la presencia o ausencia de su ex portavoz en el salón de plenos y el PSOE vuelve a la carga exigiendo al alcalde que aparte del servicio al interventor.

MIÉRCOLES. Los medios de comunicación fijan ahora su atención en la operación alentada por el Consistorio con Guillermo Reyes al frente. Los documentos demuestran que la empresa Iniscan, participada por Santana Cazorla, compró San Rafael después de que el Ayuntamiento diera muchos pasos en ese sentido. El pacto se queda en cuadro al saber que el voto de calidad del alcalde es insuficiente para aprobar en el pleno varias modificaciones urbanísticas. Se inician contactos con algunos grupos de la oposición.

JUEVES. El juez deniega a Torres el permiso para salir de la cárcel a votar y dos catedráticos, blandiendo informes encargados por el PSOE y NC, sostienen que la permuta de la casona no es legal.

VIERNES. PP y Ciuca sólo consiguen el apoyo tibio de Martel en el salón de plenos y se ven obligados a dejar sobre la mesa varios puntos. La empresa Dragados prescinde de su director regional, y la obra de Mazotti en Picachos se halla paralizada.