El Defensor del Pueblo canario alerta del maltrato institucional en centros de menores

Los seis centros para menores con medidas judiciales en Canarias viven una "situación insostenible", requieren una "intervención urgente" y registran "maltrato institucional". Esta es la conclusión de Manuel Alcaide, diputado del común, figura homóloga al Defensor del Pueblo en las Islas.
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En su último informe revela cómo la Administración ha descuidado las instalaciones de los centros, se ha desvinculado de su gestión e inspección, no ha destinado el presupuesto adecuado, se ha visto desbordada y se ha enfrentado al dictamen de jueces, fiscales, abogados, fuerzas de seguridad y de emergencias. En lo que va de año, en los centros canarios (para internos de 14 a 23 años) se han producido 20 incendios, dos intentos de motín, centenares de agresiones, algunas violaciones y dos muertes. La última, la pasada semana en un incendio.
Manuel Alcaide, que ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, explica que la acusación de maltrato institucional a los menores se debe a que "se improvisan actuaciones profesionales por desconocimiento y falta de cualificación técnica; se producen intromisiones irrespetuosas en las familias; se hacen usos repetidos de internamientos; se abulta el currículo institucional de los niños por falta de definición inicial, de proyecto educativo individual, de nula responsabilidad de las instituciones, y se cambian estrategias con frecuencia, olvidándose de la prevención, la inserción social, la participación activa y el desarrollo".

Alcaide explica que el número de menores con medidas judiciales "crece de forma alarmante": de los 553 en septiembre de 2003 a los 795 en diciembre de 2004. También critica la "escasa" dotación presupuestaria que ha destinado a este ámbito el Gobierno de Canarias y, como consecuencia, reconoce que la Administración está "desbordada" en apenas cuatro años de asunción de competencias en materia de menores. Asimismo destaca el "mal estado de los centros y el incumplimiento reiterado de los fines educativos y resocializadores de la ley".

Reforma juvenil

Por ello, sugiere "que un único organismo administrativo gestione las medidas judiciales y todo lo que afecte a juzgados, fiscalías y dependencias" e insta al presidente del Gobierno canario, Adán Martín Menis, de Coalición Canaria, a que cree la Dirección General de Justicia o Reforma Juvenil, amparada por el departamento autonómico de Justicia y no por el actual de Asuntos Sociales.

El Diputado del Común advierte de la "alarma social" que se ha suscitado en las islas en torno a estas instalaciones, además "del descontrol por parte de los directivos, la carencia constante de plazas" y el ingreso de jóvenes en una isla distinta a la que reside su familia.

Manuel Alcaide dibuja un panorama "desalentador" de los centros de menores y recuerda las quejas expresadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Fiscalía: "Masificación, carencia de espacio y habitabilidad, urgente necesidad de crear un centro que acoja a los menores de Lanzarote y Fuerteventura, existencia de más de 40 menores con sentencia firme que están en libertad a la espera de ingresar en los centros, necesidad de contar con un centro terapéutico para trastornos de conducta".

El Defensor del Pueblo canario también revela la delegación inadecuada "que el Gobierno hace de la gestión de los centros en manos privadas, no habilitación del presupuesto necesario, ausencia de enseñanza obligatoria, carencia de libros de textos y bibliotecas". Entre otras deficiencias de la Administración, los jueces y fiscales aluden a que las comparecencias no se pueden celebrar ni festivos ni fines de semana porque el Gobierno no dispone de un servicio de guardia. "Un menor que delinque un viernes queda retenido hasta el lunes", señalan.

Además, se destaca que la Dirección General de Protección al Menor y la Familia sólo dispone de 19 profesionales en el servicio de ejecución de medidas judiciales. Si a fecha de junio de 2004 había 786 menores cumpliendo medidas judiciales, a cada funcionario correspondían 40 expedientes. Este hecho explica, según el informe, que el equipo haya llegado a tardar más de un año en contactar con un menor, que sean éstos los que deban acudir a las citas en los despachos y que no exista intervención en el medio familiar y social de los jóvenes.

Retorno a las familias

Alcaide añade que "se envía a los menores a sus familias sin verificar el beneficio de estas estancias" con la única justificación de "necesidades del servicio, ajustes de calendarios y horarios laborales" y advierte de los "presupuestos restrictivos, recortes económicos, desorientación en los servicios y la provisionalidad sujeta a cambios políticos, no técnicos".

El documento del Diputado del Común alerta de las condiciones de "hacinamiento" en los centros cerrados, donde no hay separación por edades, sexos, dificultades de conducta o toxicomanías. También advierte de que se ha procedido a ceder la gestión a entidades o fundaciones "sin adecuada inspección de recursos personales y materiales" y "falta de preparación de los educadores".

El Defensor del Pueblo canario afirma que los vigilantes de empresas privadas desempeñan "funciones no sujetas a la normativa que los regula", porque "desempeñan su labor en el interior de los centros, participan en actividades educativas y de ocio". Además, pone en duda la cualificación profesional de algunos y revela la ausencia de una normativa concreta en Canarias para esta función. También detecta la carencia de la figura del cuidador. En los centros sometidos a medidas judiciales se encuentra un variado abanico de jóvenes con distintos problemas, desde delincuentes con delitos de sangre a otros con problemas de conducta.

El Diputado del Común recomendó en su informe que, "a la mayor brevedad" se atiendan "las necesidades específicas de menores y jóvenes con problemas de conducta" y se habiliten hogares o centros "específicos para el tratamiento de estas alteraciones, que permitan la vigilancia permanente y la contención adecuada". Entre sus preocupaciones también cita "la dificultad de encontrar personal dispuesto a trabajar en estos centros o con el perfil idóneo" para un trabajo que reconoce "complejo con niveles de tensión muy altos".

Correas de contención, noches en el suelo

El Gobierno de Canarias ha delegado la gestión de los seis centros para menores con medidas judiciales primero en una ONG (Cicerón Siglo XXI) y, después, en una entidad pública (Fundación Ideo). Sólo el centro de Gáldar está gestionado por una empresa pública municipal.

Los responsables de Cicerón Siglo XXI (con implantación en otras comunidades) fueron destituidos el año pasado bajo la acusación de malos tratos a los internos, cuando el fiscal de menores requisó numerosas correas de contención psiquiátrica en al menos tres de los centros (Nivaria, La Montañeta, Valle Tabares). En La Montañeta se demostraron casos de violación. En Gáldar, los chicos, incluidas algunas embarazadas, dormían en el suelo, muchos incluso sin colchonetas.

La gestión pasó a la llamada Fundación Ideo, cuyo capital social lo aporta el Gobierno canario y cuyos responsables son la titular de Asuntos Sociales, la de Protección al Menor y la Familia, y el titular de Juventud. Éstos nombraron a un gerente, quien asumió la responsabilidad práctica de los centros en funciones básicas como mantenimiento, normativas, horarios, contratación de personal, proyecto educativo o vigilancia -algunos guardas tenían antecedentes penales y carecían de homologación-.

La creación de más plazas choca con la oposición de los alcaldes. Macario Benítez, del PSOE, ha anunciado una huelga de hambre del grupo gobernante de El Rosario si se reabre el centro Nivaria, clausurado por orden judicial el pasado domingo.