EDITORIAL. Cómo el Gobierno de Canarias discrimina a ganaderos y agricultores de la provincia de Las Palmas

 

EDITORIAL

Ante la visita del comisario europeo de Agricultura Dacian Ciolos a Tenerife, que no a nuestro Archipiélago, no es sólo que el Gobierno de Canarias -manifiesto enemigo de Gran Canaria, gobierne quien gobierne, ora con los inútiles del PSOE ora los derechistas del PP- haya decidido que el representante de la UE para el sector primario no debe conocer ninguna otra necesidad que no sean los exclusivos de la Isla Picuda. 

Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura tienen el peso demográfico suficiente y más que graves problemas de supervivencia de su sector primario -entre los cuales se encuentran de forma destacada la crisis del tomate-, para exponerle directamente sus preocupaciones y hacer sus aportaciones sobre los posibles cambios al programa que regula las ayudas de la UE a la agricultura y a la producción local de regiones ultraperiféricas como la nuestra.

En cualquier caso, lo fundamental es el reparto regional de los fondos económicos recibidos de Europa, gestionados a través del POSEI (Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias) y que se van año tras año, de forma abrumadora mayoritaria, a nutrir los intereses de los caciques locales de Tenerife y La Palma a través de subvenciones al cultivo del plátano.

Y no sólo eso, sino que además, del resto que queda para otros cultivos como el tomate -mayoritariamente cultivado en Gran Canaria- y para la ganadería, el Gobierno de Canarias retrasa sistemáticamente las ayudas de las que se benefician principalmente Fuerteventura y Gran Canaria (cuya cabaña ganadera se ha visto muy minorada a partir de que el catastrófico José Manuel Soria, del PP, liquidara la empresa pública SIALSA en su etapa al frente de nuestro Cabildo Insular) y que supone apenas un 10% de lo que recibe el plátano. 

Es necesario por tanto una respuesta firme y contundente, social y política desde la Provincia de Las Palmas para que el sector ganadero obtenga un trato equitativo en el reparto de los fondos del POSEI 2014-2020, así como que reciba de una vez el pago de las ayudas que el Gobierno de Canarias les adeuda desde el año 2009. Destaquemos que el subsector caprino-ovino representa un valor de producción del 9,83%, mientras que su peso en el cuadro del POSEI es de menos de la mitad, con apenas un 4,7%.

Los ganaderos exigen con toda justicia que se aplique la misma vara de medir que a otros sectores. Ganado hay en todas las islas y, sin embargo, son otros con menor peso productivo, fundamentalmente el plátano tinerfeño, los que acaparan el 70% de las ayudas al POSEI. Esto es profundamente injusto para islas con una importante tradición ganadera como Fuerteventura, Lanzarote o Gran Canaria.

Se debe por tanto convocar la mesa del POSEI, haciendo que su representación sea por islas, procediendo además al pago inmediato de los fondos que aún les adeuda el Ejecutivo Regional y que supera aproximadamente los 12 millones de euros desde el año 2009.

Por años, el Gobierno de Canarias con sede en Tenerife debe aún a nuestros ganaderos el 26% de la ayuda de 2009, el 48% del 2010, el 81% del 2011, y con la previsión de que de las ayudas del 2012 solo se les abonará el 32%, con lo que respecto a ese año previsiblemente también quedará pendiente de cobro el 68% del total de las ayudas solicitadas.

Desde hace más de 20 años, el 70% de las ayudas europeas que llegan a Canarias van destinadas por el Gobierno de Canarias, en manos de Coalición Canaria con el apoyo alternativo del PP o del PSOE, al sector platanero. Es decir de los 260 millones de euros, 141 millones se reparten entre los agricultores de plátanos, mientras que el sector ovino-caprino, mayoritario en la Provincia de Las Palmas, recibe sólo unos 10 millones de euros. Además, cuando en plena crisis Europa ha asignado 22 millones de euros más a Canarias para este año, estos han ido íntegros al sector del plátano.

Es necesaria una acción con la máxima energía frente el actual Gobierno de Canarias (CC y PSOE) para recuperar todo el dinero que, por este medio, le están robando a Gran Canaria y a la Provincia de Las Palmas.