Las actas del Cabildo de Gran Canaria tampoco encajan con la declaración de Soria ante la jueza

Pedro Guerra y Teresa Cárdenes

Las actas del Cabildo de Gran Canaria relacionadas con el expediente de Anfi Tauro tampoco encajan con la declaración prestada por José Manuel Soria ante el TSJCpor el caso del salmón cuando fue interrogado sobre el momento en que vio el expediente relativo a este proyecto turístico. A una pregunta del fiscal sobre "el momento en que vio el expediente del Cabildo" sobre Anfi Tauro presentado a la Corporación por el empresario que lo invitó a un viaje a Austria y Noruega en jet privado, Björn Lyng, Soria dijo que no lo había hecho hasta que le fue presentada una denuncia por el periodista Carlos Sosa, hace tres meses. Sin embargo, no es eso lo que se infiere de la documentación que figura en el Cabildo.

Cuando el 26 de noviembre el fiscal Anticorrupción, Luis del Río, interrogó a Soria sobre "el momento en que vio el expediente del Cabildo, responde que a raíz de la denuncia lo vio por primera vez", según la transcripción literal de la declaración. Sin embargo, Soria había apelado tres años antes a los informes jurídicos y técnicos que avalaban el informe favorable al proyecto turístico de Anfi Tauro para desestimar en un pleno del Cabildo la petición socialista de que quedara sin efecto el dictamen del consejo de gobierno de la coporación sobre Anfi.

Según el acta del pleno ordinario de 27 de octubre de 2005 del Cabildo, el socialista José Miguel Pérez le pide a Soria que "anule el acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno Insular" (sobre Anfi Tauro) por entender el PSOE que el Consejo de Gobierno no era el órgano competente para adoptar esa decisión. El acta transcribe de la siguiente forma la respuesta de Soria: "El acuerdo no va a ser anulado ya que el grupo de gobierno atiende más a los informes que se emiten por parte de los órganos jurídicos del Cabildo, y por parte de los técnicos correspondientes de cada una de las áreas, antes que a los informes, muy respetables por cierto, de la oposición".

Todo esto ocurrió días después de que el Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el 20 de octubre de 2005 (y a la que asistieron por parte del equipo de gobierno Miguel Jorge Blanco, Larry Álvarez, Salud Gil y Rosa Rodríguez, y se ausentaron Juan José Cardona y José Jiménez, además del propio Soria), acordara declarar de interés general el proyecto urbanístico de Anfi Tauro.

Y ello a pesar de que el grupo socialista entendía que era una decisión que le correspondía adoptar al presidente del Cabildo, y así se lo hizo saber en un pleno anterior de fecha 29 de septiembre de 2005. De hecho, en ese pleno, Soria reprochó a José Miguel Pérez que tratara de presentar el proceso como si fuera el presidente, y no un órgano colegiado, el que fuera a otorgar discrecionalmente el dictamen favorable a Anfi.

Lo cierto es que, entre el pleno de 29 de septiembre y el Consejo de Gobierno de 20 de octubre, alguien del equipo que presidía Soria encargó un informe jurídico que validó la tesis de que el órgano competente para adoptar un acuerdo como el de promover el interés general del proyecto Anfi Tauro era el Consejo de Gobierno y no el presidente de la corporación.

Información de: La Provincia, 4-12-2008