José Segura insinúa que el Gobierno canario oculta información sobre la violencia en los centros escolares

El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, insinuó ayer que el Ejecutivo autonómico oculta la violencia de los escolares en los centros y en sus domicilios y declaró que "me gustaría escuchar" una evaluación "pública" al respecto por parte de los responsables de las consejerías de Educación y de Asuntos Sociales del Gobierno regional.
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Segura apuntó que ha escuchado en los últimos meses comentarios de numerosos profesores que le alertaban del "gamberrismo y de actitudes incívicas" en los centros escolares y en los domicilios de muchas familias isleñas y avisó que "se trata de un problema cultural" que tiene consecuencias "bastante penosas" para la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica en nuestra comunidad autónoma, informó Ideapress.

Denunció que "un gran porcentaje de familias de las Islas muestran además un gran desinterés" por mejorar y preocuparse por la adecuada educación y formación de sus hijos, hecho que achacó en parte a que Canarias es una de las autonomías "con más bajo nivel educativo".

Segura reseñó que ha escuchado a muchos docentes advirtiendo de las "actitudes violentas" en sus respectivos centros escolares, no sólo hacia los profesores, sino también hacia los padres en sus domicilios, y avisó que "se trata de un problema de todos que en muchos casos, y con el paso del tiempo, deriva en más delitos sexuales y de malos tratos" en las Islas.

La aseveración del delegado y la negativa de la Consejería a admitir la existencia de violencia en las aulas contrasta con las actuaciones que, de oficio, se llevan a cabo en la Fiscalía de Menores. Así, el portavoz de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Guillermo García Panasco, confirmó ayer la intervención de la Fiscalía "en aquellos casos en que existe una base sobre un posible acoso escolar". Sin embargo, García Panasco precisa que se trata de actuaciones individualizadas, al tiempo que aclara que no todos los casos de violencia en el centro escolar pueden considerarse como acoso escolar.

En octubre del pasado año la Fiscalía General del Estado dio instrucciones a los miembros del Ministerio Público para que actúen contra el acoso escolar al primer indicio y que, en casos extremos, se dicten órdenes de alejamiento de sus víctimas para los menores acusados de esta infracción.

Estas medidas forman parte de una batería de recomendaciones que la Fiscalía ha transmitido a los fiscales de Menores del territorio nacional contenidas en la Instrucción 10/2005 Sobre el Tratamiento del Acoso Escolar desde el Sistema de Justicia Juvenil. Desde la máxima instancia de la Fiscalía se recomienda una "tolerancia cero" con este tipo de actuaciones igual que se ha hecho con los delitos relacionados con la violencia doméstica. A raíz de la mencionada instrucción la Fiscalía del TSJC reconoció que en el órgano de Menores estudia varios casos en las Islas que podrían ser englobados en el concepto de acoso escolar. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía reseñan la imposibilidad de cuantificar por el momento estas infracciones. El acoso escolar se entiende como un compendio de delitos o faltas tipificadas que van desde las amenazas a las vejaciones, y hasta las agresiones físicas o psíquicas, siempre y cuando se haga de manera reiterada.

La Fiscalía General alentó a los fiscales para que actúen al menor indicio, incluso cuando se denuncien hechos considerados leves y se incoe el correspondiente expediente, al que deberá seguir un exhaustivo interrogatorio de la supuesta víctima para esclarecer el hecho denunciado.