¿Corrupción en Tenerife? : la Fiscalía de Santa Cruz tarda 17 meses en rastrear un ´pelotazo´ de 120 millones

TERESA CÁRDENES

Diecisiete meses disponibles para rastrear un pelotazo urbanístico valorado en 120 millones de euros (el equivalente a veinte mil millones de las antiguas pesetas) y ni una sola decisión. Es el resumen del kafkiano proceso que se registra en torno al llamado caso de Las Teresitas, la célebre playa de Santa Cruz de Tenerife, donde una sociedad vinculada a dos de los más importantes empresarios de aquella isla logró obtener unos beneficios de 120 millones de euros sin aportar de su propio bolsillo ni una sola de las antiguas pesetas. La delegada de la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife, María Farnés, tiene una denuncia en sus manos desde junio de 2005.

Han pasado 17 meses y alrededor del caso crece un larvado escándalo de naturaleza política, pero la fiscal Farnés se toma su tiempo, evita cualquier comentario a los medios de comunicación y se enroca en un único argumento: la investigación continúa y decidirá "en fechas próximas" si observa indicios delictivos y pone el caso en manos de un juez o, por el contrario, lo archiva.

30 de junio de 2005. El colectivo Ínsula Viable, integrado por militantes de base del Partido Socialista, presenta a la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos (Anticorrupción) una denuncia que detalla todos los indicios de irregularidad que observa en la operación urbanística de Las Teresitas. La denuncia se sustancia sobre la intervención de tres actores. El primero, Inversiones Las Teresitas (ILT), una sociedad vinculada a dos pesos pesados del empresariado tinerfeño, el constructor Antonio Plasencia e Ignacio González, actual presidente de la Cámara de Comercio. El segundo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, firmante con los primeros de un convenio urbanístico sin el cual jamás habría fraguado el multimillonario negocio de Inversiones Las Teresitas. El tercero, otro auténtico poder fáctico de la sociedad tinerfeña, CajaCanarias, que prestó el dinero con el que arrancó la polémica operación urbanística.

La secuencia temporal de los hechos ya es de por sí elocuente. Inversiones Las Teresitas se constituye el 24 de junio de 1998 y en sólo 48 horas consigue un préstamo de alto riesgo de CajaCanarias por valor de 33 millones de euros (5.500 millones de las antiguas pesetas), dándose la paradoja de que en el consejo de administración de la entidad financiera figuraba como miembro el propio Ignacio González. El mismo día, ILT compra por 30 millones los terrenos de Las Teresitas a la Junta de Compensación que manejaba los terrenos anexos a la playa y sólo tres días después, otra curiosa coincidencia temporal, el Tribunal Supremo emite una sentencia que rebaja las expectativas edificatorias en el frente de playa, aunque permite levantar seis hoteles de nueve plantas y dos centros comerciales. Tres años más tarde, el pleno del Ayuntamiento santacrucero aprueba por unanimidad un convenio urbanístico por el que compra a ILT el frente de playa por 52 millones de euros (8.750 millones de pesetas) y pacta con Inversiones Las Teresitas la recalificación del suelo que ésta se reserva en la zona conocida como Valle de Huertas.

En efecto, la recalificación reconvierte el uso de este suelo de extrahotelero a residencial. El Ayuntamiento adelanta a ILT el 65% de lo estipulado en el convenio y la sociedad enjuga su deuda con CajaCanarias. En 2004 se formaliza la modificación del plan parcial, que recalifica el suelo de Valle de Huertas, e Inversiones Las Teresitas vende el 90% de los terrenos a la división inmobiliaria de una aseguradora por 96,1 millones de euros (16.000 millones de pesetas). En ocho años y sin gastar ni un euro, Inversiones Las Teresitas ha quintuplicado el valor de su inversión y obtenido un beneficio de 120 millones de euros.

Información de: La Provincia, 3-12-2006