A la espera de la fiscal Farnés

TERESA CÁRDENES

La fiscal anticorrupción en Tenerife, María Farnés, es tan discreta que ni siquiera permite que la fotografíen los medios de comunicación. Su lentitud con el ´caso Las Teresitas´ la ha convertido en víctima de opiniones para todos los gustos: desde quienes justifican su meticulosidad, hasta quienes consideran que bordea la ilegalidad. ¿Qué ha hecho María Farnés en los 17 meses transcurridos desde que Ínsula Viable denunciara la operación urbanística de Las Teresitas ante la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos? De entrada, salvaguardar bajo una losa de secreto casi invulnerable todas sus actuaciones y dilatar la investigación, lo que le ha granjeado no pocas críticas por supuesta desidia, lentitud e impericia.

Sus detractores le censuran que no empezara a tomar medidas hasta muchos meses después de formulada la denuncia. Seguir el rastro de sus actuaciones no es fácil. Se sabe, sin embargo, que desde el mes de agosto de 2005 empezó a reclamar y a recibir documentación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al que se ha dirigido hasta en ocho ocasiones diferentes para solicitar información relativa al expediente: desde el convenio por el cual el Ayuntamiento compró el frente de playa a Inversiones Las Teresitas SL (ILT), a la recalificación del suelo que esta empresa se reservó en la zona conocida como el Valle de Huertas.

Farnés reclamó igualmente a CajaCanarias todo el expediente del crédito concedido a ILT para la compra del suelo de Las Teresitas a la Junta de Compensación. Aunque en materia bancaria fue más allá y solicitó a diferentes entidades extractos de movimientos en cuentas vinculadas a varios de los actores que participaron en la operación de Las Teresitas: desde los empresarios Antonio Plasencia, Ignacio González y su hijo Pedro González Santiago, a los políticos Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y Manuel Parejo, concejal de Urbanismo cuando se firmó el polémico convenio con ILT.

Más recientemente, la fiscal demandó a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial un informe sobre Las Teresitas, que este departamento emitió con la conclusión final de que no observaba ninguna irregularidad formal. Después del verano y por orden de Farnés, personas vinculadas a la investigación celebraron una reunión con los denunciantes del caso, aunque en ella se hiciera poco más que informar al colectivo Ínsula que el caso estaba siendo analizado, sin concretar detalle alguno. Desde entonces, este colectivo no ha vuelto a tener noticias de la Fiscalía.

En medios conocedores del caso sí se da por hecho, sin embargo, que la investigación, que arrancó a medio gas, se reactivó justamente después del verano, en teoría por una intervención directa de la Fiscalía Anticorrupción desde Madrid, que se ocupa que coordinar y hacer un seguimiento a lo que hacen todos y cada uno de sus delegados periféricos.

Las opiniones sobre la gestión de Farnés no son siquiera coincidentes en medios judiciales. Para unos, su retraso en tomar una decisión sobre Las Teresitas es injustificable. Para otros, es la meticulosidad y profesionalidad de la fiscal la que está provocando la demora. Desde fuera se censura a Farnés que incumpla el mandato del Estatuto fiscal de tomar una decisión en un plazo máximo de seis meses. Desde dentro se da por hecho que Farnés cuenta con el beneplácito de Madrid para sucesivas prórrogas de este plazo, dada la complejidad de la investigación.

Información de: La Provincia, 3-12-2006