El Gobierno de Canarias impone a la Opera en Gran Canaria un retroceso de 45 años

Después de 45 convocatorias anuales en constante progreso cualitativo las temporadas de ópera de Las Palmas de Gran Canaria abocan al replanteamiento de su futuro. El Gobierno canario ha rebajado en un 90% la aportación económica de 2011 cuando el programa de 2012 estaba cerrado y comprometido sobre el presupuesto de la edición anterior ya decreciente en sucesivos tramos. Las cifras hablan con elocuencia: de 600.000 euros de financiación autonómica en la temporada de 2010 a 480.000 en 2011 y ahora a solo 40.000 para 2012, frente a los 350.000 esperados. La ponderada disminución de otras ayudas económicas institucionales, motivada por la crisis, refleja un respeto que contrasta con el flagrante recorte del Ejecutivo autónomo que desde las instituciones grancanarias -Ayuntamiento y Cabildo incluidos- se entiende como un menosprecio a la ciudad y a Isla ya que el Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria surge como fruto de una iniciativa de la sociedad civil, que por su historia, antigüedad y prestigio se ha ganado un gran respecto internacional. Y sobre todo porque se sospecha que desde el Gobierno regional subyace más que un razonable ajuste económico un intento de equiparar el Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria con el de Tenerife, mediante una fusión de ambos eventos, cuando por trayectoria, tradición y afición en nada son comparables.

Nadie cuestiona los recortes en una época de crisis económica y restricción presupuestaria pero una rebaja del 90% como se ha anunciado por parte de la Consejería de Cultura del Gobierno canario para el festival de ópera tiene una difícil defensa por entrañar efectos aniquiladores en un festival que se ha incorporado al patrimonio cultural intangible de la Isla. En este momento las posibilidades de programación se contraen a tres títulos representados, que son justamente los del comienzo de la actividad en 1967. En resumen, la ópera de la ciudad sufre un retroceso de 45 años.

Todos los entes y actividades culturales respaldados en mayor o menor medida por el Gobierno de Canarias se enfrentan este año a una crisis de supervivencia con rebajas que superan globalmente el 60% y dejan en paro a centenares de trabajadores. No ocurre así con las apoyadas por Gobiernos insulares y locales, igualmente alcanzadas por la crisis pero más certeras en el ajuste de sus prioridades. El que indague en los porqués de esas brutales diferencias difícilmente podrá evitar la sensación de que un gobierno que se reclama nacionalista margina la cultura al último lugar de la escala, con cortes sin parangón en otros capítulos del presupuesto regional. Y, aunque no sea de su directa competencia en esta legislatura, los socialistas que comparten el poder son igualmente responsables por omisión.

Esa hiriente infraestima se explica en parte por la ligereza en la distribución de los cargos y las funciones, más basada en equilibrios y repartos de conveniencia política, personal y territorial que en la idoneidad de las personas designadas. Si hoy vemos en la dirigencia de la cultura a los que ayer regían cualquier otra cartera poca sensibilidad específica y escaso conocimiento cabe esperar de sus actos y decisiones sobre todo cuando algunas de sus resoluciones responden no a criterios de contención, ahorro y mesura en el gasto sino a compensaciones malentendidas de un supuesto pleito insular en la programación cultural. El presupuesto autonómico se elabora sobre criterios generales, pero debe perfeccionarse en la defensa de las prioridades marginadas a despecho de su importancia. Y hay fórmulas como en el caso de la oferta operística para poder suavizar los recortes previstos como por ejemplo la colaboración de Turismo dada la repercusión nacional e internacional que tiene el festival de Las Palmas de Gran Canaria, que ya ha recibido centenares de peticiones de entradas de distintas partes del mundo. La educación, aparentemente tan respetada, pone al individuo en el camino de la razón práctica pero también en el umbral de los bienes culturales que ha de elegir como afirmación de su individualidad espiritual y social. Si esto se excluye la educación nace mutilada.

Hablamos de las temporadas de ópera por su propia importancia y por constituir una tradición consolidada en Gran Canaria, seña de identidad de una predilección incontestable y perfil de una diferencia cualificadora, pero también como símbolo del impulso creativo que abarca otros muchos lenguajes y expresiones. La ópera de Las Palmas encaja desde siempre los tópicos interesados del elitismo y el coto cerrado. Los políticos que participan de esta actividad saben perfectamente -y es de esperar que lo defiendan en sede parlamentaria- que los veinte mil espectadores sumados en cada edición hasta que llegaron las rebajas no responden en modo alguno al concepto de elite. Todas las localidades se llenan, desde las más costosas, que son baratas en comparación con las de otras ciudades, hasta las más económicas. Y está muy claro que quien califique de "coto cerrado" a una iniciativa privada nunca retribuida, pero avalada por el crecimiento y el éxito, niega irresponsablemente la absoluta necesidad de esa iniciativa en todas las sociedades libres. Ya está bien de demagogia para solapar la incultura. Hay que decir al Gobierno de Canarias que se equivoca lamentablemente. La ópera y todas las artes que los canarios amamos y practicamos no son un lujo incompatible con los rigores de la crisis general, sino, precisamente, uno de los valores que pueden hacer llevadera ésta y todas las crisis. Ignorarlo es negar nuestra historia.

[Editorial de La Provincia, 19-2-2012]