Castilla y León, dos autonomías y HECANSA

ONELIO RAMOS

Una de las cuestiones más de licadas que deberán ser abordadas por el Partido Socialista, en tanto en cuanto que partido gobernante, en el curso político que ahora ha dado comienzo, es la reforma de los estatutos de autonomia y de la propia Constitución Española de 1978. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene empeñada su palabra en hacer realidad esa reforma, respaldando las iniciativas que surjan desde las comunidades autónomas. A ello se ve urgido, asimismo, por el compromiso explícito que tiene contraído con el tripartito catalán, que viene reclamando esa reforma desde que accediese al poder el pasado año en Cataluña, lo que ratificó este mismo año al prestarle sus votos a ZP para que pudiese convertirse en presidente.

No va a ser un proceso fácil según coincidencia generalizada de los analistas políticos. A las exigencias del todo maximalistas planteadas por el Gobierno Vasco, a través del llamado Plan Ibarreche, se han venido a unir las catalanas, cuyo presidente, Pascual Maragall, insiste en sus propuestas de federalismo asimétrico que es un modo, como otro cualquiera, de reclamar para sí privilegios y protagonismos que son del todo incompatibles con los postulados constitucionales de que “todos los españoles son iguales ante la ley”.

Las discrepancias que han aflorado y manifestado semanas atrás entre el propio Pascual Maragall y su socio de Esquerra Republicana de Cataluña, Carod Rovira, son indicativas del grado de dificultad al que se puede llegar en las reformas estatutarias. Recordemos al respecto que los socios del Gobierno catalán no se ponen de acuerdo sobre cómo considerar a Cataluña. Maragall dice que ellos son una “nacionalidad histórica” mientras que Carod Rovira y los suyos reclaman la consideración de “comunidad nacional”. Ya he escrito en otra ocasión reciente sobre lo muy incongruente y falsario que resulta considerar sólo a Cataluna, País Vasco y Galicia como comunidades históricas, basándose únicamente en el hecho que de las tres vieran aprobados sus respectivos estatutos autonómicos durante le Segunda República, al tiempo que otras autonomías, entre ellas la canaria, no llegaron a tiempo de lograr su aprobación por culpa del golpe militar de Franco y el estallido de la Guerra Civil.

Abierto el melón de las reformas, tal como se ha venido reclamando desde diversas instancias y la práctica totalidad de los territorios autonómicos, tendremos ocasión de comprobar si el cacareado talante de Zapatero es capaz de contentar todas las exigencias sin que el proceso termine en discusión y bronca más propia de un zoco moruno. También Canarias y los canarios queremos ver reformado nuestro Estatuto de Autonomía. Y en esa reclamación observamos por parte de nuestros políticos un exceso de mimetismo respecto a otras autonomías. Parece que quienes nos dirigen son incapaces por sí mismos de plantear exigencias propias que vengan a dar respuestas específicas a los específicos problemas que plantea una autonomia tan peculiar como la nuestra, que a su condición insular une la fragmentación de su territorio y la ultraperificidad... Y algo más, que es lo que muy deliberadamente ignoran quienes dicen gobernarnos: la necesidad de abordar de una vez por todas la conveniencia y necesidad de la doble autonomia.

En efecto, ninguna reforma estatutaria en nuestra Comunidad tiene sentido si no contempla la posibilidad de hacer realidad la doble autonomía. Quienes defendemos esos postulados y los hemos convertido en doctrina de nuestro grupo político, el Partido de Gran Canaria, pensamos que es el momento de abordar con valentía, sin tapujos ni complejos, la gran cuestión pendiente que debemos resolver los canarios: el modelo de convivencia autonómica con el que queremos dotarnos. La ocasión es doblemente propicia, tanto por la propia exigencia que cada vez se abre paso por parte de muchos ciudadanos. sobre todo grancanarios, que consideran agotado el actual modelo, como por el nuevo tiempo político iniciado con el acceso al poder del Partido Socialista. Ha sido el propio Partido Socialista quien ha vuelto a poner sobre el tapete una vieja cuestión a la que debemos mirar con el mayor interés: la segregación de León de de la Comunidad Autónoma de Castilla-León, convirtiéndose en comunidad autónoma dentro de ésta. Del mismo modo que el contencioso leonés fue objeto de un mal apaño en el momento de configurarse el Estado de las Autonomías, la solución dada al caso canario fue igualmente chapucera.

El tiempo ha venido a demostrar que la solución no fue, ni con mucho, la mejor de las posibles y por ello desde entonces Gran Canaria y su provincia ha estado sometida a un continuo saqueo político e institucional con la permisividad de toda la clase política grancanaria, que no ha hecho absolutamente nada para remediarlo, y el último ejemplo lo tenemos en el desmantelamiento de la infraestructura turistica existente en nuestra Isla mediante el traslado a Tenerife de: Saturno, Hecansa y la central de reservas,una medida que llevará al paro a más de medio centenar de empleados.

Si traigo a colación el caso leonés es, sobre todo, por la actitud que al respecto mantiene el Partido Socialista, que ha vuelto a manifestarse partidario de una propuesta de separación de dos autonomías que ahora aparecen artificiosamente unidas, tanto como lo estamos en Canarias. Sería interesante conocer las verdaderas razones por las que en Castilla-León el Partido Socialista mantiene unas tesis que no comparte, al menos hasta ahora, en Canarias. En cualquier caso, el abierto debate merece que sea tomada en consideración la propuesta de la doble autonomía, so pena que la reforma termine por llevarse a cabo muy lampedusianamente, tal como se refleja en la novela "El Gatopardo": "cambiar algo para que nada cambie". Y en Gran Canaria ya ha llegado la hora de que el cambio sea real y efectivo. Es decir, estatutario, convirtiendo a Canarias de dos autonomías que nos liberen del yugo ático y de la pasividad de la clase política grancanaria, que tiene ahora la oportunidad de corregir los lamentables acuerdos de Las Cañadas y de Medinaceli.

Son cada vez más las razones que avalan las tesis a favor de dos autonomías para Canarias. La Ley de Sedes fue una propuesta pretendidamente equilibradora y equidistane entre Gran Canaria y Tenerife, pero que, a la hora de la verdad, ha quedado reducida a esteril papel mojado, tanto por la volunta ática de no desarrollarla, como por la increíble e insólita complicidad de la clase política grancanaria, que asiste imperturbable, y por lo mismo cómplice
de lesa grancanariedad, a su sistemático incumplimiento. El último episodio de los atropellos y expolios que padece Gran Canaria es el desmantelamiento de Hecansa, que viene desarrollándose ante el autismo, indiferencia, compadreo y entreguismo de quienes nos desgobiernan. A la vista de ese panorama tan desolador para el futuro grancanario hay que estar muy ciego para no reaccionar con la contundencia que el caso requiere. Y a la vista de las actitudes y comportamientos por parte de ATI, la doble autonomia se abrirá paso, cada vez con más fuerza e ilusión, para sacar a Gran Canaria del pozo de ostracismo en que quieren mantenerla.