Estatuto: debate secuestrado, oportunidad perdida

ROMÁN RODRÍGUEZ
Presidente de Nueva Canarias (NC)

Un factor determinante en el progreso y el desarrollo alcanzado por Canarias en las últimas décadas ha sido, sin duda, el autogobierno. Desde 1983, y por primera vez en su historia, las Islas cuentan con un estatuto político propio, con instituciones suprainsulares emanadas de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Veinticinco años después del inicio del proceso autonómico ha llegado el momento de introducir modificaciones en él. La sociedad no es la misma que aquella que acababa de salir de la larga noche del franquismo; han surgido nuevos retos, como los vinculados al reciente fenómeno migratorio o los que atañen a las nuevas tecnologías; y, además, en el plano político, el Gobierno del Estado y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, han abierto un proceso de definición del nuevo modelo autonómico en el marco de una interpretación flexible de la Constitución Española de 1978, circunstancia impensable con un PP de escasa vocación autonomista.

El Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado en 1982 fue claramente otorgado. Elaborado en los despachos por los partidos y con escaso conocimiento social y nula participación ciudadana. Ahora, dos décadas después, y con muchas menos justificaciones, se han vuelto a repetir los mismos errores. Y en mi opinión es completamente inaceptable que el nuevo texto estatutario se haga al margen de la sociedad. Durante casi dos años, PSOE, PP y ATI-CC han secuestrado el debate, limitándolo de forma casi exclusiva a la discusión sobre el sistema electoral canario. Un asunto, además, que han resuelto de forma confusa y aplazando la decisión para el futuro. Casi dos años perdidos, por tanto, sin la menor justificación, salvo los estrechos intereses partidarios.

Si su elaboración ha sido todo menos transparente, presentando un grave déficit democrático en todo el proceso, sus contenidos también presentan numerosos aspectos más que cuestionables. Comenzando por su preámbulo, que nos presenta una pobre, sesgada, economicista y centralista interpretación de nuestra historia; sin referencia alguna al hecho nacional canario (lo que supone un retroceso respecto a la reforma del 96, que nos definía como nacionalidad) y con un brillante descubrimiento: somos un "archipiélago atlántico".

Ese intencionado olvido a nuestro carácter nacional va a tener relevantes consecuencias, como ya ocurriera en el nacimiento del modelo autonómico con la diferencia establecida entre las autonomías que accedían por el artículo 151 y las del 143. Por eso, Andalucía, de modo inteligente, se ha sumado al carro de las que serán las autonomías de primer nivel, como ya hizo con su primer Estatuto incorporándose a las denominadas comunidades históricas.

Asimismo, el nuevo Estatuto no resuelve en modo alguno el preocupante desequilibrio de poderes institucionales de la Comunidad Autónoma Canaria. PP y PSC-PSOE han sido incapaces de enfrentarse a ATI, permitiendo que se mantenga el actual desequilibrio institucional (Parlamento con sede estable en Santa Cruz de Tenerife y Presidencia del Gobierno alternante, cada cuatro años, entre las dos capitales canarias) y contribuyendo, por tanto, a la inestabilidad y la confrontación.

Por otra parte, y para rematar un proceso profundamente chapucero, al original texto estatutario se le han incorporado a última hora muchos contenidos, que suponen casi la mitad de su articulado, sin que el Consejo Consultivo -que ya cuestionó partes sustanciales del nuevo Estatuto- haya podido opinar sobre los mismos. Esto supone una debilidad extrema para el texto que va a ser remitido al Parlamento español. Entiendo que al margen de su presunta intencionalidad política, el presidente del Parlamento canario estaba legitimado para solicitar la opinión del Consultivo en un asunto de este calado, y sorprende que éste haya actuado en sentido bien distinto a como lo ha hecho en otras ocasiones.

Por todo ese cúmulo de dislates -ocultismo y falta de debate en la sociedad canaria, ausencia de referencias a nuestro hecho nacional, mantenimiento de los actuales desequilibrios institucionales, etcétera- considero que lo más correcto sería aprovechar parte del trabajo realizado, pero trasladando la decisión sobre el nuevo Estatuto al Parlamento que surja de las urnas en mayo de 2007. De lo contrario, tendremos un Estatuto muy débil, sin apoyo ciudadano, y cuya estructura competencial (con la que en Nueva Canarias-Nueva Gran Canaria estamos básicamente de acuerdo) puede ser sensiblemente recortada por los poderes centrales en su proceso de tramitación, sin apenas encontrar resistencia.

Información de: La Provincia, 13-8-2006