El fraude cometido por el Gobierno de Canarias en nuestro Teatro Guiniguada es investigado por la justicia

La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el informe de la inspección extraordinaria de servicios realizada en octubre de 2005 para esclarecer el expediente de obras del Teatro Guiniguada de la capital grancanaria al detectar indicios de delito.

Así lo explicó en el Parlamento regional el titular del área, José Miguel Ruano, quien defendió la actuación de su departamento realizada, dijo, con “discreción y firmeza” ante las posibles irregularidades descubiertas en las certificaciones de obras y en los trabajos realizados, que se iniciaron en al año 200 y en los que se han destinado ya 2,7 millones de euros.

Ruano destacó que tras la remisión del informe el pasado mes de febrero, el Ministerio fiscal ha iniciado diligencias de investigación por indicios de posible falsedad en documento público y consecuente fraude a la administración. El objetivo, dijo, es determinar el uso del dinero público.

Tras la remisión del informe a la Fiscalía, la Consejería de Presidencia encargó una auditoría técnico-administrativa para verificar si el dinero gastado en las obras se corresponden con la obra ejecutada, de cuyas conclusiones deberán ser informado el Ministerio Fiscal.

La diputada del PSC-PSOE Dolores Padrón dijo que el Gobierno ha hecho su trabajo por denunciar una irregularidad que se venía evidenciando desde el año 2000, cuando se iniciaron unos trabajos que se calificaron de emergencia y que iban a duran cuatro meses.

Esa obra ha acabado convirtiéndose “en un enigma aún sin resolver seis años después”. Padrón estimó que la situación del Teatro Guiniguada “es un agravio irreparable” a la sociedad y a la cultura de Gran Canaria y “un hurto” a las artes escénicas, tachó el expediente de la obras de “oscuro”, y lo definió como “un laberinto burocrático que ha sepultado bajo kilos de papel la transparencia en el uso del dinero público”. Aunque consideró buena la labor de inspección realizada por el Gobierno, dijo que llegaba tarde, y sostuvo que la evidencia del caso es que se han invertido casi 3 millones de euros “no se sabe en qué”.

Además, opinó que en este caso existe una “clara responsabilidad política” por la mala gestión del Gobierno, y mantuvo que el seguimiento del expediente ha resultado “nefasto” para el patrimonio de Gran Canaria. La diputada del Partido Popular (PP) Victoria Ponce agradeció las explicaciones del consejero, aunque consideró que no era un ejercicio de transparencia, al entender que desde el inicio las obras en el Teatro Guiniguada se han caracterizado por problemas y por una mala gestión.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes actuó desde el inicio “de forma improvisada” y “bajo el capricho” del consejero de turno, agregó. Ponce habló de la "desastrosa" gestión y la "desidia" del Ejecutivo con el proyecto, destacó la falta de transparencia para ocultar irregularidades, y sostuvo que si el teatro estuviera en otra isla, “las obras ya habrían acabado y el teatro estaría en funcionamiento”.

La parlamentaria del PP recordó que el proyecto inicial contemplaba trabajos de “retoque” y una duración de unos pocos meses, y criticó que las obras se hayan extendido a todo el inmueble, al tiempo que preguntó por qué se ha multiplicado por seis el presupuesto destinado al proyecto.

Cronología de las actuaciones

El consejero relató el proceso desarrollado por el Gobierno en torno al Teatro Guiniguada y explicó que en marzo de 2005 la Consejería de Educación no recibió la segunda fase de las obras al no estar conforme con las mismas, por lo que se emplazó a la empresa a subsanar las deficiencias observadas.

La empresa responsable hizo caso omiso, lo que obligó una nueva negativa de recepción de los trabajos en el mes de mayo. En el mes de junio, la Viceconsejería de Cultura elaboró un informe técnico sobre la inadecuación de las obras al proyecto aprobado y a las certificaciones de obras realizadas, que contaban con el visto bueno del arquitecto director facultativo de la obra y del arquitecto jefe de la Unidad Técnica de la Viceconsejería de Cultura.

Un mes después, la propia Viceconsejería elaboró un informe jurídico sobre posibles irregularidades en las obras contratadas, y en septiembre remitió el primer escrito a la Inspección General de Servicios y al propio Ruano, entonces ya consejero de Presidencia tras el cambio de Gobierno, quien ordenó en octubre una inspección extraordinaria para esclarecer el expediente.

Ruano también ordenó una investigación por la Inspección General de Servicios, que evacuó un informe provisional en marzo, “serio y exhaustivo”, en el que no se observan irregularidades en la tramitación administrativa. No obstante, señaló indica que los integrantes del estudio de arquitectos contratados (una sociedad limitada) pueden haber incurrido en una “falta muy grave” por infracción del régimen de incompatibilidades al tratarse de personal laboral del Instituto Canario de Vivienda. Las irregularidades, dijo, se podrían haber producido en la ejecución de obras, cuyas certificaciones cuentan con el visto bueno del arquitecto directo falcultativo y del arquitecto de la Viceconsejería de Cultura.