Una lealtad regional

ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA

El problema de la pantera es que no es consciente de sus instintos. Esto se aprende en el Libro de la Selva, y es una gran enseñanza. Uno no puede pretender que el hipopótamo no embista con su cuerno por delante, ni que la cabra no se eche al monte. La naturaleza es como es, y aunque ATI lo intente, e incluso lo racionalice con la ayuda de consultores externos, al final vence el impulso atávico. La Ley de Sedes, una de las leyes que se han tomado como el pito del sereno, nació porque llegó a ser sangrante la ruptura del equilibrio estatutario y por ello constitucional que debe presidir la distribución de la Administración de la Comunidad Autónoma entre las dos islas capitales. Los análisis que se hicieron entonces evidenciaron que cada vez que un consejero ático aterrizaba en una Consejería cuya sede estaba en Las Palmas de Gran Canaria, de forma inmediata se producía, o bien un solapamiento de funciones con la creación expresa de otro aparato paralelo en Santa Cruz de Tenerife, o bien sencillamente un relevo masivo de los altos cargos con más efecto multiplicador. De repente, cuando se hizo el inventario, resultó que a la chita callando
se habían ido socavando los cimientos de la buena fe contractual entre las partes en que tiene que basarse la Autonomía Regional.

El Pleito es una constante en las Islas, y hay que tomarlo como un elemento más de la convivencia. Más vale asumirlo que ignorarlo. Los políticos, preferentemente los grancanarios, que por un cierto complejo o por cierta vergüenza progresista , aunque sería mejor decir cosmopolita, niegan tal supuesto... sencillamente están confundiendo los deseos con las realidades. Muy recientes están algunas decisiones gubernamentales que prueban, más allá de toda duda razonable y de toda apariencia pseudonacionalista que, como dice el refrán, loro viejo no aprende idiomas. Algunas filtraciones del trabajo de los expertos a los que se les ha encargado la redacción de una propuesta para la reforma del Estatuto de Autonomía, han vuelto a suscitar la desconfianza entre las fuerzas ´cualitativas´ de la isla de Gran Canaria. Porque hay que hacer una precisión de entrada: en Lanzarote y en Fuerteventura estas cuestiones se consideran como una ´pelea´ que les es ajena, algo que compete únicamente a las dos islas centrales. Es una reedición de la postura sobre la creación de la ULPGC que, afortunada paradoja, ha sido fundamental para la mejora de la cobertura universitaria.... en Lanzarote y en Fuerteventura.

El detonante para que haya surgido otra vez la sospecha de una marrullería fue la posibilidad de que se ´reparta´ la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, algo que fue prontamente desmentido por los autores del borrador. La disposición Adicional primera fija taxativamente que el TSJC estará en Las Palmas de Gran Canaria, su ubicación histórica desde la Conquista. Pero hay algunos ´atajos´ que recuerdan tácticas anteriores, como la creación de una especie de Consejo General del Poder Judicial pero de ámbito archipielágico, que sí tendría, al ser algo ex novo, una capitalidad alternante. ¿Se vaciaría de competencias el Tribunal Superior?

En principio no debería hablar problemas para profundizar en la doctrina de los equilibrios, que además de tener carácter vertical lo tienen horizontal, es decir, que afectan tanto a
la organización política como a la administrativa, a través de los servicios. Pero hay que aprovechar la Reforma del Estatuto para resolver, con aplicación e inteligencia, algunas asignaturas pendientes. Dos, de manera principal: la ley electoral, introduciendo una circunscripción regional que, a la vez que respete los derechos de las islas periféricas a una presencia territorial, salven el principio de que a más población, más representación. Y la resituación de dos órganos que han quedado al margen de la política general ´compensada´: el Parlamento de Canarias y la Delegación del Gobierno Central.

Cuando se redactaron las bases de acuerdo de UCD para sacar adelante un estatuto consensuado entre sus familias, sindicatos y municipios - el pacto del hotel Medinaceli-, se reservó para Tenerife el Parlamento mientras que se concedió a Las Palmas de Gran Canaria la Delegación del Gobierno. La desproporción es ´morrocotuda´. No hay color. Entre otras razones porque la Cámara es poder mientras que la Delegación es, como su propio nombre indica, una delegación. Sus funciones de intermediación y representación son importantes...
pero a otro nivel distinto que el parlamentario. El empecinamiento de ATI, y de sus circunstanciales socios en el Presupuesto, de negar incluso la apertura de una oficina en la ciudad más poblada de la Comunidad es una intransigencia que puede acabar como acabó la cerrazón dogmática y altiva de La Laguna, principal causante de su pérdida de liderazgo.

Lo cierto es que es inaplazable repensar las reglas del juego para que Canarias sea posible como algo compartido por todos, por convicción o por interés. Es igual. El desafío es encontrar los mecanismos para que la trampa no prevalezca sobre la lealtad.