Estado de sospecha

JOSE A. ALEMAN

Mario Rodríguez, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), no es santo de la devoción del pluriempresario tinerfeño Pedro Luis Cobiella. Cobiella pasa por responsable de buena parte de cuanto tiene ATI de sociedad anónima o de sindicato de intereses, según le apliquemos el Derecho Mercantil o nociones de sociología política.

Cobiella no perdonó a Rodríguez que le levantara el concurso de la clínica de Meloneras. Y ahora ha vuelto a incomodarlo, como presidente de la CCE, con sus críticas al desguace de la Consejería de Turismo en Gran Canaria por Pilar Parejo, consejera de Turismo en funciones al ausentarse y seguir en Babia su titular. Están los áticos tan acostumbrados a que sus socios grancanarios no rechisten que entiendo el enojo de Cobiella ante la sacada de los pies del tiesto de Rodríguez.

Para mí, la anécdota apunta la cercanía de un nuevo revival del pleito insular. No porque Cobiella y Rodríguez, o cualquiera de nosotros, quiera pelea, sino porque toca pleito al cuartearse el tinglado político-empresarial que daba por superadísimo el viejo conflicto. Sin el pacto CC-PP a pleno pulmón con el apoyo incondicional de Madrid, que ahora no tiene, el reparto del territorio no fulula. Apenas dio tiempo de llevar los casinos al Boletín Oficial y ya ven cómo, en evitación de futuros problemas, Mauricio habla de dos Gascan, una en la provincia de Tenerife y otra en la de Las Palmas, lo que suena a doble autonomía gasificante.

A escala insular no pleitona ilustra el cuarteamiento del Régimen político, económico y empresarial la incomodidad de las empresas señaladas como adjudicatarias in pectore de las obras del istmo de Santa Catalina. Son tan moneda corriente esos arreglos previos que otras tres empresas constructoras –Félix Santiago, Santana Cazorla y Matías Marrero- salieron a dejar sentado que una UTE entre ellos podría afrontar no uno sino ocho istmos, que Dios no lo quiera. Fue una rebelión, no vayan a dejarlos fuera para que sean menos a repartir. Así, a la polémica sobre el concurso del istmo, en la que se erigió el Colegio de Arquitectos de referente de una sociedad civil necesitada de foros, puede seguir la lucha empresarial por unas adjudicaciones justas y transparentes. También merecedoras de apoyo de opinión, por cierto. La alcaldesa Luzardo jura no estar metida en negocios y yo la creo. Pero los indicios están ahí y nadie en mejores condiciones que ella para valorarlos con solo mirar alrededor.

Importa insistir en que la cuestión no es que las empresas quieran ganar dinero. Estaría bueno. Ésa es su función. El asunto es que hay empresas mejor vistas por el Régimen CC-PP y de ahí que las tres de la UTE pusieran sus poderes sobre la mesa, no vaya a repetirse lo del concurso restringido. Percibo, por otro lado, que algunas de ellas comienzan a preocuparse de lo feos que son los maridajes con el poder político, necesitados para consumarse del oscurantismo que propicia la sospecha ciudadana. La falta de transparencia y las frecuentes arbitrariedades estimulan suspicacias y hasta bobo resulta quien no advierte detrás de cada actuación el designio de favorecer intereses privados. Suelen acertar quienes peor piensan. Y ni les cuento cuando vemos súbitas prosperidades económicas en un grado que no encaja, precisamente, con los emolumentos conocidos por muy bien que se administren.

Creo que toca a los empresarios y sus organizaciones acabar con la espiral de locura en que estamos metidos. Dado que no lo harán los políticos, son los llamados a elaborar un código de comportamiento que deslinde su campo profesional del ámbito político para que cada cosa esté en su sitio y haya un sitio bien iluminado para cada cosa. Sé de la inutilidad de decirlo, pero dicho queda.