El ‘caso Las Teresitas’

FRANCISCO J. CHAVANEL

Sabemos que la Fiscalía Anticorrupción del Estado tiene en su poder todos los movimientos bancarios relacionados con sus patrimonios del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, y del concejal de Urbanismo y padre de Pilar Parejo, Manuel Parejo, además de varios funcionarios. Hará veinte días reclamaron dichos datos a CajaCanarias, y a otras divisiones bancarias con las que trabajan los citados empresarios, y tras un duro forcejeo motivado por la negativa de la Caja tinerfeña a colaborar a ésta no le quedó otro remedio que entregar las cuentas una vez persuadidos sus rectores de que su actitud opaca podría confundirse con un cierto deseo de beneficiar a los encartados en el conflicto, el cual se inicia, curiosamente, con un crédito facilitado por la entidad que preside Rodolfo Núñez. Por lo tanto: no había salida.

En esos datos aparecen elementos comprometedores emparentados con la duda. Es éste el momento donde la Fiscalía Anticorrupción, con las ""pruebas" que posee, y con un montón de tiempo perdido en este delicado asunto por la desgana evidenciada por la fiscal de Tenerife, María Farnés, debe decidir si existe materia penal suficiente para remitirla a un juzgado de Instrucción.

El denominado caso Las Teresitas es, en esencia, el siguiente:

1) Año 1998; los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González crean la sociedad Inversiones Las Teresitas.

2) Sobre la marcha Plasencia y González solicitan un crédito de 5.500 millones de pesetas a CajaCanarias, dándose la circunstancia de que González era en aquel momento vicepresidente de su comité ejecutivo; dicha anomalía es investigada por el Banco de España pues entiende que uno de sus directivos podría tratar de darse un crédito a sí mismo con la única garantía de los terrenos a comprar en la zona de Las Teresitas y no, como es lo habitual, con el aval de los patrimonios de los empresarios que solicitan la ayuda; surge una pregunta: si el único aval eran los terrenos a comprar, ¿por qué no ejecutó la operación directamente CajaCanarias?

3) El crédito se concede por acuerdo unánime de los consejeros de Caja Canarias; Miguel Zerolo, que formaba parte del Consejo, se ausentó en el momento de la votación, gesto que llamó la atención ya que hasta ese instante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no había intervenido en la cuestión.

4) Con los 5.500 millones de pesetas en el bolsillo los empresarios compran todo el frente de playa de Las Teresitas y los terrenos contiguos (zona de los Valles de Huertas y El Cercado); todos los terrenos tienen una calificación, que data de de los 60, de uso turístico extrahotelero.

5) En 1999 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife da el primer paso: dicta un decreto suspendiendo todo tipo de actividad urbanística en la zona aduciendo que tiene prevista su reordenación en el futuro.

6) Principios de 2001: se empieza a tramitar el convenio urbanístico. Se aprueba el 21 de julio de ese año en pleno municipal y por unanimidad, incluyendo en esa unanimidad a todos los concejales de la Oposición. El Partido Socialista se divide. En los días previos su secretario insular, Santiago Pérez, reclama a sus cuatro concejales, encabezados por Emilio Fresco, que o voten en contra o bien se abstengan, al entender el acuerdo como lesivo para los intereses de los ciudadanos. No le hacen caso.

7) El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sin esperar que el convenio finalice su recorrido, en plena tramitación, sin alcanzarse siquiera el plazo de alegaciones, se da el plazo de 45 días para efectuar la compraventa del frente de playa exclusivamente. Y así ocurre que Inversiones Las Teresitas reciben 8.150 millones de las arcas municipales, con el que pagan el crédito de CajaCanarias y les sobra dinero para callar bocas en expectativa, en el caso de que lo estuvieran. El Ayuntamiento, en cambio, consigue con la compra la propiedad del frontis de playa, que pretende conservarlo sin hacer ninguna obra en él.

8) El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife toma una segunda determinación. Recalificar los terrenos del Valle de Huertas y El Cercado, convirtiéndolos en residenciales. El acuerdo debe ser ratificado en la Cotmac, circunstancia que sucede a finales de 2003. Dichos terrenos se transforman técnicamente en primera línea de playa al negarse el Consistorio a construir en la parte del frontis.

9) En los primeros meses de 2005, Plasencia y González venden el 90% de los terrenos recalificados por 17.500 millones de las antiguas pesetas Mapfre Inmobiliaria.

En resumen: una bonita operación, casi de libro, donde los inversores no ponen ni un duro, ni corren riesgos, y siendo todo aparentemente legal se llevan a los bolsillos unos 25.000 mil millones de pesetas, de los que 17.000, al menos, llegan limpios de polvo y paja. ¿Hubiera sido posible sin la colaboración desinteresada, profesional por supuesto, ajustada a derecho seguramente, de la ATI que gobierna el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y CajaCanarias?... Ni quitamos ni ponemos rey en ese santuario de silencio que es la capital de Canarias. Simplemente esperamos noticias.

Información de: CanariasAhora.com, 21-11-2006