Un Catedrático en Urbanismo de la ULPGC sostiene que la permuta de Jinámar por parte del Ayuntamiento de Telde es ilegal y lesiva para las arcas municipales

Un informe efectuado por el Catedrático de Arquitectura de la ULPGC Eduardo Cáceres, experto en Urbanismo, viene a concluir que la permuta efectuada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Telde con la empresa Santana Cazorla en Jinámar no se ajustó a derecho.
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El análisis de la citada operación -que tuvo lugar en diciembre de 2003 y permitió al Consistorio obtener un edificio de tres plantas con sótano y un solar de 863 metros cuadrados a cambio de entregar al particular un solar de uso comercial y casi 18.000 metros emplazado en Marpequeña, cerca de Alcampo- concluye que el intercambio suscrito en su día bajo el auspicio del concejal de Urbanismo y entonces alcalde accidental, Guillermo Reyes, "incumple el artículo 112 del Real Decreto 1372/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, dado que la diferencia de los bienes enajenados mediante permuta presenta una diferencia del 41,36 % respecto del bien que lo tiene mayor, que en este caso es la propiedad municipal".

Cáceres realiza una detallada valoración de los enseres involucrados en esta actuación y afirma que el inmueble -en el que el grupo de gobierno de Telde quiere instalar un edificio de Usos Múltiples para atender a los vecinos de Jinámar- podría tasarse en 1,890 millones de euros, al tiempo que el terreno situado detrás de la iglesia puede costar otros 287.910 euros.

Esta cifra -que en su conjunto alcanza los 2,178 millones- está muy por debajo de las estimaciones realizadas por los técnicos de Urbanismo, que se situaron por encima de los tres millones de euros -igualándose al precio de la explanada de Marpequeña-, pese a que el inmueble, tal como se reconoce en el mismo documento público, confiesa múltiples deficiencias (calidad de construcción baja, solado de gres con problemas de ejecución, carpintería sin ejecutar o de mala calidad, guarnecido de yesos en mal estado, cubierta no transitable y redes de servicio sin acabar) y en el mismo la Concejalía de Obras Públicas que dirigía María Antonia Torres ha tenido que contratar mejoras a dedo por un importe próximo a los 600.000 euros.

Cáceres refiere que tanto el solar como el terreno que ocupa el edificio de Santana Cazorla debían haberse valorado de una manera similar al estar próximos entre sí. También desvela que el técnico del Ayuntamiento "adopta en su informe como suya" una tasación de la parcela encargada por Santana Cazorla a otra firma que no tuvo en cuenta que la misma no estaba urbanizada y reprueba el hecho de que el funcionario no tenga en cuenta en sus cálculos que el edificio no estaba terminado y, encima, ignora que parte de la planta baja del bloque era propiedad de un tercero, que también ha impuesto un recurso en contra de la permuta.

El asunto se encuentra desde el año 2004 en un juzgado capitalino.