Sentido común

JOSÉ A. ALEMÁN

El Gobierno adánico protestará ante Zapatero que estás en los cielos por la reiteración tocapelotas de Juan Fernando López Aguilar. Volvió a referirse el ministro a la situación política canaria y a la frecuencia con que se perciben “negocios que vienen animados por los distintos socios del Gobierno”. El Ejecutivo rasgóse las vestiduras y pretende que el ministro y sin embargo diputado por Las Palmas rectifique sus manifestaciones o aporte pruebas. Lo que no deja de ser temeridad.

La reacción del Gobierno canario ha sido un ejercicio colectivo de cinismo o la constatación de que vive en su campana de cristal porque López Aguilar vino a hacerse eco de lo que ya sabemos, de lo que es tema de conversación habitual y de lo que, con frecuencia, ha trascendido a los periódicos de la canallesca. Si algo sorprende no es que diga lo que ya hemos asimilado, por habitual y conocido, sino que no actúe.

Pide el Gobierno adánico que López Aguilar se retracte o aporte pruebas. Es justo porque ¿qué va a decir? Con la salvedad de que hablar de pruebas implica remisión al ámbito penal, donde no es fácil ponerlas sobre la mesa: quien tiene poder para cometer irregularidades lo posee, asimismo, para borrar las huellas y envolver la fechoría en una apariencia de legalidad que requiere, para su desmontaje, equipos de investigación especializados dedicados exclusivamente a esa tarea y con medios materiales y humanos inexistentes en este país. Las andanzas de Al Capone eran bien conocidas y aunque el poderoso Gobierno americano creara unidades para seguirlo sólo a él, no pudieron probarle sino que había evadido impuestos. Desentrañar estos asuntos no es soplar y hacer botellas porque quien los comete procura su impunidad como bien sabe el Gobierno.

Por eso dejaré los aspectos penales, si los hay, a quien corresponda. Uno no es policía y mucho menos juez. Me atendré a la vertiente política en la que, por cierto, figura el derecho de cualquier ciudadano, aunque sea ministro, a enjuiciar las actuaciones públicas. Diría, para diferenciar, que la honradez de la mujer del César pertenece a lo penal y cuestión política es que, además, parezca honrada. Y convendrán que el Gobierno, aun sin descartar uno su honorabilidad con la mejor voluntad del mundo, no lo parece a poco observemos con sentido común.

Porque, vamos a ver: ¿hay alguien en la sala a quien un amigo le haya dado a precio de regalo el solar sobre el que después le construye un chalet de forma no menos regalada? Si lo hay, que levante la mano y aclare si ocupa o no cargo político. Es tan de sentido común que este tipo de favores no se hacen por nada como lo son, otro ejemplo, las suspicacias ante los concursos públicos de los que se conocen por anticipado los ganadores. ¿Es preciso recordar aquí, pongo por caso, el proceso de los casinos, que sigue adelante hacia su objetivo, desvelado incluso antes de la publicación del decreto que creó las nuevas licencias? ¿No es de sentido común mosquearse con lo de Gascan? ¿O sospechar que no son simplemente amigos los empresarios que invitan de fijo a políticos a suites de lujo o a viajes por todo lo alto? En otros países, ese sentido común que les digo determina el cese o la dimisión de gobernantes por haber aceptado el regalo de un par de billetes de avión. Con ello tratan de no dañar la credibilidad del Gobierno; pero aquí, en Bananaria, pone en riesgo esa credibilidad no la reiterada tolerancia de actuaciones en entredicho nada claras, sino quien las denuncia o alude públicamente.

Si al sentido común le añadimos una calculadora, ésta habrá de ser de las granditas y capaces de procesar las sumas que gastan los partidos en sus campañas electorales. ¿De dónde salen los evidentes excesos? La respuesta está en la semántica que da el exacto sentido de que un empresario te diga que ha invertido tanto o cuanto en elecciones. No dice ayuda, contribución a la causa, óbolo desinteresado: dice inversión y si se invierte es para obtener beneficios de los patrocinados. Si no, ya me contarán en qué mundo estamos.

En el fondo, si se fijan, es más grave para la democracia y la convivencia el desprestigio institucional que el delito probado. Éste puede castigarse y es posible reparar el daño y adoptar previsiones que impidan su repetición; el otro proyecta una sombra de la que resulta complicado desembarazarse porque al final resulta ser una hidra extendida por todos los niveles de la administración autonómica. Sobre todo cuando, como es el caso, no se ofrecen explicaciones por desprecio, ya ven, al sentido común de la gente.

Al igual que a Castro Cordobez, a mí tampoco me gusta el sesgo de la política canaria, pero por razones distintas. Zapatero podrá tirarle de las orejas a López Aguilar por razones de alta política, pero lo que hay y nos importa en esta subperiferia está ahí.