Embargo de bienes a quienes fueron consejeros de la UD Las Palmas por importe de 80 millones de euros

Juan José Cobo Plana, titular del juzgado de lo Mercantil número 1, aceptó ayer la solicitud de la Administración Concursal de la UD para embargar a los ex consejeros que han pasado por el club desde el 4 de noviembre de 2000 por valor de 82.957.341,62 euros, como responsables que han sido de la situación de bancarrota del Club Deportivo.
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Esa cifra, equivalente a unos 13.810 millones de pesetas, según lo expuesto en el auto dictado por Cobo Plana, es el "importe necesario para cubrir la cifra de la deuda de la masa pasiva que presenta la entidad amarilla y que asciende a 70.957.341,62 euros, más doce millones de euros que se calculan en concepto de intereses, costas y créditos". Este débito lo deberán asumir los 42 últimos ex consejeros que han pasado por la entidad si finalmente se firma su liquidación tras agotarse el plazo para pagar a los acreedores.

Los administradores Luis Cabrera y Vicente Caballero, con la ausencia de Bernardo Pinazo, en Málaga por motivos laborales, presentaron ayer en el juzgado la "medida cautelar de embargo" con la intención de que se garantice el pago de las deudas del club en el caso de que se disuelva mañana, 6 de abril.

Los argumentos de la Concursal, y que posteriormente Cobo Plana atendió con la ejecución del citado auto, se basan en que, "a tan sólo tres días (hoy a falta de 24 horas) antes de la finalización del plazo de pago a los acreedores, la sociedad no dispone de la liquidez para afrontar el convenio de acreedores y, en su consecuencia, para el cumplimiento del concurso", según lo acordado en la junta del 11 de enero.

Para ello, los administradores fundamentan la petición estimando la posibilidad de que el concurso en el que está inmerso el club se "califique de culpable". El segundo fundamento esgrimido es la posibilidad de que la masa activa actual, como es el caso, resulte insuficiente para satisfacer todos los débitos.

Además, en el argumento presentado por Cabrera y Caballero, se apoya en que la medida cautelar de embargo está respaldada por la Ley de Sociedades Anónimas, que estima que "los administradores sociales responderán frente a los acreedores de la sociedad del daño que causen por los actos cometidos contrarios a la Ley, o a los Estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo".

Esta ley obliga a celebrar una Junta de Accionistas para aprobar la liquidación de la sociedad en el caso de que se encuentre en causa de disolución, requisito que Las Palmas cumple desde el 2000 según el informe de la administración concursal. Estos argumentos han reforzado la petición de embargo a los 42 ex consejeros considerándolos responsables de la crisis económica del club.