Una legislatura perdida

ROMÁN RODRÍGUEZ
Diputado y presidente del partido Nueva Canarias

Cuando desde los más diversos ámbitos de la sociedad canaria (políticos, empresariales, asociativos, mediáticos, etcétera) se insiste, cada vez más, en que la actual es una legislatura absolutamente perdida, se atiende a muy diversos criterios con el mismo fondo: un Gobierno que no gobierna, que no transmite ilusión alguna a la sociedad, que actúa de forma desequilibrada entre los diversos territorios, que desune gravemente a los canarios y que, en definitiva, se muestra por completo ajeno a la defensa del interés general de los ciudadanos y las ciudadanas de esta tierra. En lo que hablamos concurren elementos subjetivos, de valoración de la actuación, o mejor, de la inacción política, con otros absolutamente objetivables y perfectamente medibles.
Esto último ocurre cuando tratamos de abordar la actividad legislativa en el período que va desde la constitución del Parlamento nacido tras las elecciones de mayo de 2003 hasta hoy. Es fácil determinar cuántas iniciativas ha llevado el Gobierno al Parlamento de Canarias y observar las que han salido adelante y las que no, así como analizar la relevancia de las leyes que han sido aprobadas en la presente legislatura. Y en esta materia, como en tantas otras, el Gobierno de ATI-CC no sale nada bien parado. En este asunto, como en otros, no han hecho bien sus deberes.

El balance, como digo, no puede ser más desalentador. El Ejecutivo de ATI-CC, en coalición de gobierno con el PP hasta mayo de 2005, y apoyado en su lenta agonía por el PSC-PSOE desde entonces, ha tenido una bajísima iniciativa legislativa, con la presentación para su tramitación parlamentaria de 28 proyectos de ley, trece menos que en el período 1999-2003; y de 17 proposiciones de ley, nueve menos que en mi etapa como presidente del Gobierno de Canarias.

Pero no sólo se trata de un problema de cantidad, sino de la propia entidad de las leyes donde la más destacable es, seguramente, la de ordenación farmacéutica, que en gran parte ya venía elaborada de la anterior legislatura. Además, se han visto obligados a retirar recientemente la ley de policía canaria, sabedores de que apenas contaban con el apoyo de un tercio de la Cámara.

Decía que la etapa 1999-2003 fue mucho más intensa en lo que se refiere a la actividad legislativa. Más de sesenta proyectos y proposiciones de ley se sometieron al trabajo de los diputados y diputadas, aprobándose más de cuarenta. Entre ellas, leyes de mucha entidad: directrices de ordenación general y del turismo, asociaciones, prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, Puertos de Canarias o la de creación del Servicio Canario de Empleo.

La parálisis del Gobierno no queda de manifiesto sólo en la baja actividad legislativa. También es destacable su incapacidad o su desinterés para desarrollar el contenido de leyes fundamentales para el presente y futuro del Archipiélago. Así ha ocurrido con el intencionado archivo de las directrices de ordenación general y del turismo, esenciales para profundizar en un modelo económico sostenible, que combine de forma inteligente generación de riqueza y empleo y preservación de nuestra tierra. O en el olvido del Plan Energético de Canarias, elaborado en la pasada legislatura, y que ahora a toda prisa, copiando lo fundamental del mismo, tratan de aprobar en este último tramo de la legislatura. Otro tanto sucede con el tratamiento del fenómeno migratorio. Todo lo avanzado en la anterior legislatura (informe del Comité de expertos sobre inmigración y demografía, Pacto Canario Sobre Inmigración, Foro…) fue eliminado de un plumazo por el Gobierno. Al mismo tiempo que elaboraba un discurso peligroso que lo mezcla todo y que alimenta, desde la demagogia, los sentimientos xenófobos y racistas, culpabilizando a las víctimas y no reconociendo que el modelo económico y sus necesidades de mano de obra de la última década son las claves del incremento poblacional vivido por las Islas.

Y si el Gobierno de ATI-CC no ha trabajado en el ámbito de la presentación de leyes ni tampoco en el desarrollo normativo de la legislación vigente; si tampoco lo ha hecho en torno a la necesidad de orientar el modelo económico hacia la sostenibilidad ni dando las adecuadas respuestas a la inmigración, cabe preguntarse a qué se ha dedicado el Ejecutivo estos tres años y medio. Sería injusto no reconocer que sí han hecho, y mucho, en otros aspectos de la actividad política.

Porque el desinterés y la inacción en esos ámbitos se torna frenética actividad en otros. Se han preocupado y mucho de mezclar política y negocios. Por cierto, con unos resultados catastróficos, como hemos podido comprobar con la Gran Marina, la privatización de Gascán o el frustrado concurso eólico. Se han preocupado, y mucho, de fomentar el desequilibrio entre las Islas. Se han preocupado, y mucho, de insultar a quienes no piensan como ellos y de presionar a los medios de comunicación, como vemos estos días con la publicación del concurso de la televisión digital terrestre, que se fallará en las vísperas de las próximas elecciones, y en el que tratarán de beneficiar a sus amigos. Se han preocupado, y mucho, de responsabilizar disparatadamente a jueces y a otros partidos ante las recientes causas judiciales que afectan a algunos de sus más destacados dirigentes.

En muchos sentidos, la legislatura es, sin duda, una legislatura perdida. Pero esa realidad debe servir para estimular el trabajo de quienes creemos en otras formas de hacer política, presididas por la defensa del interés general; de quienes estamos convencidos de la necesidad de transformar la actual situación. Para que cambies Canarias fue el lema del congreso fundacional de Nueva Canarias. Y en esa tarea estamos empeñados los hombres y mujeres de NC, en el convencimiento de que la fuerza de la ciudadanía con su voto podrá hacer realidad ese imprescindible cambio de ciclo en Canarias.