La fiscalía rastrea las grandes obras de ATI-CC

El puerto deportivo promovido por Parque Anaga, el proyecto de Las Teresitas y el nuevo puerto de Granadilla son tres grandes obras impulsadas por Coalición Canaria en Tenerife. Las tres tienen protagonistas comunes, los mismos que ahora están bajo la lupa de la Justicia y la Fiscalía.

El puerto de Santa Cruz ya no puede crecer más». «El futuro económico de Tenerife depende del puerto de Granadilla». «Hemos salvado la playa de las Teresitas para los ciudadanos de Santa Cruz». Tres frases lapidarias éstas pronunciadas por políticos y empresarios tinerfeños que bien podrían resumir su propio sentir en los últimos años. Tres frases que, leídas una tras otra, dan idea de qué asuntos han centrado los esfuerzos de la maquinaria propagandíastica para convencer a los ciudadanos de la necesidad social de unos proyectos que, mirando a sus protagonistas, mantienen una estrecha relación.

La operación urbanistica de la playa de las Teresitas, el puerto de Granadilla y el puerto deportivo de San Andrés, pasando por el ahogo del puerto de Santa Cruz de Tenerife, están entrelazados por la acción de unas pocas personas a las que el avance de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción primero, y el auto del juez Baltasar Garzón ,ahora han cogido con el pie cambiado. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, el empresario José Ana Pérez Labajos, apoderado de Parque Marítimo Anaga SA, aparecen, entre otros, en el auto de Garzón en relación con el puerto deportivo de San Andrés. Al abordar Las Teresitas, la Fiscalía Anticorrupción, se detiene en Zerolo y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, propietarios al 50% de Inversiones Las Teresitas SA.

El auto del juez Baltasar Garzón del pasado lunes ha tocado de lleno al puerto deportivo de San Andrés, un proyecto que coadyuva de manera indirecta al desarrollo de otros. «Si se bloqueba cualquier posibilidad de ampliación del puerto de Santa Cruz por el Norte, ya estaba servida la justificación de Granadilla», aseguran quienes están convencidos de que la concesión administrativa que la Autoridad Portuaria otorgó en 2002 a Parque Marítimo Anaga SA para construir una marina deportiva en San Andrés, amén de un «pelotazo», fue la excusa perfecta para frenar el crecimiento del puerto capitalino. La presión social obligó hace poco más de un año a recuperar la concesión administrativa para constuir otra marina deportiva en Valleseco, en el corazón mismo del puerto de Santa Cruz, que hubiera bloqueado las operaciones comerciales del puerto.

El puerto deportivo de San Andrés vendría a ser un atractivo más, junto con una playa de diseño, para las miles de personas que en los próximos años podrían vivir en las laderas de los barrancos de San Andrés. Las viviendas de lujo de las laderas se podrán construir gracias al convenio urbanístico firmado en 2001 por el Ayuntamiento de Santa Cruz e Inversiones Las Teresitas y que permitía recuperar la playa para uso público. La operación incluyó, además, la recalificación de alrededor de 120.000 metros cuadrados de terreno en la trasera de la playa. Esta operación urbanística está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción desde el verano de 2005.

Fiscalía.

Todo apunta a que a finales de la próxima semana la delegada de la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, envíe al juzgado un escrito de denuncia para que instruya las posibles irregularidades que rodean la compraventa de la playa de las Teresitas, que ha supuesto para Antonio Plasencia e Ignacio González unos beneficios de cerca de 120 millones de euros. Las fuentes consultadas aseguran que María Farnés evitará calificar los hechos que relatará en su denuncia, dejando en manos del juez instructor la determinación de los posibles delitos. Este caso, igual que la investigación por un posible delito de cohecho relacionado con el caso Fórum Filatélico, deberán ser conocidos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al tener Miguel Zerolo, como diputado regional, la condición de aforado. Así, Miguel Zerolo podría tener pues dos causas abiertas en los próximos meses en el TSJC, una por su participación en la operación de la playa de las Teresitas y otra por la concesión del puerto deportivo de San Andrés y la recalificación a Parque Martímo Anaga SA de dos parcelas en Valle Tahodio.

Granadilla.

El futuro puerto de Granadilla, que después de años de burocracia, ya cuenta con el visto bueno medioambiental de la Unión Europea, también ha estado rodeado por la polémica desde el principio. Por un lado, por la manera cómo se armó el proyecto desde los poderes públicos y, por otro, por el rechazo social que ha suscitado. La actuación judicial ahora en torno al puerto deportivo de San Andrés vuelve a poner de actualidad la denuncia de quienes han mantenido que Santa Cruz era la mejor alternativa al puerto de Grandilla, que el presidente de la Autoridad Portuaria «ha hecho lo indecible para bloquear cualquier posiblidad de crecimiento del puerto de Santa Cruz», justificando así la necesidad de Granadilla y, de paso, beneficiando a los empresarios que en su día compraron los terrenos anexos al futuro puerto del sur de la Isla. Y se vuelve a hablar aquí de Antonio Plasencia e Ignacio González como algunos de los beneficiarios, sin que por ahora se haya podido comprobar en los registros que la propiedades de los terrenos tengan su titularidad.

Los contrarios al puerto de Granadilla ya han anunciado que también llevarán el proyecto a los tribunales.

Información de: Canarias7, 9-12-2006