Debido a la insolidaridad del Gobierno de Canarias, la regularización alcanzará a 20.000 ´sin papeles´ en Las Palmas por sólo 8.000 en Santa Cruz de Tenerife

Los sin papeles que podrán regularizar su situación en la Provincia de Las Palmas con el proceso de normalización que comienza el próximo lunes son más del doble de los que se encuentran en la misma situación en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, según las estimaciones ofrecidas ayer por la Delegación de Gobierno. Así, por los 20.000 irregulares que podrán acogerse a esta medida en la provincia oriental, sólo hay 8.000 en la tinerfeña. Esta situación es producto de la insolidaridad del Gobierno de Canarias dejando a su suerte a Gran Canaria y Fuerteventura en la recepción de inmigrantes africanos sin redistribuirlos a Tenerife y las islas occidentales.
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Este proceso tendrá "carácter extraordinario" -aunque no es la primera vez que se produce una regularización masiva- y la subdelegada de Gobierno, Carolina Darias afirmó ayer que nace con la voluntad de regular el flujo migratorio y hacer aflorar la economía sumergida, "un problema heredado del PP" y a su juicio verdadera causa del efecto llamada, contestando así a unas declaraciones de Larry Álvarez (PP) que afirmó que esta medida tendrá un efecto llamada.

Darias hizo hincapié en que este proceso extraordinario tiene tres meses de vigencia. Una vez transcurrido ese plazo, "los que vengan a España lo tendrán que hacer con un contrato de trabajo y un visado", afirmó ayer la subdelegada de Gobierno. En este sentido, añadió que el Servicio Público de Empleo elaborará trimestralmente para cada provincia un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, de manera que los extranjeros que vengan deberán hacerlo para trabajar en esos sectores.

Derivaciones

Con respecto a los traslados de inmigrantes desde Canarias a otras localidades españolas, la subdelegada del Gobierno afirmó que éstas continúan a su ritmo normal, condicionadas por el estado de saturación en el que se puedan encontrar los centros de internamientos el Archipiélago y por fecha en la que expire el plazo de 40 días durante el cual un irregular puede ser retenido. Aclaró, además, que estos traslados comenzaron en el año 2002, cuando en España gobernaba el PP.

Asimismo, Darias explicó que en el último Consejo de Ministros se estableció un protocolo para la atención humanitaria y acogida de los inmigrantes trasladados. Este protocolo establece la creación de una comisión mixta entre el Estado y aquellas Comunidades Autónomas que sirven de destino, así como un programa de acogida para aquellos que estén en situación de especial vulnerabilidad, y que les ayudará a atender las necesidades más primarias, como la ropa y alimento y clarificará, en conjunción con el Ayuntamiento del lugar, el itinerario.