La CCE denuncia la recesión económica de Gran Canaria con relación a Tenerife y las otras islas

DANIEL GARZÓN LUNA

El pasado día 14 de julio la prensa local, tanto la de papel como la digital, publicó una amplia información sobre el informe económico de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas que ponía de relieve el criterio de la patronal de nuestra provincia sobre la marcha de la economía con la aseveración de ser muy preocupante que Gran Canaria sea la isla que menos crece del Archipiélago.

A continuación transcribo algunos retazos del informe económico mencionado que fueron publicados por los diarios de Las Palmas “La Provincia/Diario de Las Palmas” y el “Canarias7”: La Provincia/Diario de Las Palmas (página 26): “LA PATRONAL ADVIERTE QUE LA BRECHA ENTRE GRAN CANARIA Y TENERIFE SE AGRANDA”; “El Gobierno debe tomar nota de la evolución económica para reorientar sus polìticas e impulsar el crecimiento”; “El Ejecutivo tiene que reconsiderar seriamente la moratoria turística porque frena el desarrollo de toda Canarias”; “Queremos poner en alerta a nuestros polìticos y a la sociedad para que el equilibrio regional se lleve a la realidad”; “Es imprescindible que la reforma del REF, que es susceptible de mejorar, incorpore más supuestos de la RIC”. (Página 27): “PROPUESTAS: Moratoria. La moratoria turística ha sido uno de los principales obstáculos para impulsar el crecimiento de la economía, según la patronal de Las Palmas. La Confederación rechaza esta medida que “frena” el desarrollo y que “no beneficia a nadie””. Canarias7 (página 2, TEMA DEL DÍA): “DESIGUAL RITMO DE CRECIMIENTO. El conjunto de las islas del archipiélago crecen, sin embargo, Gran Canaria ha ralentizado su ritmo. Tenerife, por su parte, va ganando más terreno cada año, hasta convertirse en la que lidera el crecimiento económico”; “El presidente de la CCE muestra su preocupación y critica que el Gobierno no tome medidas para conseguir un ‘equilibrio exquisito’”; “MORATORIA: Mario Rodríguez señaló ayer que la moratoria había supuesto un “frenazo” para el crecimiento de todo el archipiélago y especialmente para Gran Canaria. “No estuvimos de acuerdo y ha sido negativo””. Aquí queda expuesto, muy esquematizado, el sentir y el criterio de la patronal de Las Palmas compuesta por casi la totalidad de los empresarios que mueven la economía de nuestra Isla, además de las otras islas de nuestra provincia.

A estos señores se les podrá tachar, tal vez, de que no sean políticos por la sencilla razón que no es lo suyo pero de lo que en ningún caso se les puede tachar es de que no entiendan de economía y de que no sepan lo que están diciendo. Está más que claro que el informe de la patronal es un suspenso absoluto a la política económica del Gobierno en lo que a Gran Canaria se refiere.

Ahora cabe preguntarse: ¿Y qué dice el Gobierno a todo esto? Lo que dice el Gobierno lo podemos ver en la página “ECONOMÍA” del diario “Canarias7” del día 15 pasado.

Transcribo un par de frases de lo que ha publicado dicho periódico que ha dicho el portavoz del Gobierno: “EL GOBIERNO NIEGA EL DESEQUILIBRIO. El Gobierno de Canarias, de boca de su portavoz, Miguel Becerra, acusa a la Confederación Canaria de Empresarios de realizar “una lectura victimista de la marcha de la economía canaria, creando artificiales desequilibrios entre islas”. Miguel Becerra señala que la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) está confundiendo y deprimiendo a la sociedad grancanaria con “mensajes derrotistas que poco corresponden a la realidad””. El Gobierno, negando lo evidente, ha dicho lo que se podía esperar que dijera, es decir, descalificar el informe económico de la CCE correspondiente al pasado año tachándo al colectivo empresarial de difusores de informes mentirosos sobre la realidad económica de Las Palmas y propagadores de confusión que crea depresión y alarma en la sociedad, no reconociendo en caso alguno que la razón fundamental de que la economía grancanaria se haya estancado y haya perdido fuelle en la creación de puestos de trabajo e imagen en los mercados turísticos ha sido la Ley de Directrices o Moratoria turística que entró en vigor en abril del 2003, con su imposición de crecimiento cero al desarrollo turístico, moratoria que ya venía arrastrándose desde el año 2001 y fue rematada en el 2003 con la referida Ley.

Esta ha sido la causa fundamental de la paupérrima situación en que se encuentra Gran Canaria con relación a Tenerife, como acertadamente lo consideran los empresarios de la provincia de Las Palmas. Esto lo sabe muy bien el señor Adán Martín y su Gobierno, por la sencilla razón que ATI, su partido político, ha sido la principal propulsora de la Moratoria hasta su aprobación en el mandato del anterior Gobierno y sigue siéndole ahora en lo que a su pretendida prorrogación se refiere, todo ello cumpliendo al pie de la letra con la consigna de ASHOTEL (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, El Hierro Y La Gomera), eficazmente ejecutada por la participación ática en el Gobierno. Que el empresariado grancanario denuncie esta situación y sea tachado de transmitir mensajes derrotistas a la sociedad es un despropósito monumental por parte del Gobierno porque el mundo empresarial, como cualquier otro colectivo, está en su pleno derecho de exponer sus criterios en la forma que le convenga, dentro de la corrección. Decir al presidente del Gobierno que cambie el rumbo de la política económica de su Gobierno que tanto ha contribuido a llevar a Gran Canaria a la paupérrima situación en que se encuentra es una denuncia totalmente legítima, sobre todo por parte de aquellos empresarios que se hayan visto empujados a invertir en países extranjeros por no permitírselo aquí la parafernalia burocrática impuesta por los dos últimos Gobiernos de Canarias.

Por tanto, la Ley de Directrices, que fue aprobada por el Parlamento canario el 14 de abril del 2003, tuvo una duración de tres años, es decir, su vigencia expiró el 14 de abril del año en curso. El Gobierno que preside el señor Adán Martín ya ha presentado en el Parlamento canario una petición de prolongación de esta Ley por tres años más. Huelga el señalar que esa prolongación de una ley que mantiene congelado el crecimiento de la cama turística cuadra perfectamente con los intereses del empresariado turístico tinerfeño porque tienen en el mercado una oferta de 160.000 camas hoteleras de nuevo cuño y alta calidad y no necesitan por ahora aumentar su oferta y, además, les va como anillo al dedo que Gran Canaria no aumente su oferta de 50.000 camas hoteleras, en su gran mayoría obsoletas, de forma que pueda convertirse en una seria competencia para Tenerife.

Y ahora, a la vista de los criterios publicados del empresariado de Las Palmas, corresponde hacerse el siguiente planteamiento: si el empresariado de Gran Canaria reclama al Gobierno que desista de su empeño de prorrogar la Ley de Directrices o Moratoria y el Gobierno hace caso omiso a esa petición, teniendo muy en cuenta que el empresariado turístico de Tenerife sí reclama la prolongación por tres años más de dicha Ley, ha lugar a hacerse la siguiente pregunta: ¿está el Gobierno del señor Adán Martín beneficiando los intereses del empresariado turístico tinerfeño en detrimento de los grancanarios? Por favor, que no me salga su portavoz ‘vendiéndome la burra’ porque no se la voy a comprar. Así las cosas, como quiera que, según se desprende de declaraciones a la prensa de dirigentes del PP, el Partido Popular no está por la labor de volver a tropezar dos veces en la misma piedra votando afirmativamente en el Parlamento la prorrogación de esa Ley, sólo le queda a ATI (Asociación Tinerfeña de Independientes), la impulsora de la petición de prorrogación, la posibilidad de conseguir la aprobación parlamentaria de dicha Ley si cuenta con el apoyo del PSC (Partido Socialista de Canarias). ¿Y cual es el posicionamiento del PSC al respecto? Por lo que se ha filtrado a la prensa, todo parece indicar que el PSC está por la labor de complacer a ATI y al Gobierno del señor Adán Martín para que la prórroga sea aprobada por el Parlamento. Aquí también ha lugar a hacerse la siguiente pregunta: ¿está el PSOE grancanario comprometido con su isla, su desarrollo y el progreso de sus habitantes, como se supone, o, por el contrario, actúa y presta sus votos a ATI cuando los intereses de ATI así se lo exijan, funcionando como mera sucursal de la presidencia socialista canaria instalada en Tenerife? Va siendo más que hora que el PSOE grancanario encuentre el Norte y abandone la seducción del plato de lentejas y asuma, en lo que a Gran Canaria se refiere, el papel que le corresponde en las grandes decisiones del archipiélago que, por su importancia en el contexto político canario, está en la inigualable situación de poder tomar parte en todas ellas en defensa de los intereses de Gran Canaria y, por supuesto, sin que ello tenga que menoscabar los legítimos intereses de las demás islas.

Tiene en sus filas masa gris para dejar y tomar; sólo hace falta que la hagan funcionar en la dirección adecuada y en la solución de los problemas que día a día agobian al ciudadano grancanario, tanto de a pie como de a caballo. Tampoco le vendría mal a más de uno de sus dirigentes que Sebastián se diera un garbeo por estos lares y les trajera algún que otro apunte sobre la economía liberal y su mundo, mundo que es, caso que alguno siga sin saberlo, en el que nosotros estamos inmersos. En todo caso, está clarísimo que lo que ocurra en Gran Canaria en los próximos tres años en el campo de la economía, que por supuesto implica el empleo, está en manos del Partido Socialista grancanario.

Si dentro de tres años hemos pasado de los actuales 135.000desempleados en Canarias a 180.000 que no vengan echándole las culpas ni a los empresarios grancanarios, ni a Soria ni a ATI porque serán ellos, los socialistas grancanarios, los únicos responsables y culpables de tal situación si persisten en su propósito de apoyar la petición de ATI y del Gobierno del señor Adán Martín de prorrogar la Ley de Directrices o Moraria al crecimiento turístico por tres años más. Que no olvide nadie que cuando entró en vigor en abril del 2003 la Ley de Directrices había en Canarias 92.000 parados y hoy, después de tres años de vigencia de dicha Ley, tenemos los mentados 135.000. Aunque huelgue el mencionarlo, pero para evitar posibles malos entendidos, quiero dejar constancia expresa que el criterio vertido en este escrito es mío, exclusivamente mío, y no lo escribo en nombre ni representación de ninguna asociación empresarial o política. Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de 2006.

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