Llegan al juzgado las peleas de Coalición Canaria en Gran Canaria

La Presidencia Insular de CC de Gran Canaria ha presentado una denuncia por "coacciones" contra el también dirigente nacionalista Fernando González por prohibir "a la fuerza" el acceso a la sede la organización en la capital grancanaria, en la calle Buenos Aires número 24. Las disputas internas en CC de Gran Canaria entre la dirección insular de Carmelo Ramírez y el sector liderado por José Carlos Mauricio llegarán así a los tribunales antes de lo previsto, en medio de graves acusaciones desde ambas partes.
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El uso de la sede de la coalición es el motivo de enfrentamiento en esta ocasión, pero también se preparan demandas judiciales sobre los acuerdos del Consejo Político Nacional de CC. La crisis estallará definitivamente cuando la cúpula nacionalista imponga una gestora para sustituir al equipo directivo de Carmelo Ramírez, una medida que ya prevén hasta los propios afectados.

Por lo pronto, Ramírez y Fernando González tendrán que resolver ante un juez el uso de la sede de Buenos Aires, después de que el segundo cambiara las cerraduras de la puerta la noche del pasado martes y contratara a una empresa de seguridad para vigilar el edificio. Desde entonces, dos guardias privados impiden la entrada a los dirigentes, cargos públicos y afiliados de la coalición, según especifica la denuncia en comisaría. El presidente insular de CC acudió a la Policía Nacional después de intentar entrar en la sede junto a un abogado y dos testigos. Según su versión, dos guardias jurados de la empresa Seguridad Integral Canaria le impidieron acceder a su despacho y alegaron que recibían órdenes de Fernando González, responsable del contrato con dicha empresa.

Denuncia

Ramírez emitió ayer un comunicado en el que anunció que "a la vista de los gravísimos hechos, la Presidencia Insular de CC, en ejercicio de sus funciones y competencias, ha presentado una denuncia por coacciones a fin de que sea la autoridad judicial quien restablezca la legalidad y la posesión pacífica de esta dependencia por parte de los órganos insulares de CC, y que en la misma se puedan desarrollar todas las actividades como hasta
ahora".

Según Ramírez, Fernando González contrató a los vigilantes "sin estar facultado para ello por ningún órgano de CC de Gran Canaria, lo que constituye un hecho muy grave de usurpación de funciones e impide la normal actividad política de CC en el local", donde desarrollan sus actividades la Ejecutiva Insular, el Consejo Político, la Ejecutiva Local de Las Palmas de Gran Canaria y los parlamentarios.

"Este hecho propiciado por el denominado sector mauricista no refleja sino su estilo y comportamiento antidemocrático, el desprecio a la organización insular de CC de Gran Canaria, a las reglas de juego y al principio de legalidad que debe presidir los actos
de las personas civilizadas", apuntó Ramírez, quien negó que el local haya estado cerrado a los mauricistas o que se haya despedido a alguna persona.

Réplica

Por su parte, fuentes del sector de Mauricio y González señalaron que esta actuación es una "réplica legítima" al cambio de cerradura que había realizado anteriormente el grupo de Ramírez. Según este portavoz, "la intención es que el local se mantenga cerrado, para unos y otros, hasta que se adopte un acuerdo sobre la titularidad y uso del inmueble".

El edificio es propiedad de la organización de ICAN de toda Canarias, quien cedió su uso a la dirección nacional de CC, según la misma fuente. Fue adquirido por medio de un crédito bancario de 90 millones de las antiguas pesetas, según se informó en su día, y figuran como avalistas Mauricio, Ramírez y González. La resolución de este tipo de denuncias, que también afecta a Seguridad Integral y a dos vigilantes, se realiza por juicio rápido.