Mala leche

JUAN I. JIMÉNEZ MESA

La oposición socialista en el Cabildo de Gran Canaria podría haber encontrado otros argumentos a la hora de rechazar la privatización de la Central Lechera. Dice mucho de su concepto de la empresa pública que José Miguel Pérez y los suyos piensen que no hay que privatizar lo que da beneficios. Impresionados por los últimos conflictos en la industria naval deben creer que solo se privatiza lo que da pérdidas, pero es exactamente al revés. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, piedra de toque de la llamada Economía Social de Mercado, el Estado tiene que ser patrón, pero sólo allí donde la iniciativa privada no puede o no desea operar.

Mucho mejor traído está el argumento de la defensa de la actividad rural, puesto que es cierto que sin apoyo público ni la agricultura ni la ganadería subsistirían en Canarias, donde tan necesarias son para preservar nuestro paisaje y nuestras costumbres. La ganadería de vacuno, sobre todo, ha sido y es un componente esencial del mundo rural grancanario. Aunque poca gente repare en ello, históricamente esta isla ha sido siempre la de mayor cabaña de vacuno en el Archipiélago, aunque no tanto por la producción lechera, que era en cierto modo un subproducto, como por la necesidad
de producir estiércol para las plataneras. Por eso, al caer la actividad agraria disminuyó la cabaña, que se ha reducido en un 50 por 100 en los últimos diez años. De todos modos, en la dieta alimenticia de los isleños la leche de vaca y sus derivados han tenido más importancia de la que se supone, a pesar de que el lenguaje y la tradición identifiquen a la cabra como la especie ganadera por excelencia, lo que históricamente no es del todo cierto.

La vinculación del Cabildo con la actividad agropecuaria fue crucial en los años en que nuestra economía dependía del sector primario. Muchas de las actividades de promoción y ayuda que en la Península dirigía el Ministerio de Agricultura aquí las desarrollaba el Cabildo. Y siguió haciéndolo cuando las competencias estatales quedaron transferidas a la Comunidad Autónoma. Aquí cada isla protege su agricultura y su ganado y no deja de ser una curiosidad observar las diferencias. En Tenerife se privatizó hace unos años la Central Lechera, aunque luego se volvió a crear un servicio insular. Con simplismo digno de peores causas, Soria, el presidente de Gran Canaria, dijo que el Cabildo "no está para hacer yogures".

Yogur, y muy agrio, tienen todos los políticos cuando convierten un tema como éste en terreno de disputa. Si la ganadería vacuna merece protección, y la merece entre otras razones para compensar la prima con la que llega la leche importada, no necesariamente ha de hacerse a través de una empresa pública de carácter industrial. Entre otras razones porque compite con técnicas comerciales muy complejas, importando a su vez leche de fuera para poder resistir los avatares del mercado. Si esa actividad es rentable la puede y la debe hacer una empresa privada. Los ganaderos, si quieren, que se conviertan en agrupación que industrialice la leche y los productos lácteos, los envase y los venda, sin que esto suene hoy a la proeza empresarial que pudo ser en el pasado. O que, vendiendo la leche a los industriales, se limiten a recibir ayudas a la producción. Mecanismos para garantizar la venta los hay y están en práctica en otras muchas regiones españolas y europeas, donde ni el Cabildo, ni las diputaciones ni los gobiernos tienen industrias lecheras. Aquí lo que sobra es mala leche, y no precisamente de la que dan las vacas del país, que es bien buena, sino de la otra, la que sirve para hacer un problema de lo que no es un problema.
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