Entrevista a Santiago Pérez, diputado regional del PSC por Tenerife : ´Las Teresitas es una operación de diseño contra los intereses públicos'

TERESA CÁRDENES

Santiago Pérez es parlamentario regional del Partido Socialista Canario por Tenerife y, desde hace años, el principal abanderado de la oposición contra la operación urbanística de la playa de Las Teresitas que estudia actualmente la Fiscalía Anticorrupción. Un conflicto que en su día resquebrajó incluso la unidad del PSC en Tenerife.

- ¿Qué ve usted detrás de la operación de Las Teresitas?

- Las Teresitas es el fruto de una operación inmobiliaria de diseño, diseñada y ejecutada al milímetro, que no se habría podido producir si no es por el ejercicio de la autoridad y de los poderes del Ayuntamiento de Santa Cruz y cuyos beneficios van a parar a manos privadas. Es decir, una operación en la que el poder municipal se utiliza no para preservar los intereses públicos, sino para favorecer, a espaldas de los intereses públicos, unos intereses privados.

- La operación arranca en esas famosas 72 horas en las que, antes de una sentencia del Supremo que consolida derechos edificatorios en el frente de playa, se constituye una empresa, se pide y se concede un crédito y se compra un suelo en Las Teresitas. ¿Una casualidad, una maquinación o un fantástico olfato para los negocios?

- Hay filósofos como Hume que consideraban que no existía la relación causa-efecto ni en la naturaleza ni en la realidad, sino en la simultaneidad. Desde luego, la simultaneidad en este asunto es vertiginosa, de relojero suizo.

- ¿Hasta qué punto las personas próximas a la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción creen que pudo existir una filtración judicial que diera lugar a esa operación?

- Hombre, la vida es muy larga y el año tiene 365 días, como para que se produzcan en tan breve lapso de tiempo tantos acontecimientos. La sentencia del Supremo reducía algo a la baja las expectativas edificatorias, pero consolidaba su destino edificatorio. Muchas personas que conocen a fondo la operación tienden a pensar que ha habido una filtración judicial, pero no está comprobada.

- ¿La operación Las Teresitas se debe considerar un hecho aislado, o cabría pensar en un diseño general más amplio que afectara a todo el litoral de Santa Cruz?

- Una estrategia general, como la propia operación de Las Teresitas, se escuda en el deseo del pueblo de Santa Cruz de preservar de edificación el frente de playa. De preservarlo, por cierto, de perspectivas edificatorias que habían establecido los mismos que luego quieren ser los paladines de la liberación del frente de playa. Toda la estrategia para el litoral de Santa Cruz se escuda también en un objetivo deseable, que es el reencuentro entre la ciudad y el mar. Al socaire de ese objetivo se pretende desmantelar el Puerto de Santa Cruz como puerto insular y convertir los amplísimos espacios y recintos portuarios que han sido construidos con dinero público en espacios propicios para la realización de nuevas operaciones inmobiliarias. Como las que empezaron a gestarse con la concesión de ese puerto deportivo de San Andrés del que se habla estos días o del puerto que fue concedido a una sociedad participada por Rodolfo Núñez, según mis informaciones, en las inmediaciones de la playa de Valleseco. Es decir, la ciudad se encuentra con el mar y algunos hacen las Américas.

- Una de las cosas que sostiene Coalición Canaria es que justamente lo que provoca la denuncia del caso Las Teresitas ante la Fiscalía Anticorrupción es la guerra intestina que ese proyecto provoca en su partido.

- No, lo que provoca la denuncia es justamente la creación de dos delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción en Canarias, porque eso pone al alcance un instrumento potente de investigación y de esclarecimiento. El Ayuntamiento de Santa Cruz puede montar un expediente y darle apariencia de legalidad. Pero en una operación como la de Las Teresitas el expediente municipal no deja de ser una mera escena de la comedia, cuando globalmente, la película, desde sus orígenes hasta el final, con la obtención de espectaculares plusvalías que ha generado esta operación, a ninguna mente medianamente sensible con la idea de Justicia le resulta indiferente. La fijación de una posición contraria a la operación de Las Teresitas la expresé yo como secretario insular de Tenerife días antes de que se aprobara por primera vez el convenio urbanístico, días antes de que los concejales socialistas de entonces actuaran en contra de la posición que yo había fijado y el partido adoptara medidas disciplinarias contra ellos. Ellos, los concejales socialistas, de la mano de quien entonces era su responsable, Emilio Fresco, en lugar de ponerse a hacer una oposición con perfil propio y como alternativa a ATI, acabaron pactando cosas como Las Teresitas. Pero decir que la denuncia es un producto de las desavenencias socialistas es un ejercicio de imaginación tan truculento como cuando dicen que hay indicios razonables de que el ministro de Justicia está manipulando a los jueces y a los tribunales. El único indicio racional es que en el tema de Fórum Filatélico y en el caso de Las Teresitas hay serios indicios de tratarse de operaciones ilegales y probablemente delictivas. Pero es la idea del mundo al revés que ATI y su dirección mediática pretende imponer a los habitantes de Tenerife.

- ¿Le ha sorprendido el afloramiento en el ámbito judicial del muelle de San Andrés, a través de la investigación sobre Fórum Filatélico?

- Me ha sorprendido cómo ha aflorado, pero que se pudieran producir casos como este a raíz de investigaciones de la policía o del ministerio fiscal no me sorprende en absoluto.

- ¿Y el hecho de que en el auto de Garzón sobre presuntos pagos de comisiones ilegales por ese muelle aparezca una persona que hasta anteayer estaba en su partido, que es Herminia Gil, le sorprende?

- No me sorprende en absoluto, porque la relación política y personal de Herminia Gil y Miguel Zerolo era una relación que todos conocíamos y que condiciona notablemente el papel de Herminia cuando era concejala socialista. El hecho de que ella fuera expulsada del partido pero retuviera el acta de concejal, como ocurrió también con José Luis Martín, para seguir sirviendo prácticamente de flanco de apoyo a Miguel Zerolo, no fue otra cosa que un preludio de lo que ha ocurrido en esta legislatura, en la que ya directamente Herminia Gil es asesora de Zerolo, y nada menos que de Urbanismo.

- ¿Tiene alguna sospecha de que alguien del Partido Socialista pudo cobrar o situarse en la línea de cobro en el caso de Las Teresitas?

- No tengo ninguna sospecha ni nos hemos puesto a especular sobre el cobro de comisiones. Normalmente, ese tipo de operaciones, cuando se producen, suelen tener un entorno opaco. Pero yo nunca he puesto especial énfasis en ese tema, por dos razones: la primera porque creo que en los propios actos que figuran en el expediente administrativo, cuando éste esté completo del todo, evidencian indicios delictivos y la segunda, porque si se hubieran producido ese tipo de comisiones o compensaciones, o pagos bajo cuerda, en el tiempo de los paraísos fiscales y la economía abierta, eso puede sustanciarse como un simple apunte contable en no sé qué cuenta de no sé qué país lejano. Ni era mi papel ni hacía falta demostrar esas cosas para considerar que el conjunto de la operación era ajena al interés público.

- ¿Tiene alguna duda sobre el envío del caso al juzgado por parte de la Fiscalía Anticorrupción o lo da por hecho?

- Yo he conocido el criterio de la Fiscalía en expedientes que son coincidentes con el caso de Las Teresitas. Por ejemplo, el último expediente sobre Marbella tiene que ver con una permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y un empresario inmobiliario y la acusación fiscal se basa en que la valoración de los bienes intercambiados no era equivalente, que la parte que entregaba el Ayuntamiento era valiosísima y que la parte que entregaba el empresario tenía muy poco valor.

Si ese es el criterio de la fiscalía con un caso de permuta, con mayor razón será en un caso de compraventa en el que el daño patrimonial se produce directamente sacando el dinero de la hacienda municipal. Porque uno de los hechos más graves de toda esta operación es el sobreprecio del frente de playa, tasado por consultoras externas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Como en el caso de Fórum Filatélico, en la operación de la playa hay serios indicios de actuación ilegal y probablemente delictiva. Decir que la denuncia es fruto de las desavenencias socialistas es truculento, la idea del mundo al revés que quiere imponer ATI. La estrategia se escuda en el deseo de salvar el frente de playa: la ciudad se reencuentra con el mar y algunos hacen las Américas.

Información de: La Provincia, 10-12-2006