La licitación de deuda pública del cabildo tinerfeño para costear obras dobla la de Gran Canaria

Los cabildos de Gran Canaria y Tenerife emitirán más de 120 millones de euros de deuda pública, apta para materializar en la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), con destino preferente a inversiones en infraestructuras. Cabe destacar que para ello el cabildo grancanario destina 42'2 meuros, mientras que el tinerfeño prácticamente la dobla, con 77'9 meuros, lo que conllevará que, conjuntamente con la mayor ayuda que Gobierno de Canarias presta a la provincia occidental, allí se sigan realizando las mayores y mejores infraestructuras.
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El Consejo de Gobierno aprobó una emisión de deuda pública por parte del Cabildo grancanario de 42,2 millones de euros, destinados a programas como el Plan Insular de Actuación Municipal, el Plan de Acondicionamiento de Carreteras, inversiones del Consejo Insular de Aguas o el Plan Insular de Obras y Servicios. Por su parte, el Cabildo de Tenerife ha solicitado una emisión mucho mayor, que alcanza los 77,9 millones de euros, parte de los cuales se invertirán en obras como el metro ligero Santa Cruz-La Laguna -infraestructura que ni siquiera está prevista para Gran Canaria-, actuaciones en carreteras o el Plan de Cooperación Municipal.

El portavoz del Consejo de Gobierno, el palmero Antonio Castro, informó que la Comunidad Autónoma tiene una capacidad de endeudamiento que asciende a los 1.021 millones de euros hasta el 31 de diciembre de este año, lo que supone el 4% del PIB del Archipiélago. Castro resaltó que la media estatal se encuentra en el 9,8% y hay omunidades autónomas que llegan hasta el 12%, por lo que Canarias se encuentra en un nivel de endeudamiento saneado.

Directrices

El Ejecutivo destinará 3,7 millones de euros a los municipios de Gran Canaria y, casi el doble, 6,1 millones de euros a los de Tenerife, para que adapten sus planes generales a las Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo.

Por otro lado, el Ejecutivo destinará 3,5 millones de euros para implantar un nuevo sistema de información y gestión tributaria denominado Gaudí, tras un acuerdo al que se llegó con la Generalitat de Cataluña. El objetivo de este nuevo programa es el de optimizar la gestión de los tributos y facilitar el pago de los impuestos a los contribuyentes de forma más ágil, a través de Internet.