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La Voz de Gran Canaria

Obras ilegales impunes

Obras ilegales impunes

La falta de recursos económicos y la reducida plantilla de técnicos en el servicio municipal de Disciplina Urbanística provoca la congelación de unos 200 expedientes de demolición de obras ilegales en Las Palmas de Gran Canaria, una situación que sin embargo no impide al Ayuntamiento cobrar a sus responsables la correspondiente multa coercitiva para financiar un derribo que finalmente no ejecuta.
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El concejal de Planeamiento, Felipe Afonso, atribuye esta situación al desinterés de las constructoras por realizar obras de este tipo al ser de bajo coste, mientras el grupo socialista denuncia que se está produciendo "un enriquecimiento ilícito" de la administración capitalina La cantidad que el Ayuntamiento cobra a los propietarios de obras urbanísticas ilegales se denomina exacción cautelar, y tiene como objeto financiar el posterior derribo de la construcción.

Sin embargo, la misma no se lleva a cabo con regularidad porque el servicio de Disciplina Urbanística, encargado de tramitar los expedientes, no logra que lleguen a su fin. El servicio de Rentas sí cobra las exacciones cautelares, como lo atestigua un dato oficial del año que está a punto de acabar: hasta hoy se han ingresado casi 177.000 euros de ciudadanos que habían acometido obras ilegales, pero ninguna de estas se ha demolido aún.

La inoperancia municipal a la hora de ejecutar la demolición de obras ilegales en este caso es por desgracia sólo uno más de muchos. Ayuntamientos como Telde o Gáldar, además de otros muchos de las zonas más construidas en Gran Canaria padecen este mismo mal de inoperancia y ello tiene como consecuencia final la legalización de las infracciones urbanísticas, una posibilidad a la que pueden acogerse los infractores si, tras haber pagado la correspondiente multa coercitiva, transcurren cuatro años sin que el Ayuntamiento actúe.

Así lo recoge el artículo 188 de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias. Una situación como esa se produjo hace un año con el cerramiento ilegal de un patio en un edificio de Las Alcaravaneras. La comunidad de propietarios inició una batalla administrativa contra esa infracción en 1996 y siempre tuvo la callada por respuesta. En 2000, y a petición del infractor, un técnico municipal firmó un informe en el que reconocía la caducidad del expediente y, por lo tanto, que procedía su legalización. El caso llegó a los tribunales y un juez anuló el sobreseimiento, pero no ordenó la demolición, que Urbanismo legalizó luego.

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1 comentario

juan -

Están empezando esta semana una obra ilegal en teror,zona totalmente rústica, en la carretera de teror a San mateo, a 200 despues de p.k.25
¿Que puedo hacer para denunciarla?
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