Base naval : lo de siempre

ÁNGEL TRISTÁN PIMIENTA

El ministro de Defensa, José Bono, no ha dicho nada nuevo. Con respecto a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria sigue el criterio de todos sus antecesores, que es la doctrina oficial: no hay inconveniente en abandonar las instalaciones actuales si la Ciudad las quiere, pero es previo que primero se ofrezca una nueva ubicación en un lugar con similares servicios portuarios y se entregue "llave en mano" otro Arsenal al menos de idénticas características. Más claro imposible. Pero cada cierto tiempo, a pesar de no prestarse a equivocación o engaño, salta a la actualidad el conflicto inexistente, y venga a marear al delfín. O al zifio, que es animal más de moda. Pero siempre la respuesta es la misma: en primer lugar no se plantean dudas acerca de la necesidad de estas instalaciones navales. Son estratégicas para el interés nacional y para los compromisos internacionales de España. Y también, aunque esto queda englobado en el interés nacional, para la protección y la seguridad del Archipiélago en todos los órdenes, incluyendo las funciones de policía marítima y protección del mar ZEC y las costas.

Estando meridianamente claro este aspecto, sobre el cual el Gobierno, todos los gobiernos, no admiten discusión, queda un doble espinoso asunto: la ubicación alternativa y la financiación del proyecto, que es más, mucho más, que la simple construcción de un muelle. ¿Quién paga?, ¿cómo las corporaciones concernidas, en este caso el Ayuntamiento de la capital, y la Autoridad Portuaria, cuando se aclaren entre ellas, van a conseguir la financiación precisa? Hay más preguntas derivadas, y la principal es si la búsqueda del dinero va a implicar una escalada de recalificaciones para, mediante pelotazos organizados por las instituciones, conseguir plusvalías para acometer los trabajos. Un procedimiento netamente especulativo que, en principio, además de estar prohibido por la Constitución, que convendría releer con regularidad, para estar al tanto de su letra y en especial de su espíritu, modificaría sustancialmente los objetivos planteados para la ´operación rescate´, que consisten en la obtención de nuevos espacios para uso público.

Todo esto, con independencia de un interesante debate jurídico acerca de la legalidad de la ocupación militar de unos terrenos en los que, ´antes de la guerra´, estuvo un muelle frutero, y alrededor de los cuales se han suscitado planteamientos contradictorios respaldados, todos ellos, por abundante material documental. En este capítulo entraría a quién le correspondería la propiedad en caso de que la Armada abandone, por los motivos que sean, las dependencias: ¿a la Ciudad?, ¿al Puerto?

Pero la clave, el ´arco de bóveda´, es que el Ministerio no tiene ningún interés en desprenderse de la Base Naval, cuyas carencias operativas pueden ser fácilmente subsanadas. Los requerimientos para el ´trueque´ son tan complicados y costosos que demuestran la voluntad inicial de Defensa de mantener el enclave urbano: en realidad, en época de ajuste presupuestario, y con unas necesidades tremendas en materia de personal, derivadas de la aventurera profesionalización total de las FAS decidida de ahora para después por José María Aznar, que rompió el consenso parlamentario de 1993, que planteaba un ejército mixto al 50-50, necesidades a las que hay que sumar los requerimientos en buques, armamento y técnicas, un traslado de estas características sólo sería
posible como producto de un cambio sin costes apreciables.

Esta es la realidad, una realidad tozuda, que se ha mantenido inmutable desde que una gigantesca maniobra de intoxicación y demagogia por parte de grupos radicales boicoteó la creación de un conjunto aeronaval en la zona Gando-Arinaga mediados los 70. Aquella iniciativa sí tenía "las perras escuchando la conversación", porque se trataba, entonces, de una prioridad. Pero las prioridades van cambiando con el paso de los años. El Hospital Militar Rey Juan Carlos se concibió en las mismas fechas, y estaba planteado para una situación distinta, de la milicia, y en el Sahara. Lo mismo sucedió con la prisión de La Isleta. La evolución estratégica, y de los mismos conceptos, incide en las directivas de la Defensa Nacional y en los medios para desarrollarla en cada período.

Hoy día, no existe necesidad para un cambio logístico. Por lo tanto, quien tiene que mover ficha es quien quiere modificar el ´statu quo´; o el Ayuntamiento o la Autoridad Portuaria, o el Cabildo, o el Ejecutivo regional, juntos o por separado. Otra cosa son los mensajes pacifistas, antimilitaristas y vegetarianos,
que están muy bien y son necesarios por su función de Pepito Grillo, y para entretenimiento de almas cándidas y espíritus ingenuos, pero que son difícilmente entendibles en responsables políticos.

Quizás llegue un día en que se pueda hablar de este tema en serio, que es con posibilidades económicas para afrontar el proceso de una ocupación civil, municipal, portuaria o mixta. Pero, por ahora, cada vez que se ha planteado la reivindicación lo ha sido o a ver que cae, o para desviar la atención de la falta de criterios
sobre el modelo de ciudad.
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