La reforma que no llega
FRANCISCO POMARES
El sistema electoral que ha permitido la consolidación de la Autonomía regional se basa en un acuerdo entre dirigentes de las distintas islas que hoy resulta absolutamente imposible romper. Ese acuerdo no es sólo un acuerdo entre los representantes de Gran Canaria y Tenerife, sino también entre los de las islas de una provincia y las de la otra, y entre los de las islas capitalinas y los de las periféricas. Romper el pacto para ir a una circunscripción regional suponía en la primera reforma del Estatuto romper la Autonomía y dinamitar la región. Porque más que de un acuerdo se trata de un nudo gordiano, del último amarre, dificultosamente anudado por las distintas familias y grupos territoriales de UCD en Canarias, en la prehistoria política de la región. Esa herencia engordó y engordó al insularismo que ha contaminado absolutamente la política regional. Aquí se hace política primordialmente desde la isla. Y lo demás son puras formas.
La demostración más clara de este estado de cosas es Coalición Canaria: una fuerza política que se define nacionalista, pero actúa como un conglomerado de partidos e intereses de ámbito insular. En Coalición está ATI, que es un partido exclusivamente tinerfeño, con dos problemas: un presidente que lo es al mismo tiempo de ATI y de Coalición, y un presidente del Gobierno que quiere serlo de Canarias, pero al que sólo le llaman de verdad los problemas tinerfeños. Y luego están las dos o tres ICAN, todas ellas con pretensiones de fuerza regional, pero implantación exclusivamente grancanaria. En cuanto al centrismo ya no se molesta ni en representar la ficción de su existencia. Las demás: Asamblea Majorera es majorera, API de La Palma y los PNLes (si son algo) son conejeros.
La introducción de controles en las normas electorales canarias no logró siquiera aflojar el nudo, mucho menos cortarlo: la nueva reforma del Estatuto, esa que ayer comenzó en el Parlamento y que los expertos que la han montado en dos meses pretenden competencial y de rango, no afronta el problema capital de esta región, que sigue siendo su esencia insular. Sólo una circunscripción regional en la que se midan los políticos y las políticas regionales cambiaría de verdad el alma, el paisaje y el paisanaje político de una región dividida en los momentos cruciales de su historia. Sólo esa reforma -de la que nadie quiere ni oír hablar- puede hacer de Canarias una única comunidad, un único territorio. Sin ella,
avanzamos hacia un único mercado (como le gusta decir a Adán Martín), pero no seremos nunca un único país.
El sistema electoral que ha permitido la consolidación de la Autonomía regional se basa en un acuerdo entre dirigentes de las distintas islas que hoy resulta absolutamente imposible romper. Ese acuerdo no es sólo un acuerdo entre los representantes de Gran Canaria y Tenerife, sino también entre los de las islas de una provincia y las de la otra, y entre los de las islas capitalinas y los de las periféricas. Romper el pacto para ir a una circunscripción regional suponía en la primera reforma del Estatuto romper la Autonomía y dinamitar la región. Porque más que de un acuerdo se trata de un nudo gordiano, del último amarre, dificultosamente anudado por las distintas familias y grupos territoriales de UCD en Canarias, en la prehistoria política de la región. Esa herencia engordó y engordó al insularismo que ha contaminado absolutamente la política regional. Aquí se hace política primordialmente desde la isla. Y lo demás son puras formas.
La demostración más clara de este estado de cosas es Coalición Canaria: una fuerza política que se define nacionalista, pero actúa como un conglomerado de partidos e intereses de ámbito insular. En Coalición está ATI, que es un partido exclusivamente tinerfeño, con dos problemas: un presidente que lo es al mismo tiempo de ATI y de Coalición, y un presidente del Gobierno que quiere serlo de Canarias, pero al que sólo le llaman de verdad los problemas tinerfeños. Y luego están las dos o tres ICAN, todas ellas con pretensiones de fuerza regional, pero implantación exclusivamente grancanaria. En cuanto al centrismo ya no se molesta ni en representar la ficción de su existencia. Las demás: Asamblea Majorera es majorera, API de La Palma y los PNLes (si son algo) son conejeros.
La introducción de controles en las normas electorales canarias no logró siquiera aflojar el nudo, mucho menos cortarlo: la nueva reforma del Estatuto, esa que ayer comenzó en el Parlamento y que los expertos que la han montado en dos meses pretenden competencial y de rango, no afronta el problema capital de esta región, que sigue siendo su esencia insular. Sólo una circunscripción regional en la que se midan los políticos y las políticas regionales cambiaría de verdad el alma, el paisaje y el paisanaje político de una región dividida en los momentos cruciales de su historia. Sólo esa reforma -de la que nadie quiere ni oír hablar- puede hacer de Canarias una única comunidad, un único territorio. Sin ella,
avanzamos hacia un único mercado (como le gusta decir a Adán Martín), pero no seremos nunca un único país.
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