Más allá de la RIC, del REF y de la corrupción

SERGIO ROQUE y ocho profesionales más*

Si sólo nos atenemos a la narcotizante descripción de la situación social y política de Canarias dibujada por nuestros gobernantes parecería que viviéramos en un territorio donde la felicidad hincha nuestros corazones. Pero para desgracia de nuestros próceres, la realidad virtual del debate de la nacionalidad no termina de ocultar la auténtica realidad que conocemos a través de los medios de comunicación, de estudios imparciales y de nuestro contacto directo.

En ausencia de autismo social, no es difícil percatarse de la dura situación social que golpea a nuestros conciudadanos menos afortunados. Los datos de pobreza, desamparo de menores, inatención de enfermos mentales, parados, sueldos escuálidos, contratos precarios y desarticulación son tan contundentes que no termina de entenderse cómo es posible que los ciudadanos no se rebelen activamente ante una élite tan autocomplaciente e irresponsable. Quizás no sea tan difícil de explicar si nos atenemos a lo que nos enseñó Mancur Olson sobre los problemas de la acción colectiva (The Logic of Collective Action). A pocos parece interesar el recoger la bandera de los desfavorecidos, salvo para decir las obviedades para salir en los telediarios y dejar bien clara su cuota de sensibilidad social.

Canarias, como sociedad cohesionada, bordea desafortunadamente el fracaso. Nuestro modelo de desarrollo se ha basado en la vertiente más burda e insensible del sistema de mercado, alejado de los mecanismos de contrapeso y razonabilidad propios de las sociedades europeas avanzadas. Las políticas turística y urbanística son ejemplos evidentes de la vertiente más depredadora de nuestro sistema. El azar nos dotó de unos recursos naturales valiosísimos que gestionados con inteligencia nos permitirían, desde el punto de vista económico, vivir confortablemente a todos y en un medio natural envidiable por benigno y por su belleza paisajística. Pero ciertas élites económicas, sociales y políticas, que sólo entienden de cuentas de resultados a corto plazo, con un egoísmo primario y tremendamente miope, nos han dejado con un sector turístico de baja calidad, de bajos salarios, tremendamente vulnerable a la competencia internacional, y con un paisaje urbano feo e inhibidor de las relaciones de vecindad. Basta pensar en la magnífica entrada a Playa del Inglés que ofrecemos a nuestros turistas y conciudadanos o en el extraordinario paisaje urbano que con esmerado esfuerzo nos han dejado en el entorno de la playa de Las Canteras. Esto por hablar de Gran Canaria, pero en el resto de islas las cosas no han ido mejor, salvo algunas excepciones.

Entendemos que el sistema de mercado está basado en la búsqueda de los intereses de todos aquellos que participamos en él. A eso le llaman los economistas ser racionales, es decir, capacidad para discernir y tomar las decisiones que personalmente más nos interesan; el sistema de mercado funciona bastante bien en términos de eficiencia social y bienestar y libertad personales. Pero no sólo somos personas racionales (egoístas), sino que también tenemos capacidad para ser razonables, para establecer reglas justas y atenuar nuestros impulsos primarios en aras del bien común. Esto es lo que hace que las sociedades se cohesionen y se tenga la sensación vital de pertenencia social, de sentirse ciudadanos. Al fin y al cabo, sólo los ignorantes no se percatan de que la felicidad tiene mucho que ver con la vida en común, compartida y algo desinteresada, y menos con el atesoramiento para demostrarle a los demás lo listos y poderosos que somos.

Salvo muy contadas excepciones, ese estadio intelectual de implicación social ilustrada no ha sido alcanzado por aquellos que se consideran a sí mismos como la élite de nuestra sociedad canaria. La mayoría de nuestra clase económica, principalmente ligada al fácil negocio constructor-inmobiliario, sólo entiende de rendimientos y poder social. Si se puede quitar un metro de acera para el espacio público, se quita y punto. ¿Qué les importa a ellos si la pareja que tira de un cochito de niño no cabe en la acera? ¿Qué les importa a ellos si ese parque que piensan urbanizar presionando a los políticos y funcionarios de turno sirve de encuentro y esparcimiento de chicos y mayores? ¿Qué les importa a ellos si las viviendas que piensan expropiar a precios irrisorios son los derechos de propiedad legítimos de familias indefensas? ¿Qué le importa a ellos si las fachadas realizadas con los peores materiales son un atentado visual? Ellos viven en urbanizaciones dónde lo que sobra es espacio verde y gusto arquitectónico. Lo que realmente les importa es que la clase política-funcionarial les solucione el encaje de su Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) ante el nuevo marco que configura las Directrices Europeas de Ayudas de Estado de Finalidad Regional 2007-2013. Lo vital, para ellos, es que la RIC siga siendo un mecanismo de intenso incremento patrimonial. Ya sabrán, con el apoyo de determinado entramado político-funcionarial reconocible, buscar las coartadas ideológicas necesarias para explicarnos al resto de contribuyentes no RIC el fuerte incremento del empleo que han generado. Es infantil que, además de enriquecerse legalmente, encima quieran el aplauso de todos. ¡Quieren hacernos creer que crean empleo por bondad, no por autointerés! Infantil, repetimos.

En las sociedades avanzadas de nuestro entorno occidental la responsabilidad social de los empresarios es un elemento fundamental de cohesión. Así, cuando estos son ilustrados, la sociedad se articula mejor, pues no en vano son los espíritus más dinámicos e innovadores de la misma. La capacidad de influir que tienen es enorme y cuando lo hacen exentos de vanidad y mediocridad el resultado es magnífico.

Pero el papel de articulación social no le corresponde a los empresarios, sino principalmente al sistema político-funcionarial. El mercado es un sistema social que regula y dirige nuestras acciones y decisiones fundamentales, pero como tal no se impone, sino que somos todos nosotros a través del sistema político quienes decidimos cómo se actúa en él. Catalaxia (juego) llamaban Von Mises y Von Hayek al mercado. Somos todos nosotros quienes decidimos conjuntamente qué es acera y parque y qué es solar; qué pasa cuando alguien enferma y no puede trabajar; qué salario mínimo debe ganar una persona y qué hacer con las desigualdades que genera el juego; de quién son los derechos de propiedad, cómo se utilizan, cómo se transmiten, etc. Es decir, son las decisiones colectivas (política) las que enmarcan las decisiones privadas (mercado). Frente a la racionalidad personal, el entramado político nos acerca a la razonabilidad pública; para ello se necesita que deleguemos en los políticos y en los funcionarios la aplicación de las reglas que canalicen el juego del mercado hacia unas soluciones que consideremos conjuntamente como justas, e impulsen comportamientos cívicos que nos hagan cada día mejores ciudadanos. Todo esto sólo es posible si nos dotamos de un sistema fiscal que proporcione los recursos necesarios. Sin tributos no hay ciudadanos, pues sería absurdo fijar derechos sin posibilidad de realizarlos.

El más grave problema del sistema político-funcionarial canario es que está deslegitimado de origen por su perversa e injusta ley electoral. Ésta arroja a los partidos a la defensa de unos ciudadanos canarios de un territorio frente a otros, tal como predice la Teoría de Juegos. Defender el bienestar de los de mi isla ante el resto, con la consiguiente falta equidad en el reparto de los recursos regionales, beneficiando a las coaliciones insularistas ganadoras, unido a la necesidad de mantener la dominación regional del grupo actualmente hegemónico, denota un egoísmo insoportable propiciado en gran medida por las reglas de juego electoral.

Según Aristóteles, el primer elemento esencial de todo sistema político debe estar guiado por la equidad, y este elemento está totalmente ausente en el nuestro. Es muy difícil en estas circunstancias sentirse perteneciente a una ciudadanía canaria y menos tener algún afecto intelectual con políticos que juegan con el sentimiento localista para optar a sucesivas reelecciones. Claro que Canarias es tierra única, ¡pero por injusta!

Pero ya no es sólo la falta de legitimidad de origen que tiene nuestro sistema político, sino que a ésta se le une la falta de legitimidad de funcionamiento. Pues si la insensibilidad social de la clase empresarial es esperable en estas latitudes, lo que nos desmoraliza y nos irrita sobremanera es que el entramado político-funcionarial en general, siempre con honrosas excepciones, haya abdicado de su rol social y se haya posicionado como un actor más en el juego del mercado, confundiendo lo privado (racional) con lo público (razonable). La interacción y cierta influencia entre lo privado y lo público son obvias en nuestras sociedades avanzadas y complejas, dónde las administraciones públicas canalizan y gestionan una cantidad ingente de recursos; pensar lo contrario sería hipócrita por extremo, pero la connivencia entre los entramados económico y político es insultante para un demócrata.

Y el problema no es sólo la corrupción, fenómeno permanente en todas las relaciones humanas, tanto públicas como privadas, y que no debemos confundir ni asociar con el sistema de mercado (bueno sería leer a Max Weber) ni con el sistema democrático (para esto es mejor Aristóteles). El problema es la respuesta que da el Parlamento de Canarias: elaborar un código ético. ¡Para llorar! Lo lógico, democrático y gallardo, al menos para los partidos que sinceramente quieran disminuir las corruptelas, sería haber pedido una mayor dotación de fiscales Anticorrupción e inspectores de Hacienda y de Trabajo; no hay funcionarios más rentables económica y socialmente que éstos. Pensar que el propio sistema político se va a autolimitar es no haber leído con detenimiento ni a Montesquieu ni a David Hume. Bueno sería recordar las palabras de éste último: “En vano nos enorgulleceremos de las ventajas de una Constitución, pues al final resultará que no tenemos otra seguridad para nuestras libertades y haciendas que la buena voluntad de nuestros gobernantes; es decir, ninguna” (ensayo De la independencia del Parlamento).

Pero el problema de la corrupción no nos debe hacer perder de vista los verdaderos problemas que tiene nuestra sociedad: paro, pobreza y marginación, desigualdades sociales, desamparo de menores, enfermos psíquicos sin atención, inmigración masiva, superpoblación, bajos niveles educativos, depredación urbanística, etc. Un gobierno responsable, con su aparato administrativo, tendría que poner los cinco sentidos y todo el esfuerzo en sacar a nuestros conciudadanos más desfavorecidos de esta situación y evitar el abuso de coches oficiales magníficos, viajes con dietas a los lugares más exóticos para no sé qué promoción, campañas publicitarias caras para tapar con eslóganes las incapacidades, edición de libros de amigos, televisiones para manipular, atontar y perpetuarse en el poder y de paso enriquecer a las productoras amigas, subvenciones para eventos de nula utilidad social y gran boato personal, mantenimiento de servicios inútiles, proyectos para gastar presupuestos sin objetivos predefinidos, reelaboración del Estatuto de Autonomía para acaparar más presupuesto y poder a través de más competencias, aunque las que se tienen no se gestionen, etc, etc, etc. ¡Chocolate del loro!, dirán los cínicos, pero la verdadera realidad es que cuantiosos recursos de nuestros impuestos y de nuestros solidarios ciudadanos europeos se despilfarran y/o desaparecen en bolsillos privados en una sociedad de enormes carencias y eso es sencillamente insoportable por inmoral. La máxima austeridad debía ser la guía de una auténtica administración que de verdad se ocupara de la felicidad de los canarios. De todos, no de los familiares, amigos y demás conocidos.

La sociedad canaria necesita urgentemente de un nuevo proyecto político radicalmente distinto, que debe centrarse, entre otros, en los siguientes ejes prioritarios:

1º Reformar el Estatuto de Autonomía, introduciendo un sistema electoral donde predomine la circunscripción regional y se garantice a cualquier ciudadano canario el mismo nivel de servicios públicos. Al mismo tiempo, no recoger en el Estatuto nuevas competencias en justicia, costas, puertos y aeropuertos, y policía, que sólo proporcionarían menos control de la corrupción, más desmanes urbanísticos, más tentaciones hegemónicas de unas islas frente a otras y mas gastos innecesarios. Es una majadería pensar que mejor se presta un servicio cuanto más cerca está quien lo dirige. Así, una justicia verdaderamente imparcial exige que quienes la ejerzan tengan los menos vínculos familiares y de amistad con la población administrada.

2º Asumir sin complejos que nuestra principal industria es el turismo y, por tanto, centrar los esfuerzos inversores del Gobierno en el sector, mejorando los paisajes urbano y natural, las infraestructuras y los servicios. Es sintomático del descuido de este sector el que los consejeros de Turismo sean tan poco relevantes políticamente.

3º Implantar en los colegios públicos la jornada partida hasta las 18:00 horas con servicio de comedor gratuito para todos los alumnos. Se trata de evitar que la marginación, la desarticulación social, la desigualdad y el atraso sigan siendo características endémicas de nuestra sociedad canaria. Para ello debe aumentarse significativamente el presupuesto de la Consejería de Educación, sobre todo en nueva contratación de personal, para que en horario oficial de tarde se impartan las materias y actividades de refuerzo y profundización, orientación personal, cursos específicos de formación, estudio tutorizado, tutoría de padres, talleres, etc. Desde la escuela se debe y se puede romper con lo que se está percibiendo como un fracaso social inevitable de una gran parte de nuestra población.

4º Rediseñar la estructura de los presupuestos públicos, de tal manera que los gastos se acomoden a proyectos concretos de objetivos evaluables, dando máxima prioridad a los servicios socio-sanitarios, y eliminando aquellos gastos destinados a cenas, regalos, atenciones, representaciones, boato, autobombo, viajes, propaganda para el culto a la personalidad del gobernante de turno, etc. La austeridad y trabajar por objetivos tiene que ser el sello de una administración pública de una sociedad con grandes carencias.

5º Proteger y gestionar el medio ambiente natural y urbano como una variable de desarrollo fundamental y no como un eslogan que esconda falta de compromiso. Cada acción, cada autorización de la administración, debe velar por la conservación y rehabilitación del medio y de la belleza paisajística y urbana, además del control de la contaminación. Cada política de cualquier departamento debe propiciar la utilización de energías renovables y ayudar y exigir su utilización.

6º Restablecer claramente la autonomía de la administración pública (razonable) de los operadores privados (racional), separando las acciones de gobierno de los intereses privados concretos y salvaguardando al inversor privado de la influencia ilegal del entramado político-funcionarial. Para ello, se debe potenciar el control del sistema político-funcionarial a través de la independencia y el fortalecimiento de los fiscales Anticorrupción, de los inspectores de Hacienda y del Tribunal de Cuentas; reformar la legislación local para que la oposición siempre esté representada en las empresas públicas y en las mesas de contratación y exigir una mayoría cualificada en la aprobación de los planes urbanísticos. Además, debe investirse en el Estatuto de Autonomía al diputado regional de la cualidad de agente de la autoridad en los términos del artículo 142 de la Ley General Tributaria para el ámbito de la aplicación y gestión de los presupuestos regionales.

7º Propiciar un debate en profundidad sobre los efectos del crecimiento de la población que coadyuve a tomar las medidas necesarias para que los flujos migratorios no sean un factor distorsionador del bienestar social.

Como militantes o simpatizantes del Partido Socialista Canario, pensamos que le corresponde a este partido tomar estas iniciativas para hacer posible una sociedad canaria mejor, pues recursos hay, lo que mal repartidos y peor utilizados. Esperamos que nuestra responsabilidad sincera hacia la ciudadanía y, en especial, hacia los ciudadanos más desfavorecidos nos impulse hacia ellas.

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Artículo continuación de Más allá de la RIC, del REF y de la corrupción (I)

*José Ramón Funes (economista), Mauricio Roque (abogado), Benito Cabrera (economista), Pedro González de la Fé (doctor en Economía), Pedro Ramírez (Ingeniero), Rafael Medina (ingeniero), Enrique Wood (economista), Guillermo Oliver (médico), Luis Suárez (economista), Sergio Roque (doctor en Economía)