La patronal turística amenaza con demandar al Gobierno por el Palacio de Maspalomas

La FEHT envía a Turismo un requerimiento notarial advirtiendo de que en caso de que el Ejecutivo cumpla con las medidas aprobadas en Consejo de Gobierno e hipoteque la propiedad, presentará acciones judiciales.

El Palacio de Congresos de Maspalomas continúa siendo objeto de polémica. La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha enviado a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias un requerimiento notarial, firmado por su presidente, Fernando Fraile. El mismo insta al Ejecutivo a dar marcha atrás a los acuerdos tomados en el último Consejo de Gobierno con respecto al recinto congresual. En caso contrario, el documento, elaborado por los abogados de la patronal turística, amenaza con tomar medidas judiciales contra la Administración regional, según han confirmado fuentes gubernamentales y empresariales a este periódico.

Este último acuerdo del Consejo de Gobierno, del pasado 29 de julio, con el visto bueno tanto de Coalición Canaria (CC) como de su socio el Partido Popular (PP), contemplaba aprobar la concesión de un aval de 16 millones de euros a la empresa pública Canarias Congress Bureau Maspalomas (CCB Maspalomas) pero en vez de correr los gastos directamente a cargo de las arcas de la Comunidad Autónoma, en este caso el aval se concede contra las propias instalaciones, es decir, hipotecando la propiedad con una entidad financiera. Además, se aprueba un crédito de 1,5 millones de euros a la Consejería de Turismo. En resumen, el Ejecutivo refinancia la deuda viva existente, de 18,63 millones de euros, más cuatro millones adicionales, lo que suma una hipoteca de 22,63 millones de euros de los cerca de 27 millones de euros que ha costado el Palacio, incluyendo las obras que es necesario concluir para que cumpla con la normativa y que han provocado su cierre provisional. Y esta refinanciación se realiza trasladando la deuda del seno del Ejecutivo a una entidad financiera.

Sociedad endeudada

A juicio de fuentes empresariales consultadas, la Administración regional pretende con esta operación que, al acumular toda la deuda, a excepción de la cifra ya pagada por los empresarios, en el banco, si el grupo de empresarios que compraron el 51% de las acciones por medio de un acuerdo que se halla en estos momentos en los tribunales, gana el litigio, se encuentren con una sociedad endeudada. Y este endeudamiento les haría tener que pagar en concepto de pagos hipotecarios prácticamente la mitad del coste del Palacio. Esto supondría prácticamente el cumplimiento del acuerdo del Parlamento de Canarias en 2001, que instaba al Ejecutivo a que negociaran con los titulares privados para conseguir que su aportación se ajustase al verdadero precio de las acciones que compraban. Es decir, si el Palacio ha costado unos 27 millones de euros y los empresarios se van a hacer con el 51% de las acciones, que paguen una parte proporcional al coste final de la obra por las mismas «y no un valor muy inferior al real a costa del dinero de todos los canarios», según expresan fuentes gubernamentales, que aseguran que «deben velar por los fondos públicos y no regalárselos a los empresarios».

Mientras, fuentes empresariales aseguran que los hechos es que se estableció una ampliación de capital a un precio determinado para quedarse con el 51% de las acciones de un Palacio de Congresos terminado y funcionando, y «eso es lo que nos tienen que dar, no una sociedad endeudada por la que tengamos, por tanto, que pagar la mitad de lo que ha costado. «Están preparando su posición en el pleito por si pierden» afirman.

De hecho, explican, el Gobierno había acordado negociar con el empresariado el precio «pero aún estamos esperando su valoración».Por estas razones, según las fuentes consultadas, la patronal que preside Fernando Fraile, cuñado del teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria por el PP, Mario Romero Mur, amenaza con una nueva demanda además de haber informado ya al juez que lleva la primera demanda de la sociedad en su conjunto, a través de las diligencias oportunas, de las nuevas iniciativas tomadas por el Gobierno y que, manifiestan, modifican sustancialmente la situación sin esperar a la resolución del juicio, «como sería pertinente».

«Lo único positivo es que arreglen el desastre que hay ahí -mal servicio contraincendios, insonorización y butacas deficientes o mármoles rotos, entre otros desperfectos, justifican la afirmación-».Y es que se ponga en marcha es un deseo compartido por muchos, entre ellos el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez. «El Ayuntamiento no tiene ningún interés en la propiedad, lo único que queremos es que funcione por la calidad y cantidad de turistas que puede traer».

Lo único cierto es que la situación se mantiene bloqueada entre las partes mientras continúa el proceso judicial y el sur de Gran Canaria adolece de una instalación adecuada para la celebración de grandes congresos gracias al interés que, una vez más, muestra el Gobierno de Canarias por el progreso de nuestra Isla.