El Rector de la Universidad de La Laguna amenaza con exigir una compensación si el ITC se transfiere a la Universidad grancanaria

La posibilidad de que la sección de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) se transfiera a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) "puede producir, de nuevo, un desequilibrio" entre las dos universidades públicas del Archipiélago que, en caso de materializarse, debería incluir una compensación para la de La Laguna (ULL).

M. Gómez

Así lo advirtió ayer el rector de la institución tinerfeña, Eduardo Doménech, quien sostiene que, si las intenciones de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias se concretan, la Universidad de Las Palmas tendrá acceso a unas infraestructuras de investigación de las que la ULL no dispone.

Doménech no discute si parte del ITC debe entrar en la Universidad grancanaria, pero pide, a cambio, "un mayor apoyo" para las instalaciones que precisa la institución que dirige para investigar.

El Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (Cibican), el Instituto de Enfermedades Tropicales y los proyectos de nanotecnología y sostenibilidad previstos para el polo científico del antiguo Hogar Gomero son algunas de las infraestructuras que, a juicio del rector, merecen más respaldo del Ejecutivo regional. "También las ingenierías nos están pidiendo espacios para desarrollar investigación y productos tecnológicos", expone Doménech.

La incorporación de la sección de I+D y de sus trabajadores a la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC forma parte de la propuesta que el Gobierno canario ha trasladado a los trabajadores del ITC con el propósito de hacer viable el centro y evitar los alrededor de 80 despidos que se ejecutarían en caso de presentarse el expediente de regulación de empleo con el que ha amagado el Ejecutivo.

Las otras medidas incluidas en el documento -al que los empleados no han dado aún una respuesta- son la reducción de salarios mediante una bajada lineal del 5% y la renuncia a diversos complementos -uno "ad personam", que perciben 26 trabajadores; otro de transporte, que cobran 75; y dos relacionados con las pagas extras-, así como el cambio de personalidad jurídica del Instituto, que actualmente es una empresa pública y que, según el Gobierno, debería convertirse en un ente público empresarial.

El Día, 28-11-28