El PP aprovecha la Ley de Ciudades para ´ocultar´ los grandes asuntos de la capital

La Ley de Grandes Ciudades, que coloquialmente define la Ley 57/2003, por la que se moderniza el funcionamiento de la administración municipal, se ha convertido en el mejor pretexto para la mayoría local del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para tomar en solitario, y en la mayor parte de los casos a puerta cerrada, las decisiones sobre los grandes asuntos de la capital.
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Los plenos municipales se han vaciado de contenido y apenas debaten mociones presentadas por la oposición, y las comisiones se celebran sin público ni periodistas. En otros municipios, como Madrid, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife, la forma de interpretar la normativa es mucho menos perversa.

La Junta de Gobierno Local se ha convertido, desde hace aproximadamente año y medio -la Ley entró en vigor en enero de 2004- en el órgano decisorio por excelencia. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria es, en realidad, fiel reflejo de lo que marca la nueva normativa: el lugar donde se toman las decisiones ejecutivas del municipio, aunque en el caso del Ayuntamiento capitalino ni siquiera sea así siempre.

Sin debate

De hecho, un asunto como la polémica del istmo de Santa Catalina, sobre el que ha gravitado un alto porcentaje de la vida política municipal del presente mandato, que ya ha pasado el ecuador, apenas ha pasado por los órganos municipales, a no ser la aprobación de algún documento o que los grupos de la oposición hayan exigido el debate mediante alguna moción plenaria, una pregunta o un ruego. Pero papeles, ninguno. Ni siquiera en la Junta de Gobierno, donde sólo participan concejales de la mayoría local, interpretación que por ejemplo no se cumple en Santa Cruz de Tenerife, con un pacto CC-PP, con presencia de la oposición.

La composición de ese órgano, sin embargo, no ha cambiado nada con respecto a los últimos nueve años: en 1996, siendo alcalde el hoy presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria, se suprimió la participación de la oposición en este órgano, entonces llamado Comisión de Gobierno.

Aún manteniendo que la Ley de Grandes Ciudades descarga el Pleno de asuntos ejecutivos para convertirlo en un órgano de debate y fiscalización, a semejanza de un parlamento, con sus comparecencias de concejales de área y debate de mociones; y considerando que la Junta de Gobierno Local toma el relevo en la toma de acuerdos, otro instrumento que alivia las sesiones plenaria, las comisiones de pleno -de carácter sectorial, donde se debaten asuntos de urbanismo, hacienda y servicios municipales- no son públicas como sí ocurre, por ejemplo, en Madrid, donde también gobierna el PP, y en Barcelona, donde se reproduce el pacto tripartito PSC-ERC-IC que gobierna en la Generalitat.

Pero en Las Palmas de Gran Canaria, además, y también durante el presente mandato, la oposición ha salido de otro órgano en el que incluso participaba en la etapa de Soria, que inició el procedimiento de silenciar a la oposición. La Mesa de Contratación, el órgano donde hasta la aprobación de la Ley de Grandes Ciudades se decidían las adjudicaciones de los contratos públicos municipales, dejó de tener representantes que no fueran del PP por decisión de la alcaldesa Pepa Luzardo.