El Cabildo de Gran Canaria rechazó investigar a la entonces consejera cabildicia Toñi Torres en el año 2000

El gobierno de coalición del Partido Popular y ATI-Coalición Canaria en el Cabildo grancanario rechazó en el año 2000 investigar la gestión de la concejala acusada de corrupción Toñi Torres cuando esta era consejera cabildicia. Su presidenta, María Eugenia Márquez, cerró el debate afirmando que la consejera "actuó dentro de la legalidad" y acusó al PSOE de fiarse de una paloma mensajera.
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A juicio de Márquez, esa extraña ave -en referencia al autor de las denuncias- se había encargado de hacer llegar a medios de comunicación y grupos políticos sospechas sobre las contrataciones y compras gestionadas por Torres cuyo análisis "demuestra que la misma da una información sesgada, tendente a atacar la imagen de una consejera y del propio Partido Popular". La presidenta, no obstante, anunció que en "aras de la objetividad y transparencia" daría instrucciones para elaborar unas normas de compras que complementen la propia ley.

Los socios de gobierno se escudaron en los informes evacuados al efecto por los departamentos de Intervención y Recursos Humanos sobre la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). En ambos estudios, se exponía la predilección de Torres por un uso masivo de suministros menores, aquellos que no superaban los dos millones de pesetas y cuya tramitación sólo exigía la aprobación de gastos y la incorporación al mismo de factura correspondiente. Si bien se apuntaba que no se utilizaba la modalidad de suministros mediante concurso, mucho mas beneficiosa para determinadas adquisiciones, la conclusión, en cualquier caso, aseguraba que "el procedimiento de compras se ajustaba a la legalidad".

El portavoz de CC, Gonzalo Angulo, manifestó que las simples sospechas eran argumentos insuficientes para la creación de una comisión de investigación", e indicó que la contratación de personal por la consejera se apoyó en datos informáticos y en un perfil solicitado mediante una selección de las personas remitidas por la administración competente en empleo y el propio Cabildo.

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Martín, se limitó a apuntar que los informes de Intervención y Recursos Humanos, aunque manifestó su deseo que se aclarara la contratación de personal por la Agencia de Desarrollo Local supuestamente vinculado al partido. Blas Trujillo, en su réplica, insistió en que las imputaciones a Torres habían aparecido en los medios gracias a una documentación remitida a los mismos y pidió a los socios de gobierno que se aclararan estas denuncias.

El portavoz de la oposición ya entró a saco indicando que el cambio de gestión de compras "una reacción del personal del Instituto (IASS) ante el aterrizaje de una serie de personas de confianza (entre ellas Francisco Gordillo, también detenido junto a la ex consejera) que toman las riendas de la gestión de una manera inadecuada y con finalidades y objetivos que no constan y que dan lugar a las sospechas presentadas de precios mas altos a los del mercado y que hay que aclarar".

Y en cuanto a la contratación del personal añadió: "Han salido datos como que han sido contratados el novio de la hija de la consejera, tres hijos del jefe de servicio y personal de confianza de la consejera. ¡Qué casualidad que todos ellos han salido del bombo del ordenador que efectuó la selección!" Blas Trujillo citó, asimismo, el curioso dato de que una concejala de Telde ha sido seleccionada repetidamente por el ordenador para distintos programas de ese Cabildo.

El portavoz socialista insistió en su iniciativa: "Lo que hay que aclarar es si efectivamente las personas con los vínculos que se dicen en los documentos proporcionados han sido o no contratados; y, respecto a las compras, si los precios abonados han sido los adecuados". PP y CC se opusieron totalmente a secundar la moción, y Gonzalo Angulo no sólo consideró abrir una comisión de investigación "totalmente ineficaz", sino que invitó al grupo socialista que, si tenían datos ciertos, deberían "ponerlos en evidencia en el foro adecuado, incluido el judicial". Después tomó la palabra la presidente para cerrar el debate y se sometió a votación la moción presentada, que fue rechazada por los 21 votos del grupo de gobierno (PP y CC) por los cinco votos a favor de los consejeros socialistas,

Pero las dudas debieron responsabilizar a Márquez y a sus socios, toda vez que se optó por quitarle a la compañera su delegación de gobierno en el IASS, además de aprobar un restrictivo reglamento de compras que exigía un mínimo de tres ofertas en los contratos menores.