La desestructuración social en Gran Canaria : Más de trescientos menores han sido denunciados por agredir a sus padres
El Juzgado de Menores de Las Palmas ha registrado un alarmante aumento de denuncias de jóvenes que agreden a sus padres, cuyo delito se ubica dentro del Artículo 153 del Código Penal. Según aseguraron fuentes oficiales, es el dato más destacable de la estadística judicial de uno de los juzgados de menores con más carga de trabajo de todo el país, el de Las Palmas.
La cifra de denuncias por agresiones a los padres ascendió a algo más de 320 durante el pasado ejercicio, dato que supone casi el doble del número registrado a lo largo del año 2003. Entre otros aspectos, una reforma del Código Penal de octubre de 2003, que convierte en delito lo que anteriormente era falta, tal como propinar un golpe a alguno de sus progenitores, ha influido en el aumento de este tipo de denuncias.
El aumento de denuncias por maltrato familiar ha derivado en la adopción de un número importante de medidas cautelares, cuyo desencadenante es el internamiento en los centros, algo que a veces no supone la solución al grave problema con el que se encuentra el juzgado. Además, cabe destacar también el colapso que sufren los centros de menores de régimen cerrado y semiabierto, lo que dificulta la adopción de estas medias cautelares.
Residencia
En este sentido, la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, dependiente de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, ha inaugurado recientemente una casa residencial en Teror, que cuenta con seis plazas y podría ser una solución viable para la integración de estos jóvenes, en vez de los centro de reforma a los que son enviados en la actualidad. Se trata de un proyecto convivencial y educativo nuevo, que supone una tímida mejora para la integración de estos jóvenes cuya convivencia con sus padres se convierte en continuas agresiones que desencadenan en denuncias.
La cifra de denuncias por agresiones a los padres ascendió a algo más de 320 durante el pasado ejercicio, dato que supone casi el doble del número registrado a lo largo del año 2003. Entre otros aspectos, una reforma del Código Penal de octubre de 2003, que convierte en delito lo que anteriormente era falta, tal como propinar un golpe a alguno de sus progenitores, ha influido en el aumento de este tipo de denuncias.
El aumento de denuncias por maltrato familiar ha derivado en la adopción de un número importante de medidas cautelares, cuyo desencadenante es el internamiento en los centros, algo que a veces no supone la solución al grave problema con el que se encuentra el juzgado. Además, cabe destacar también el colapso que sufren los centros de menores de régimen cerrado y semiabierto, lo que dificulta la adopción de estas medias cautelares.
Residencia
En este sentido, la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, dependiente de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, ha inaugurado recientemente una casa residencial en Teror, que cuenta con seis plazas y podría ser una solución viable para la integración de estos jóvenes, en vez de los centro de reforma a los que son enviados en la actualidad. Se trata de un proyecto convivencial y educativo nuevo, que supone una tímida mejora para la integración de estos jóvenes cuya convivencia con sus padres se convierte en continuas agresiones que desencadenan en denuncias.
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