El ‘pleito’ de la papa

Los agricultores de Tenerife están en pie de guerra y no les importa despertar el fantasma del pleito insular con tal de defender sus intereses. Están convencidos de que la reciente decisión de la Consejería de Agricultura de destruir toda la producción de papas de la Isla para evitar la propagación, entre otras, de la polilla guatemalteca al resto del Archipiélago va a tener unas consecuencias «nefastas» para el campo tinerfeño, pero muy beneficiosas para la agricultura de Gran Canaria.

La polémica arrancó con la detección a finales de agosto en Lanzarote de una partida de papas procedentes de Tenerife afectadas por la polilla, momento en el que la Consejería de Agricultura planteó la inmovilización y destrucción de toda la producción de la Isla, algo con lo que los agricultores estaban de acuerdo hasta que, según el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Tenerife (Asaga), Fernando Jiménez, «nos dimos cuenta de que sólo se inmovilizaba la producción de Tenerife por la polilla y la de La Palma y La Gomera por otras plagas, cuando en Gran Canaria está afectado un pago en Santa María de Guía y sólo se inmoviliza esa producción, no la de toda la Isla».

El temor de los productores de papas tinerfeños es precisamente que la «medida drástica» que quiere adoptar Agricultura acabe con un «cultivo sensible» y del que viven más de 10.000 personas y, por contra, incentive a los agricultores grancanarios para que «propaguen» el cultivo ante la expectativa de de suministrar papas a todo el Archipiélago. «Gran Canaria tiene libertad absoluta para exportar sus papas y en Tenerife no podemos exportar porque no podemos cultivar. La plaga de la polilla es un tema fitosanitario, pero también económico», aseguraba Jiménez, perfectamente consciente de que sus palabras se entienden en clave de «guerra insularista».

«Los agricultores de Tenerife tiene tanto derecho a comercializar su producción de papas como los de otras isias a que no les contaminen sus terrenos». Con esta frase resumía ayer el Director General de Agricultura, Antonio Ortega, la determinación que han tomado de inmovilizar las papas de las zonas declaradas afectadas por la polilla guatemalteca y destruir toda la partida si en un almacén se detecta «una sola pollilla». Ortega no entiende la actitud de los agricultores cuando inicialmente estaban de acuerdo con esta medida, que es «la única posible para acabar con la polilla», después de que productores e importadores hayan incumplido la orden de obligado cumplimiento que se dictó en 2002 para luchar contra la plaga.

La plaga de la polilla obliga a destruir la producción y a inmovilizar los terrenos cinco años. No es descartable que agricultores tinerfeños intenten introducir dicha plaga en Gran Canaria a fin de extender este mal y que Gran Canaria resulte tan perjudicada como Tenerife.