Presunción

FRANCISCO POMARES

Sacar a colación a estas alturas la presunción de inocencia debiera resultar innecesario: todo quisque tiene derecho a sostener su propia honra y estima, y exigir respeto público ante cualquier tipo de imputación: las realizadas contra Miguel Zerolo y Suaréz Trenor a cuenta de la investigación sobre Fórum Filatélico realizada por el juez Garzón son bastante imprecisas y -a juzgar por la levedad del propio auto- no deberían haber provocado el revuelo político y mediático de esta caldeada semana. En general, en los casos de corrupción la clave suele estar en el dinero. Y en este caso no parece que lo haya. Alguien se atribuye conversaciones y gestiones para acelerar un proceso de concesión de licencias, pero las cantidades que se barajan no se ajustan ni remotamente al catálogo real de comisiones por operaciones inmobiliarias que se conocen en este país. Quinientos millones de pesetas por una licencia, o el cincuenta por ciento del presupuesto de las obras a realizar por la Autoridad Portuaria parecen sumas bastante exageradas, incluso en un terreno abonado para la exageración, como es el de la intermediación de favores y componendas con los agentes públicos. Sorprende que nadie haya manifestado la más mínima sorpresa ante las cantidades de las que se habla, a todas luces bastante increíbles.

De mucho mayor calado, más serio, en fin, parece el otro asunto, el de las plusvalías logradas en la compraventa de Las Teresitas, pendiente de que la Fiscalía Anticorrupción remate el proceso de instrucción. Aquí si estamos ante una operación conocida, polémica desde el primer día y realizada ante las mismas narices de la opinión pública, a lo largo de un complejo y tortuoso proceso de negociaciones entre la junta de compensación, la empresa -compradora primero y vendedora luego- y el Ayuntamiento mismo.

La coincidencia de ambas denuncias -este periódico publicó el domingo un avance de la investigación de Anticorrupción sobre Las Teresitas, sólo un día antes de saltar el auto de Garzón- ha permitido a Zerolo y a ATI diseñar una estrategia de respuesta política a las imputaciones actuales y a las que vengan en el futuro, que consiste en acusar a los socialistas -y más concretamente al ministro de Justicia y candidato López Aguilar- de instrumentalizar la Justicia. Es una estrategia sin duda eficaz en términos electorales, que coloca las sospechas de corrupción en el terreno de las artimañas políticas y que permite a ATI adelantarse y ganar tiempo hasta las elecciones de mayo, porque los tribunales caminan con enorme lentitud. Pero es también una estrategia peligrosa. Y no sólo por el enorme coste en imagen para la Justicia y para el funcionamiento de las instituciones. También es peligrosa para ATI. Al convertir el caso en un conflicto político, las eventuales responsabilidades legales -si las hay- acabarán salpicando no sólo a los implicados, sino a todos los que hayan entrado en ese juego. Mejor sería dejar actuar a los tribunales. Son lentos, pero no suelen equivocarse ni dejarse manipular?

Información de: La Provincia, 9-12-2006