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La Voz de Gran Canaria

Soria y sus seguidores dejan casi en la ruina a Las Palmas de Gran Canaria

Soria y sus seguidores dejan casi en la ruina a Las Palmas de Gran Canaria La gestión realizada por José Manuel Soria desde que accedió a la política en 1995 ha estado jalonada por decisiones que se han demostrado de dudosa rentabilidad para el interés general y por episodios polémicos que le han enfrentado a diferentes colectivos y a otras administraciones. Durante los ocho años en los que fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Soria se labró fama de buen gestor, lo que le valió el apoyo mayoritario de las urnas tanto en el Consistorio capitalino como en el Cabildo de Gran Canaria. Sin embargo, es en los últimos meses cuando su mandato en el Ayuntamiento está pasando factura a la ciudad en forma de sentencias y fallos judiciales que pueden suponer indemnizaciones por más de 80 millones de euros, casi todas ellas por pufos urbanísticos que se iniciaron durante la gestión del líder del PP y que ahora están saliendo a la luz pública tras los recursos de los afectados.

R. Acosta

En la mente de todos están los reciente fallos referidos a las torres del Canódromo, la prolongación de Mesa y López, el solar de Pavía o la venta de Emalsa. Otras cuestiones también han supuesto un quebranto para las arcas municipales aunque no se han judicializado por la vía indemnizatoria como es el caso de la venta de La Favorita, inmueble por el que la Corporación pagó el triple de su valor real. Una hermana del dirigente popular también se vio mezclada en una polémica recalificación de suelo en el barrio de Las Mesas que provocó agrios enfrentamientos en el Ayuntamiento.

Los cuatro años de Soria en el Cabildo de Gran Canaria resultaron más polémicos que los ocho del Ayuntamiento. La Corporación insular se vio envuelta en una espiral de sentencias favorables a trabajadores que fueron despedidos por el grupo de gobierno del PP, entre ellos personal de Medio Ambiente, de Protocolo o de Patrimonio Histórico.

También fue sonada la venta de una parcela en el polígono de Arinaga a la Autoridad Portuaria por 24 millones de euros, la decisión de construir un nuevo edificio para el Cabildo que a día de hoy está sin terminar, la opción de favorecer a una empresa privada en los terrenos del puerto de Arinaga en detrimento de una empresa pública participada por el propio Cabildo o la guerra mantenida con los ayuntamientos de Gran Canaria por la distribución de los recursos del REF.

Información de: La Provincia, 10-12-2008
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