Casi 800 millones de inversión, bloqueados en el sur grancanario

Francisco Suárez Álamo

No es posible que una inversión tarde diez o quince años en realizarse en Canarias por las continuas trabas con que se enfrenta el inversor. La idea la lanzó el pasado martes desde la tribuna del salón de actos de Canarias7 el presidente de la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Francisco, en un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección con motivo de la presentación de Canarias de La transformación, último libro del citado dirigente patronal.

Sus palabras fueron bien recibidas entre el centenar de personas asistentes, en su mayoría empresarios, ejecutivos y dirigentes institucionales, pues muchos podían aportar ejemplos concretos. Es el caso de los 790 millones de euros de inversión del grupo Lopesan que se encuentran paralizados desde hace años en San Bartolomé de Tirajana, en pleno corazón turístico de Gran Canaria. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, esa cifra es el montante inversor de los ocho proyectos que, por diferentes motivos, sigue empantanados en la administración local o sufren trabas en otras instancias del poder público.

El desglose de esas inversiones es el siguiente:

• 47 millones de euros del puerto deportivo Marina Meloneras;
• 25 millones del hotel de cinco estrellas Water Villas;
• 108 millones del hotel anexo al palacio de congresos Expomeloneras;
• 40 millones del centro comercial Baobab;
• 10 millones la rehabilitación del centro comercial Faro 2 y su entorno;
• 50 millones del centro comercial de El Corte Inglés contiguo al Faro 2;
• 240 millones del proyecto de interés general Golf Meloneras (acogido en su día a las excepciones a la moratoria) y
• 270 millones de proyectos paralizados en las parcelas 1, 4 y 3 de Meloneras.

De la mano de la inversión viene el empleo y la estimación que baraja el grupo turístico canario sitúa en unos 3.300 empleos directos que se podrían crear si se materializaran todos esos proyectos turísticos. Y se da la circunstancia de que las mismas administraciones que bloquean esos proyectos podrían recibir ingresos importantes si desaparecieran esas trabas. Así, sólo en licencias de construcción, el Ayuntamiento de San Bartolomé podría recaudar 25,2 millones de euros;el Impuesto de Bienes Inmuebles reportaría anualmente unos 3,4 millones de euros y por concepto de Impuesto General Indirecto Canario, el ingreso para las arcas autonómicas sería de unos 12 millones de euros.

Para más inri, los proyectos se realizarían en zonas cuya infraestructura está terminada y con los derechos urbanísticos más que consolidados, según refrendan no solo los hechos sino las diferentes resoluciones judiciales. «Lo que hay», aseguran empresarios consultados por «es miopía política, porque si estos proyectos se hubiesen realizado en su momento, ahora el negocio turístico sería mucho mayor al aprovechar el buen momento que vive el sector y las expectativas de crecimiento continuado de la demanda».

La realidad, sin embargo, es que la temporada de invierno estará marcada por una demanda mayor que la oferta, sobre todo en el segmento de cuatro estrellas. Esto ha llevado a las organizaciones empresariales y al propio Cabildo grancanario a abanderar un movimiento que reclama cambios en la legislación para permitir que Gran Canaria crezca en camas en ese segmento sin las trabas que fija en la actualidad la legislación autonómica, heredera de la moratoria y unas directrices que frenaron en su día la inversión turística.

«Hay suelos estratégicos a desarrollar», agregan las fuentes consultadas, «que permitirían a Gran Canaria contar con camas mucho más competitivas. Como no se ha hecho, no se puede atender la demanda y, además, está creciendo el parque de camas obsoletas que acaban fueran del mercado» y que se convierten en un lastre para el conjunto de la oferta turística de Gran Canaria.

Canarias7, 27-10-2013